El pasado sábado, el juez Víctor Cruz dictaminó que los implicados en el caso relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) serían procesados penalmente. Impuso una caución económica de Q10 mil a cada uno, estableciendo así la posibilidad de obtener la libertad condicional. Este monto fue abonado el lunes 27 de noviembre, permitiendo que Marcela Blanco, Javier de León, Martín Macario, Eduardo Velásquez, Alfredo Beber y Rodolfo Chang recuperaran su libertad.
Los abogados de los vinculados completaron el proceso ante el Organismo Judicial, aguardando ahora la notificación al Sistema Penitenciario para concretar su liberación del Mariscal Zavala, evento que podría tener lugar a la medianoche.
Aunque la libertad será restablecida, es crucial señalar que los implicados seguirán sometidos a proceso penal por los delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural.
El Caso Toma USAC: Botín Político
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural asume la responsabilidad del caso, argumentando que los seis detenidos orquestaron la toma de la USAC con motivaciones políticas. Según el fiscal Saúl Sánchez, los capturados influyeron en la continuación de la toma de la institución educativa.
En la audiencia de primera declaración, Sánchez presentó videos difundidos en redes sociales para respaldar la acusación, alegando que los detenidos se identifican claramente en los registros visuales. También destacó que el propósito de la toma de la USAC era desconocer a Walter Mazariegos, “electo legítimamente como rector”.
Además de los detenidos, el Ministerio Público (MP) solicitó la emisión de una orden de captura contra otros implicados. Asimismo, busca retirar la inmunidad al binomio presidencial y a los diputados de Semilla, a quienes también acusa de estar involucrados en el caso.
Conclusiones
En conclusión, el caso “Toma USAC: Botín Político” se presenta como un episodio complejo que involucra tanto a individuos específicos como a figuras políticas de relevancia. La medida del juez Víctor Cruz de ligar a proceso penal a los seis implicados, imponiendo una caución económica para su liberación condicional, marca un hito en el desarrollo del caso.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural sostiene la acusación basándose en evidencia audiovisual presentada durante la audiencia de primera declaración. Esta muestra la presunta participación activa de los detenidos en la toma de la USAC, atribuyendo motivaciones políticas a sus acciones.
Es importante destacar que, a pesar de recuperar la libertad, los implicados permanecerán ligados al proceso penal por usurpación y depredación del patrimonio cultural. El MP ha extendido sus investigaciones, solicitando nuevas órdenes de captura y buscando retirar la inmunidad a otras figuras políticas.
Este caso, que ha capturado la atención pública, continuará siendo objeto de seguimiento y análisis a medida que se desarrollen nuevas etapas legales.
Fuente: Soy502
