Autoridades indígenas denuncian "terrorismo judicial" y exigen el cese de la criminalización. Foto: La Hora.
Representantes de más de 50 autoridades indígenas y ancestrales de distintos pueblos maya y xinka de Guatemala denunciaron el “atentado contra la institucionalidad indígena” y condenaron el “terrorismo judicial” impulsado, según señalaron, por el Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, en alianza con el «pacto de corruptos».
En una asamblea de pueblos indígenas, autoridades de Sololá, Chajul, Nebaj, Chicastenango, Santiago Atitlán, San Juan Comalapa, Quetzaltenango, Chiquimula, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez, entre otros, advirtieron que el país enfrenta “un nuevo intento de golpe de Estado”, esta vez dirigido contra los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación.
“Ante la criminalización espuria y arbitraria que lidera el Ministerio Público en contra de nuestros hermanos y hermanas indígenas, quienes han servido legítimamente a nuestros pueblos, decidimos fortalecer la institucionalidad indígena del pueblo maya y xinca”, afirmaron en su pronunciamiento.
Las autoridades denunciaron el uso “arbitrario del derecho penal del enemigo” para perseguir a líderes indígenas que, en 2023, libraron la defensa del proceso democrático ante el intento de golpe impulsado por actores del «pacto de corruptos», encabezado, señalaron, por el expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, la fiscal general María Consuelo Porras y aliados en el Congreso, las cortes y sectores del empresariado.
“No permitiremos el socavamiento de la institucionalidad ancestral de nuestros pueblos y no descansaremos hasta ver a la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, detrás de las rejas”, aseguraron.
RECHAZO A LA JUDICIALIZACIÓN
En su pronunciamiento, las autoridades indígenas cuestionaron la actuación de jueces que, según denunciaron, aceptan imputaciones “sin indicios racionales suficientes” en contra de líderes como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Edgar Tuy, este último el gobernador de Sololá que actualmente en etapa de investigación.
“Nos avergüenza el sistema de justicia, porque cuando la ley se aplica para los indígenas, es como la serpiente que solo muerde al pobre y al descalzo”, manifestaron.
Exigieron al MP y al sistema judicial el cese de la criminalización y advirtieron que, de persistir las acciones en su contra, defenderán sus territorios ancestrales con todas las medidas a su alcance.
«Si no les parece vivir con los pueblos indígenas y sus autoridades, que organicen su propio estado en los territorios de sus antepasados y nos dejen vivir en los nuestros», enfatizaron.
La declaración concluyó con un llamado a los pueblos originarios y al pueblo de Guatemala a mantenerse alertas ante lo que consideran un grave riesgo para la democracia y los derechos colectivos.
Fuente: lahora.gt
