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La semana pasada, el oficialismo del Congreso —integrado por los diputados del Movimiento Semilla— no logró reflejar el consenso con las distintas bancadas para entrar a conocer la reforma de ley que impulsó el presidente Bernardo Arévalo, que abriría la puerta para remover a la fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, sancionada por 42 países por socavar la democracia de Guatemala.

Consuelo Porras

Las críticas inundaron las redes sociales de Semilla cuando no consiguieron los acuerdos con las distintas bancadas, lo que supuestamente garantizaría los 107 votos requeridos por el oficialismo para aprobar urgentemente las reformas propuestas a la Ley Orgánica del MP.

Apenas más de 50 diputados estuvieron presentes en el hemiciclo, lo que provocó la suspensión de la sesión plenaria del 7 de mayo pasado.

El 9 de mayo tampoco se logró reunir a los congresistas en el pleno y la sesión finalmente se canceló. Este miércoles vence el primer período ordinario en el Congreso.

Derivado de que Arévalo presentó dicha propuesta —que al día de hoy no ha sido conocida por el Pleno para ser enviada a una comisión de trabajo y tampoco se tienen los 107 votos que esperaba el gobierno— se le preguntó a Presidencia y al partido Semilla de quién había sido la iniciativa de presentarla en este momento.

PROPUESTA NACIÓ EN EL EJECUTIVO

El pasado 6 de mayo, Arévalo entregó la iniciativa y buscaba que los diputados votaran a favor de la modificación a la ley, puesto que en 2016 se reformó el artículo 14 y a la fecha solo se puede destituir al titular del MP si en su contra existe una sentencia de carácter condenatorio por la comisión de un delito mientras ejercía el cargo.

La Hora estableció comunicación con el diputado de Semilla, Samuel Pérez, quien indicó que la propuesta de reformar el artículo nació en la Presidencia. «Hubo un análisis por parte del Ejecutivo para saber cuál podría ser la ruta más blindada en términos legales y constitucionales. La conclusión a la que llegaron desde el equipo Ejecutivo fue que era una reforma en el Congreso de la República», refirió.

El congresista —reelecto para un segundo período— al ser cuestionado si Semilla logró cabildear para que los demás diputados votaran a favor de la iniciativa dijo: «Los procesos y acuerdos son poco fiables. Los diputados en el Congreso pueden decir yo estoy a favor y luego estoy en contra, pero a la hora de la hora no se ve reflejado en el pleno».

«Hay mil variables. En esta ocasión creo que jugó la del temor en un amplio sentido, algunos a la movilización, otros a la fiscal general y quedar mal con el presidente», indicó sobre las posibilidades del porqué no se presentaron los diputados al hemiciclo, incluso Pérez atribuyó la ausencia por amenazas de muerte y de que el MP iniciara investigaciones penales contra quienes votaran para abrir el camino de la remoción de Porras.

Pérez aseguró que el tema de Porras había sido abordado y puesto en el tintero desde, al menos, principios de año con respaldo de congresistas aliados. «Ese tema lo hemos discutido desde previo al 14 de enero y había una agenda compartida. Hubo una amplía cantidad de diputados que indicaron que es dañino que la fiscal general esté ahí».

El diputado está convencido que la lectura política sobre la ausencia de los congresistas en el hemiciclo no es constitutivo de que el oficialismo no tengan consensos y comparó el último fracaso de Semilla en abril, cuando con 84 votos el Pleno del Congreso improbó el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo a raíz de incendios forestales.

«No vimos una postura en contra, vimos una postura de ausencia, que debemos interpretar de manera diferente. No llegaron y se posicionaron en contra. Por ejemplo, pasó con el estado de calamidad, ahí sí hubo un problema de cabildeo y de falta de comunicación, entre mil más. Llegaron los diputados y dijeron que no la apoyaban, en este caso no llegaron y hay que leerlo de manera distinta», sostuvo Pérez.

Este Diario intentó obtener la respuesta del diputado José Carlos Sanabria, de Semilla, por medio de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, pero al cierre de la edición de este trabajo no se obtuvo respuesta.

GOBIERNO JUSTIFICA URGENCIA DE LEGISLAR

El gobierno coincidió con Pérez y aseguró que fue una decisión del Ejecutivo presentar la reforma a la Ley Orgánica del MP. «¿Por qué si no contaban con los votos en el Congreso para —al menos— entrarla a conocer decidieron presentarla la semana pasada?», se preguntó.

La secretaria de comunicación social de la Presidencia justificó —sobre los tiempos— que «las iniciativas de ley se presentan sobre la base urgente de legislar» y subrayó que «el proceso legislativo sigue en marcha», pese a que este 15 de mayo el Congreso entra en receso y retoma labores el próximo 1 de agosto.

Asimismo, la secretaría de la Presidencia respondió que «los diputados deben escuchar a su electorado y responder a sus expectativas, que son también las de este Gobierno» al preguntarle qué los motivó a presentar la reforma a la Ley Orgánica del MP.

También se buscó abordar a Ana Glenda Tager de la Secretaría Privada de la Presidencia, no obstante, aunque mencionó que atendería las consultas de La Hora al finalizar la tarde del 14 de mayo, no se obtuvo respuesta. De enviarse se incluirá en este espacio.

La fiscal general está sancionada por 42 países, acusada de corrupción y acciones antidemocráticos. Su reciente intento de golpe de Estado, orquestado desde el MP, para impedir la toma de posesión de Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera en 2023, atrajo la atención internacional hacia su gestión.

«Restituir el orden constitucional y legislar para que la fiscal general rinda cuentas es una necesidad que reconoce el pueblo de Guatemala», finalizó el Gobierno.

Fuente: lahora.gt

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