El decreto reconoce la autonomía de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas podrá impedir proyectos que afecten sus territorios si consideran que vulneran sus valores culturales o espirituales.
La norma redefine la relación entre el Estado y las comunidades indígenas al reconocer su autonomía para detener iniciativas extractivas, de infraestructura u otras, incluso si ya han sido sometidas a consulta previa.
Esta medida amplía significativamente los alcances del derecho a la libre determinación y refuerza el principio de consulta libre, previa e informada que rige desde hace décadas.
A través de este decreto, las comunidades pueden solicitar al Ministerio del Interior, la delimitación y reconocimiento oficial de su territorio indígena para ejercer la planificación territorial, ordenamiento ambiental, justicia propia y control institucional, con un estatus administrativo similar al de un municipio.
En la práctica, esto significa que una comunidad reconocida podrá rechazar proyectos como hidroeléctricas, minas o carreteras si considera que afectan rituales, creencias o modos de vida tradicionales.
El Ministerio del Interior será la entidad encargada de recibir las solicitudes de objeción cultural y deberá convocar en un plazo máximo de 15 días una mesa técnica que evaluará si existe una afectación grave. Si es así el proyecto no podrá avanzar.
El decreto también refuerza los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas, reconociendo su capacidad para estructurar y aplicar su propio orden jurídico, siempre que este no vulnere derechos fundamentales.
Aunque sectores empresariales han advertido sobre un posible freno a inversiones estratégicas, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos celebran el decreto como un avance sin precedentes.
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