Contexto de las Denuncias
En un giro impactante, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha presentado dos denuncias contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estas acusaciones incluyen posibles casos de abuso de autoridad y señalamientos de mala calidad del gasto público. Este sorprendente desarrollo surge a raíz de una exhaustiva auditoría realizada por la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) durante las elecciones de 2023. La denuncia fue presentada por la CGC en una medida sorprendente a la 1:00 de la madrugada del 25 de noviembre de 2023.
Auditoría de la CGC y Resultados
Dentro de la denuncia, la CGC enfatiza que su auditoría tiene como objetivo velar por la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público. Según el ente contralor, la auditoría se llevó a cabo a través de la Dirección de Auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno, de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público.
La auditoría se centró únicamente en la evaluación de los gastos relacionados con la tecnología adquirida para las elecciones de 2023. Se asegura que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, con especial énfasis en el derecho de defensa de los auditados durante el proceso de adquisiciones y contrataciones.
Hallazgos de la Auditoría
La CGC, en su presentación ante el Ministerio Público, detalla dos denuncias fundamentadas en hallazgos de mala calidad del gasto público. La primera denuncia se centra en la adquisición de un software o programa informático, mientras que la segunda se refiere a la compra de equipo innecesario.
El resultado, según la CGC, se deriva de una planificación deficiente que afectó la calidad de los bienes adquiridos y los servicios contratados.
Primera Denuncia: Abuso de Autoridad
La primera denuncia presentada ante el Ministerio Público se basa en posibles casos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por parte de los magistrados del TSE. Se señala a Irma Palencia, Gabriel Valdimir Aguilera, Mynor Franco, Ranulfo Rojas, Álvaro Cordón y Jorge Santos Neill por aprobar el proceso de adquisición y adjudicar la compra de 8,676 equipos de cómputo para el proceso electoral de 2023. La CGC sostiene que la planificación fue inadecuada, resultando en una mala calidad del gasto público al exceder la compra en 3,077 unidades más.
Segunda Denuncia: Mala Planificación en Adquisición de Software
La segunda denuncia se centra en los mismos delitos, relacionados con la adquisición del programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales (TREP). El valor de esta adquisición asciende a Q148 millones, y la CGC sostiene que la falta de planificación eficiente y documentación de soporte contribuyó a la mala calidad del gasto público.
Pronunciamiento del Contralor
Helmuth Bode Fuentes, Contralor General de Cuentas, ya se había pronunciado sobre la posibilidad de presentar un informe de auditoría en relación con la adquisición del sistema TREP. Esto fue mencionado durante una sesión en la que el diputado Enrique Montano, presidente de la pesquisidora que analiza los antejuicios contra los magistrados del TSE, leyó una comunicación firmada por Bode Fuentes.
Montano resaltó la dificultad de contar con un representante de la CGC en la pesquisidora, y señaló que la auditoría aún no se había concluido, debiendo someterse a control de calidad y ser autorizada por el Contralor General o uno de los auditores encargados.
Relevancia y Pendientes
Fuentes consultadas indican que el Ministerio Público ha estado atento al informe que se presentará en el Congreso en la Comisión Pesquisidora. Esta comisión, compuesta por cinco diputados, ha despertado interés, especialmente por parte del subcontralor del gasto.
En este complejo entramado de denuncias y contrarrespuestas, la sociedad espera con expectación el desenlace de este proceso, mientras las instituciones involucradas enfrentan la presión de una ciudadanía que demanda transparencia y responsabilidad.
Fuente: RT
