En medio de acusaciones y controversias, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas y Gabriel Aguilera, se enfrentaron a una comisión pesquisidora para abordar las denuncias presentadas por Karen Fischer y Giovanni Fratti. Este artículo busca analizar y desentrañar los puntos clave de la defensa presentada por los magistrados, destacando su postura ante las acusaciones y proporcionando una visión objetiva de los eventos.
Legitimidad en el Ejercicio de Deberes Electorales
Rojas, refutando los delitos que se le imputan, sustenta su defensa en la autoridad conferida por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Argumenta que la preparación para las elecciones generales, en cumplimiento de las normativas, es una responsabilidad respaldada por la ley. Hace hincapié en la falta de claridad en la denuncia sobre el supuesto artificio utilizado en su contra, señalando que el conteo de votos fue realizado por las juntas electorales, sin cuestionamientos en las actas 5, 6 y 7.
Rojas sugiere que la denuncia lleva consigo intenciones de tergiversar los hechos durante el proceso electoral. Enfatiza las acciones preelectorales del TSE, destinadas a planificar y programar la adquisición de insumos y equipos esenciales para el día de las elecciones.
La Perspectiva de Gabriel Aguilera
Contrarrestando afirmaciones sobre la caída del sistema, Aguilera describe la infraestructura como “fuerte” y niega la existencia del mencionado apagón. Argumenta que, de haber ocurrido, los medios de comunicación lo habrían informado. Además, aborda las preocupaciones sobre la supuesta sobrevaloración de los celulares utilizados, destacando la variabilidad de precios en el mercado y asegurando que cuentan con la licencia necesaria para la transmisión de datos electorales preliminares.
Aguilera desafía las alegaciones de los diputados Douglas Rivero y Julio Longo Maldonado, subrayando la licitud de los precios y la licencia de los dispositivos móviles.
La Ausencia de Irma Elizabeth Palencia y la Defensa Escrita de Mynor Franco
Es relevante destacar que Irma Elizabeth Palencia no se presentó a la audiencia, mientras que el magistrado Mynor Franco envió su defensa por escrito. Esta ausencia plantea interrogantes sobre el panorama completo de la situación, y es un aspecto que la pesquisidora deberá tener en cuenta al evaluar las acusaciones.
DATASYS, S.A.: Clarificando la Sobrevaloración
La pesquisidora concluyó las audiencias con la participación del representante legal de DATASYS, S.A., Hugo Daniel Lemus Herrera. Este momento es crucial para desentrañar la complejidad de las acusaciones, particularmente en relación con los Q48 millones que involucran computadoras, celulares con código fuente, simulacros del funcionamiento y pruebas.
Lemus Herrera, respaldado por la abogada Mónica Ardón, se esfuerza por explicar la ausencia de sobrevaloración, subrayando que la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es única y cuenta con un plan de contingencia.
Perspectivas Comparativas
Rojas, al finalizar la audiencia, destaca la imposibilidad de comparar precios en diferentes países y señala que las circunstancias en Puebla, mencionadas en la denuncia, podrían haberse limitado a una elección de gobernador, mientras que, en El Salvador, el valor es mayor y se maneja en dólares.
En el proceso de licitación, participaron las empresas DATASYS, S.A. y PBS. Esta última, aunque con un contrato de colaboración, carecía de un programa “fortalecido” y no llevó a cabo simulacros según lo mencionado.
Fuente: La Hora
