La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación presentada por el Ministerio Público (MP), con lo cual confirma la decisión de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo en la que 11 implicados en el caso Cooptación del Estado enviados a juicio en octubre de 2019 por el delito de financiamiento electoral no registrado, no pueden ser procesados dado que la calificación no se encontraba vigente en ese año en el Código penal.
En 2019, el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a los implicados por financiamiento electoral no registrado. Foto: Archivo/La Hora
Según el análisis de la Corte, haberlos enviado a juicio bajo esta calificación «causó agravio y vulneración a los derechos y principios constitucionales enunciados, pues al pretender justificar su decisión, basó su análisis en la descripción ilícita del delito de Financiamiento electoral no registrado, el cual cobró vigencia siete años después de que supuestamente fueron cometidos los hechos endilgados a los accionantes».
Asimismo, los magistrados recuerdan que la ley solo puede ser retroactiva, cuando beneficia al reo, por lo que no se puede aplicar en este caso, por tal razón no es aceptado el alegato de la fiscalía.
Esta decisión beneficia a las siguientes personas: Boris y Denis Linares Juárez, Boris Navas, Max Burgos, Dennis González, Ana Graciela López, Julio Quinto Tobar, Alberto de León Escobar, Álvaro Mayorga, Gustavo Alejos y Cristian Kestler Morán.
SUPUESTOS FINANCISTAS
Los 11 señalados, eran acusados de haber entregado fondos para financiar la campaña del extinto Partido Patriota en el año 2011, con la finalidad que después estos fueran devueltos mediante contratos sobrevalorados con el Estado y así mantener negocios con este.
El caso denominado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad como Cooptación del Estado engloba a más de 90 implicados a quienes se les señaló de diferentes actos ilícitos incluidos los exgobernantes Otto Pérez Molina, quien decidió acogerse a la ley de aceptación de cargos y la Roxana Baldetti, quien aún espera una audiencia para conocer si acceden a la aceptación de cargos o bien enfrentar proceso normal y se discute si debe ser enviada a juicio o no.
Fuente: lahora.gt
