En una movida inesperada, los diputados realizaron enmiendas de último momento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024 el 30 de noviembre, generando un impacto significativo en diversas instituciones. Una enmienda particularmente llamativa es la prohibición de restar recursos al Ministerio Público (MP). Este cambio, propuesto por un grupo de diputados oficialistas, ha suscitado debates intensos en la esfera política y ciudadana.
El Rol del Ministerio Público
La inclusión del MP en el selecto grupo de instituciones cuyos recursos no pueden disminuir contrasta con el tratamiento previo que ha recibido este ente investigador bajo el mandato de la Fiscal General María Consuelo Porras. Este hecho cobra relevancia en el contexto actual del proceso electoral y en casos de corrupción recientes.
Detalles de la Enmienda
La enmienda, respaldada por los diputados Cándido Fernando Leal, Greicy Doménica de León, Mario René Azurdia y Guillermo Cifuentes, modificó el artículo 121, que inicialmente incluía a los ministerios de Gobernación, Defensa, Educación, Salud, Agricultura y Desarrollo Social. Ahora, el MP goza de protección adicional con respecto a sus recursos, que ascienden a Q3 mil 664 millones.
Análisis del Presupuesto del MP
Aunque la propuesta original del Ministerio de Finanzas sugería un techo presupuestario de Q3 mil 520 millones para el MP, la sala de trabajo dictaminó a favor de un aumento de Q144 millones. Esta decisión busca garantizar que la próxima administración no reduzca los recursos asignados al MP.
Perspectiva del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)
El ICEFI ha analizado críticamente esta enmienda, calificándola como “una medida que evidencia una intencionalidad política” en lugar de una justificación técnica. Este análisis destaca la posible incoherencia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece mecanismos para las transferencias presupuestarias del Ejecutivo.
Aprobación del Presupuesto 2024 y Controversias
El Presupuesto 2024 fue aprobado el 30 de noviembre, a pesar de suscitarse rechazo en diversos sectores de la sociedad civil y en el presidente electo, Bernardo Arévalo. Las críticas abarcan desde la posible inconstitucionalidad de ciertos candados hasta la asignación de cuantiosos recursos a organizaciones no gubernamentales vinculadas con diputados.
Llamados para el Veto Presidencial
Diversas voces, incluida la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), instan al presidente Alejandro Giammattei a vetar el decreto del Presupuesto del Congreso. FUNDESA señala que este presupuesto atenta contra la estabilidad macroeconómica, destacando la falta de reintegración del pago al Banco de Guatemala y su impacto en el déficit fiscal, que podría llegar al 2% del PIB.
Coincidencias en las Recomendaciones
Tanto el pronunciamiento de FUNDESA como el del ICEFI coinciden en la recomendación de que el presidente Giammattei vete el presupuesto aprobado por el Congreso el 30 de noviembre. Estas organizaciones resaltan la necesidad de reconsiderar aspectos que podrían afectar negativamente la estabilidad económica del país.
Preocupaciones del Cacif y la Cámara de Comercio
El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresa “preocupaciones” respecto a ciertos aspectos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024. Por su parte, la Cámara de Comercio califica la aprobación del presupuesto como “irresponsable”, advirtiendo sobre posibles efectos negativos en la lucha contra la corrupción y el uso ineficiente de los recursos públicos.
Conclusión
En conclusión, el panorama político y económico tras las enmiendas al Presupuesto 2024 refleja tensiones y desacuerdos significativos. La solicitud de vetar el decreto por parte de diversas entidades destaca la importancia de revisar detenidamente las implicaciones de las decisiones presupuestarias en el futuro del país.
Fuente: La Hora
