Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá se han sumado a las sanciones en contra de operadores de justicia, congresistas y guatemaltecos señalados de socavar la democracia e interferir en el proceso de transición cuando Bernardo Arévalo estaba próximo a tomar posesión como presidente.
Los intentos detrás de un rompimiento constitucional, que denunció Arévalo y la misma Organización de los Estados Americanos (OEA), pusieron la mirada de decenas de países sobre Guatemala. ¿Qué implican estas medidas internacionales para los sancionados? Todas comparten una restricción: la prohibición a ingresar a los países.
ESTADOS UNIDOS
El pasado 11 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso de la República, así como algunos particulares y miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de Derecho”.
De esa cuenta, los afectados tienen prohibido el ingreso al país norteamericano. Un total de 108 excongresistas, algunos reelegidos para un período más al frente del Legislativo, fueron sancionados con esta medida luego de retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes denunciaron una persecución política.
El expresidente Alejandro Giammattei fue sancionado de igual forma días después de dejar el cargo. Antes su pareja, Miguel Martínez, fue restringido con el congelamiento de sus cuentas bancarias con sede en Estados Unidos y se le prohibió el ingreso a ese país, bajo la Ley Magnistky del Departamento del Tesoro de ese país.
UNIÓN EUROPEA
Dos meses después, el 3 de febrero, el Consejo de la Unión Europea sancionó a la fiscal general, María Consuelo Porras, y a cuatro funcionarios más por “socavar la democracia y el Estado de Derecho» en el país centroamericano.
Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una restricción de viaje, que les impide entrar o transitar por los 27 países que conforman la UE, detalla el documento oficial.
Las acciones de Bruselas salpicaron al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; a la fiscal Leonor Morales Lazo; al secretario general del MP, Ángel Pineda Ávila; y al juez Fredy Orellana.
CANADÁ
Canadá es el último país que se unió a esta serie de acciones en apoyo de la democracia de Guatemala. La medida fue anunciada el pasado 20 de febrero en contra de Porras, Curruchiche, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y el juez Jimi Rodolfo Bremer.
Las sanciones incluyen la prohibición de transacciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, el congelamiento de cualquier activo que puedan tener en Canadá, así como la prohibición de ingresar a ese país.
Cabe destacar que Porras, Pineda, Curruchiche, Monterroso, Morales, Bremer y Orellana ya habían sido incluidos en la lista de actores corruptos de Estados Unidos conocida como Lista Engel y ese país también les prohibió el ingreso, todos acusados de “socavar la democracia”.
SEÑALADOS DE GOLPISTAS
En Guatemala se desarrollaron masivas protestas y bloqueos en octubre pasado, como medidas de presión, que exigían la renuncia de Porras y demás funcionarios por intentar dar un «Golpe de Estado» en contra de Arévalo e intentar evitar que fuera juramentado en enero pasado.
Desde que ganó las elecciones en agosto del año pasado, el Ministerio Público intentó anular las elecciones generales y procedió por la vía judicial contra Arévalo, la vicepresidenta, Karin Herrera, y otros diputados del Movimiento Semilla.
Además, la Fiscalía, a cargo de Porras, inició investigaciones en contra de personal del TSE y giró órdenes de captura en contra de magistrados de esa instancia para poner en duda el proceso electoral, según los mismos togados.
Fuente: lahora.gt
