En recientes actualizaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha revisado la Lista Engel, un documento que enumera a supuestos “actores corruptos y antidemocráticos”. Entre los destacados, figura la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés Quezada, junto a cuatro funcionarios y exfuncionarios judiciales. Este cambio impactante ha generado controversia y señalamientos sobre la participación de estos individuos en presuntas acciones que socavan procesos democráticos.
Detalles de las Inclusiones
En esta revisión, los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Leonor Eugenia Morales Lazo y Pedro Otto Hernández González, son señalados por liderar investigaciones políticas que cuestionan resultados electorales certificados, perturbando así la transición presidencial. Asimismo, el fiscal Noé Nehemías Rivera Vásquez, de la Fiscalía de Asuntos Internos, enfrenta acusaciones de presentar cargos políticos contra actores de justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.
Alegaciones contra Valdés Quezada
En el caso de Silvia Patricia Valdés Quezada, el Departamento de Estado la acusa de socavar procesos democráticos al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos. Este señalamiento revela la gravedad de su supuesta implicación en acciones que podrían haber comprometido la integridad del sistema judicial.
Respuesta del Congreso
El Congreso, en medio de estas controversias, ha elegido a un individuo sancionado en la Lista Engel para repetir en la CSJ, generando aún más preguntas sobre la idoneidad de ciertos líderes judiciales. Estas decisiones han llevado a figuras como Arévalo a expresar preocupaciones sobre la integridad democrática y el impacto de las sanciones en la estabilidad institucional.
Nichols y la Seguridad de las Sociedades
El subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, ha destacado la importancia de contrarrestar la corrupción y la impunidad para construir sociedades seguras y prósperas. En un comunicado, subrayó que la ampliación de la Lista Engel es parte de los esfuerzos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica.
Otros Individuos Sancionados
La Lista Engel no solo incluye a figuras judiciales, sino también a otros guatemaltecos relevantes en el ámbito legal. Entre ellos, María Consuelo Porras, Fiscal General; Ángel Pineda, secretario general del MP; Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de Porras y fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Corrupción; Rafael Curruchiche, jefe de la FECI; y Cinthia Monterroso, fiscal regional y exagente de la FECI. Estas inclusiones subrayan la amplitud de las acciones tomadas por el Departamento de Estado en su esfuerzo por combatir la corrupción.
En conclusión, la actualización de la Lista Engel por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos ha desencadenado un debate significativo sobre la integridad de los actores judiciales en Guatemala. Las acusaciones de socavar procesos democráticos plantean preguntas sobre la estabilidad institucional y la idoneidad de ciertos líderes para ocupar cargos clave. Como observadores, es crucial seguir de cerca el desarrollo de estos eventos y considerar su impacto a largo plazo en la democracia guatemalteca.
Fuente: La Hora
