La Preocupación de Organismos Internacionales
En los últimos días, organismos internacionales han expresado su profunda preocupación por la persistente injerencia del Ministerio Público (MP) en los resultados electorales de Guatemala. La fiscal general, María Consuelo Porras, encabezó la solicitud de antejuicio contra el binomio electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, lo que ha generado inquietudes sobre la transición en el mando programada para el 14 de enero de 2024.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado señalando que el retiro de inmunidad contra el binomio del partido político Movimiento Semilla constituye una injerencia directa en el proceso electoral. Esta situación, según la CIDH, pone en riesgo la transición presidencial y socava gravemente el principio de separación de poderes.
Alerta de la CIDH sobre Injerencias y Riesgos
La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión han alertado sobre el riesgo que representa la injerencia en la toma de posesión del presidente electo, lo cual afecta la voluntad soberana expresada en las urnas. Esta situación no solo amenaza la estabilidad política de Guatemala, sino que también compromete el principio fundamental de separación de poderes.
En este contexto, las órdenes de captura en el caso USAC han generado aún más preocupaciones. Se destaca el compromiso del ejercicio de los derechos humanos, el posible abuso de poder en la tramitación de estas órdenes y su potencial impacto en la transición presidencial.
Rechazo Internacional al Abuso de Poder
La CIDH ha rechazado contundentemente el persistente abuso de poder con fines político-electorales y la criminalización desde el ente investigador. Este comportamiento atenta contra el orden democrático, el proceso de transición y las libertades civiles y políticas de los ciudadanos guatemaltecos.
La criminalización de docentes, estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos (USAC) también ha sido objeto de lamentación por parte de la CIDH. Estos individuos han sido señalados por cuatro delitos en relación con la movilización estudiantil, pero la falta de mención sobre el partido oficial VAMOS ha levantado interrogantes, generando un llamado de la CIDH al MP para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Reiteración del Interés Político y la Respuesta de la OEA
La Comisión Interamericana recuerda la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que rechaza las medidas de la fiscal general, considerándolas de carácter político y distorsionadoras del proceso electoral. Este rechazo se extiende desde diferentes organismos extranjeros que comparten la preocupación por las acciones que podrían afectar los resultados electorales.
La CIDH enfatiza que el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que también se expresa en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho. Este incluye el respeto a los elementos, componentes y atribuciones de la democracia.
Llamado a Detener las Acciones del MP
Ante este panorama, la CIDH hace un llamado urgente a detener las acciones del Ministerio Público, que han sido evidentes desde los resultados de la primera vuelta de los comicios, cuando el partido Semilla pasó a la segunda ronda. Este llamado se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad del proceso electoral y garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Si bien el proceso democrático es vital, la CIDH subraya que las injerencias continuas y el abuso de poder representan amenazas directas a la estabilidad política y la transición pacífica del poder en Guatemala.
Conclusión
En conclusión, la situación política en Guatemala ha generado preocupación a nivel internacional. La injerencia del Ministerio Público en los resultados electorales y el persistente abuso de poder son aspectos que no solo afectan la estabilidad del país, sino que también ponen en riesgo la legitimidad de la transición presidencial. La comunidad internacional, a través de organismos como la CIDH y la OEA, ha instado a detener estas acciones y preservar el respeto a los principios democráticos.
Fuente: La Hora
