Las manifestaciones en Perú durante los meses de diciembre de 2022 a febrero de 2023 han dejado una huella imborrable en la historia del país. Las movilizaciones, que se llevaron a cabo en contra de la presidenta peruana, Dina Boluarte, se tornaron violentas en ocasiones, y lamentablemente, resultaron en la pérdida de 67 vidas. Estos trágicos acontecimientos han generado un debate intenso sobre quién es responsable de estas muertes.
El Debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Recientemente, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., se abordaron los avances en las investigaciones relacionadas con estas muertes. En esta audiencia, uno de los representantes del Gobierno peruano insistió en una teoría que ha causado gran controversia: la responsabilización de los propios manifestantes por su propia muerte.
Acusaciones y Tensión en la Audiencia
La audiencia en la CIDH se vio marcada por la tensión y las acusaciones mutuas. Algunas personas ingresaron al evento con la intención de increpar al embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén. Este incidente generó un fuerte enfrentamiento verbal.
Adrianzén, en medio de la agitación, afirmó que el Estado peruano no podía permitir esta presentación y que “ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes”. Por otro lado, una mujer presente en la audiencia acusó a Adrianzén de mentir y exigió la renuncia de la presidenta Boluarte.
El Vínculo entre las Manifestaciones y la Delincuencia
En un evento previo, Gustavo Adrianzén había vinculado las manifestaciones con hechos delictivos. Citando un informe de la oenegé Human Rights Watch (HRW), señaló que en las áreas donde se llevaron a cabo las protestas, como Juliaca y Pichanaqui, existen problemas de narcotráfico, terrorismo y minería ilegal. Según Adrianzén, estos eventos de protesta coincidían con la presencia de crímenes organizados y cárteles en esas áreas.
La Reacción de la Comunidad Internacional
Las acusaciones y la retórica empleada por el embajador Adrianzén han generado una fuerte reacción a nivel internacional. Naciones Unidas, por ejemplo, aclaró que la mayoría de las manifestaciones, incluidas las que se llevaron a cabo en los meses siguientes a las mencionadas protestas, se desarrollaron de forma pacífica. Aunque reconocieron la existencia de actos de violencia, subrayaron que la mayoría de los manifestantes protestaron de manera pacífica.
Críticas y Solidaridad con las Víctimas
Las declaraciones del embajador Adrianzén han sido objeto de fuertes críticas. Carlos Rivera Paz, abogado de las familias de las personas fallecidas, expresó que estas acusaciones le costarán mucho al Estado. Otros, como el secretario ejecutivo del colectivo Red Muqui, Jaime Borda, se solidarizaron con las familias de las víctimas y calificaron las declaraciones del embajador como denigrantes.
La Importancia de No Revictimizar
Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por la retórica utilizada, ya que puede revictimizar a las personas que perdieron la vida durante las protestas. El sociólogo Omar Coronel señaló que las acusaciones del embajador Adrianzén constituyen una burla a las víctimas y perpetúan una de las más insultantes mentiras de la coalición autoritaria en Perú: que las muertes fueron causadas por los mismos manifestantes.
Medidas Urgentes para Proteger los Derechos Humanos
César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch (HRW), ha destacado la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la repetición de graves violaciones de derechos humanos durante las protestas. La importancia de garantizar la seguridad y los derechos de los manifestantes se ha convertido en un tema central en este debate.
El Compromiso del Estado Peruano
En el contexto de estas acusaciones y debates, es fundamental recordar que la audiencia pública celebrada en Washington D.C. es parte del seguimiento a las sugerencias emanadas del informe de la CIDH en relación con las protestas en Perú. El informe de la CIDH constató violaciones a los derechos humanos en relación con los eventos ocurridos.
De las 67 muertes registradas, 49 se perpetraron a causa de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública del Estado peruano. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se reunió el mes pasado con altas autoridades de la CIDH y garantizó el “firme compromiso de implementar las recomendaciones” del órgano de la OEA.
Conclusión
El debate sobre las responsabilidades en las manifestaciones en Perú es complejo y emotivo. Las acusaciones lanzadas por el embajador Adrianzén han generado un fuerte rechazo y han reavivado la necesidad de garantizar los derechos humanos y la seguridad de los manifestantes. El compromiso del Estado peruano en la implementación de las recomendaciones de la CIDH será fundamental para avanzar hacia una resolución de esta situación.
Fuente: RT
