Reus Pharma, S. A., farmacéutica que en seis años ha recibido más de Q185 millones en contratos del Estado, expresa que no se vio favorecida por el gobierno de Alejandro Giammattei; no obstante, que en los cuatro años de esa administración obtuvo el 63% de los contratos que ha firmado en toda su vida.
La Hora publicó un artículo el pasado 6 de septiembre titulado “IGSS sigue a tambor batiente firmando contratos con farmacéuticas”, que relata cómo varias entidades pudieron ser favorecidas durante el gobierno de Giammattei y mantienen el ritmo de contrataciones con el Seguro Social, y se menciona a la firma en cuestión.
El representante legal de Reus Pharma, Alfredo Yol Girón, envió una carta a La Hora en la cual niega tal extremo y dice que, aseverar que su representada fue favorecida de esa forma no puede estar “más alejado de la realidad”.
“Las ventas logradas por nuestra empresa han sido fruto de esfuerzo, dedicación, innovación y precios competitivos”, asegura.
Uno de los principales de Reus Pharma es Gustavo Alejos Jansa, hijo de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, conocido personaje dentro de la política guatemalteca, exsecretario privado del fallecido expresidente Álvaro Colom (2008-2012), sindicado en varios casos de corrupción y señalado de ser un operador para la selección de cortes, aunque en este último nunca fue imputado.
Alejos Jansa, quien dice ser el dueño de Reus, también se comunicó con La Hora para confirmar que durante el gobierno de Giammattei, más que ser beneficiados se desencadenó un “acoso sistemático” a través de denuncias anónimas, amenazas, y la suspensión de registros sanitarios que les hicieron perder varias oportunidades de recibir más adjudicaciones.
En el trabajo de La Hora también se destacaba que, “en la patente de comercio, escritura de constitución y en el reporte de auxiliares de comercio, todos documentos oficiales del Registro Mercantil, no figura ningún nombre de la familia Alejos”.
CASUALIDAD
Por esa razón, atribuyó a la casualidad el que justo en 2020 comenzara el crecimiento de los ingresos de Reus Pharma. La empresa nació en 2018 y la autorización de registros, afirma, toma entre un año y año y medio, por eso cuando comenzó el gobierno de Giammattei empezaron a recibir adjudicaciones.
“Fue un crecimiento orgánico, por insistir con sacar registros sanitarios, traer más productos al mercado”, aseguró.
Además, destaca que la gran mayoría de ventas las efectuó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y no al Ministerio de Salud, porque en este hay demasiadas influencias políticas.
“En el IGSS, a pesar de que las autoridades fueron nombradas por Giammattei y que tienen injerencia, él nombra solo a una de seis personas en la Junta Directiva, y hay un poco más de contrapesos”, asevera.
Alejos Jansa sostiene que los ingresos de Reus Pharma pudieron haber sido mayores si no se hubieran enfrentado a las restricciones y arbitrariedades de las que fueron víctima. Al haber una denuncia anónima, sin darles el derecho de defensa, les cancelaban el registro, ejemplificó.
AMPAROS, PRÁCTICA LESIVA
El empresario farmacéutico también expuso que su compañía no se ha visto beneficiada por compras que el IGSS hace por medio de amparos que han emitido los órganos jurisdiccionales para obligar a comprar medicamentos de una marca en específico.
Asegura que en los concursos donde han recibido adjudicaciones y figura el número de un amparo, este ha sido utilizado por el IGSS para garantizar el abastecimiento y no para favorecerlos a ellos con alguna de sus marcas.
La farmacéutica, afirma Alejos Jansa, se opone a esta práctica de judicializar las compras de medicamentos porque, no solo afecta a las que hace el IGSS, sino también al mercado privado porque las empresas puede que le suban precio a sus productos si saben que cuentan con un amparo a su favor.
De esa cuenta también deben subir el precio a las farmacias porque no le pueden vender más barato a estas que al Seguro Social.
“Es una trampa y no debería ser así”, apunta Alejos Jansa, quien dio a conocer que con algunas cámaras gremiales analizan interponer un recurso legal para exigir a las autoridades judiciales que exista un marco jurídico que dicte los pasos a seguir en estos casos.
Considera que los amparos deberían otorgarse solo para la compra de medicinas recetadas para enfermedades raras y no a marcas, sino a la molécula o principio activo del medicamento.
Añade que la práctica de los amparos es una de las causas por las cuales los medicamentos son más caros en Guatemala, por lo cual el Congreso debería pensar en aprobar una ley de medicamentos que también brinde la oportunidad de homologar los registros sanitarios que se emiten en países vecinos.
Fuente: lahora.gt
