La tragedia del Hogar Seguro, con 41 niñas y adolescentes fallecidas y 15 sobrevivientes, duele hoy en Guatemala por un proceso demorado sin justicia al fin ocho años después.
Tras investigaciones y audiencias desde el 2017, cuando avanzaron dos fases del caso, el Ministerio Público prevé para mayo del presente periodo anual la conclusión del debate, subrayaron medios de prensa locales.
Para 2022 se tenía la confianza de empezar el juicio; sin embargo, se pospuso y se hizo efectivo en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal el 10 de enero del pasado 2024, describió el fiscal Edgar Gómez.
Mientras tanto, las familias esperan por un veredicto del proceso abierto contra 12 funcionarios públicos (ocho lo enfrentan en este momento) quienes pudieron evitar el fenómeno con las menores bajo protección estatal.
Aparecen como acusados Harold Augusto Flores, exprocurador de la Niñez; Brenda Julissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; y Lucinda Eva Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil.
Además, Luis Armando Pérez, exsubcomisario de la propia fuerza castrense; y Gloria Castro, exdefensora de la Niñez.
La historia comenzó el día 7 en horas de la tarde, cuando alrededor de 60 menores, entre 13 y 17 años, lograron evadir la seguridad del recinto en el municipio capitalino San José Pinula.
Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, la policía las atrapa en la noche (el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) movilizó a 100 policías extras, incluyendo antimotines).
Como castigo, 56 adolescentes quedaron encerradas bajo llave en un salón de clases de 6,8 por siete metros con escasas colchonetas para dormir ni acceso sanitario.
A las 08:45, hora local, después de hacer caso omiso a los gritos insistentes de que las dejaran salir, comienza en el diminuto local un incendio provocado por una de ellas ante tanta desesperación.
Durante más de nueve minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados y, pese al llamado de auxilio, les impidieron abandonar el recinto.
No les abrieron esa vez la puerta, no apareció la llave; se les negó el acceso a los cuerpos de socorro, denunció un oficial de bomberos.
Los antimotines impidieron el paso a familiares que llegaron al Hogar en la medida en que la terrible noticia circulaba por los medios nacionales y extranjeros.
Cuando lograron entrar al salón, la mayoría había fallecido en el fuego y las que rescataron murieron días después.
Solo 15 sobrevivieron para corroborar, lo que las impulsó a escaparse: violencia sexual, física, abortos forzados, administración de fármacos y sedantes, comida en descomposición y torturas…
Reconocer la culpa del Estado es importante para entender el papel que tenemos en la recuperación digna y en la prevención y atención de las menores que un día liderarán el país, expresó el año pasado la vicepresidenta Karin Herrera.
Fuente: prensa-latina.cu
