La oficina pública de asuntos indígenas de Argentina dejó sin efecto permiso que reconocía la ocupación tradicional y actual de una comunidad Qom tras el reclamo de una copropietaria privada.
Tras el reclamo de una copropietaria, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas revocó el permiso de ocupación que una comunidad del pueblo Qom tenía en la localidad Makallé, provincia del Chaco, Argentina.
Decisión deja sin efecto un acto administrativo previo que reconocía la ocupación actual, tradicional y pública de tierras por parte de la Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”.
El hecho es resultado de un reclamo planteado por Mariel Luisa Crespo por la violación a un debido proceso, a la defensa y a un plazo razonable contra la Resolución INAI N° 144/2023 que otorgó el permiso de ocupación en 2023.
Según ella, el procedimiento omitió la incorporación de documentación relevante que podría haber alterado el resultado del relevamiento técnico, jurídico y catastral.
Tras revisar estos elementos, se determinó que el relevamiento inicial “omitió circunstancias objetivas y significativas, incluyendo antecedentes jurisprudenciales y títulos que acreditan derechos de propiedad”.
Esta falta llevó a considerar al organismo que parte del terreno, propiedad de Crespo, fue indebidamente incluido dentro del área reconocida como de ocupación indígena, señala una nota de Infobae.
Con esta decisión, se buscaría garantizar “un equilibrio entre los derechos de propiedad de los particulares y los derechos de las comunidades indígenas a su ocupación tradicional de tierras”, indica la nota.
Desalojo previo
La reciente decisión ocurre apenas dos semanas después de que el Gobierno argentino de Javier Milei forzara el desplazamiento de indígenas de la comunidad mapuche de Lof Pailako tras amenazar con desalojarlos.
El desalojo ocurrió pese a que a existir un proceso judicial en curso que involucra a Lof Pailako, que no tiene sentencia firme y en el que aún no se han agotado los recursos de parte de la comunidad.
Tras ese desalojo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró que ese sería “el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”.
La derogación de la emergencia territorial indígena decretada por el presidente Milei en diciembre de 2024 es lo que ha permitido avanzar con los desalojos en las comunidades que tramitaban la posesión de las tierras mediante un proceso de relevamiento territorial.
Previo a ello, el gobierno de Milei también vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional.
Fuente: servindi.org
