En Colombia, miembros de extintas FARC-EP ya testifican por crímenes cometidos contra indígenas y afrodescendientes durante el conflicto armado. Luego será el turno de integrantes de la fuerza pública.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia concluyó las primeras audiencias de versiones voluntarias del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá.
Este es el primer caso de la JEP que investiga crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las extintas FARC-EP y por integrantes de la fuerza pública durante el conflicto armado en contra de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Entre los más graves crímenes, el tribunal investiga homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, uso de minas antipersonal, vulneración de espacios sagrados, entre otros.
En la decisión que abrió el caso, la JEP determinó que en los territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá hay 89.994 víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
¿Qué es la JEP y cómo funcionan sus audiencias?
La JEP es el mecanismo de justicia transicional por el medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia.
Durante las recientes audiencias, 11 excomandantes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP dieron sus versiones ante 101 víctimas, incluidas autoridades de los pueblos indígenas Wiwa, Arhuaco, Kogui, Kankuamo, Ette Ennaka y Wayúu, así como del Pueblo Negro Afrocolombiano del Caribe.
A su turno, las víctimas y autoridades exigieron información sobre los crímenes que les afectaron y sus máximos responsables, y expusieron los impactos desproporcionados que afectaron su existencia como pueblos y comunidades étnicas.
Las versiones voluntarias rendidas por los excomandantes de las extintas FARC-EP serán evaluadas por la JEP, junto con la información que recaude en una nueva diligencia que inicia este 5 de mayo.
Las autoridades étnicas y las víctimas también presentarán observaciones a estas audiencias para avanzar en el proceso de contrastación de la información, y esclarecimiento de los hechos y los máximos responsables.
Luego, la JEP debe expedir un auto de Determinación de Hechos y Conductas, en el cual establecerá la responsabilidad de las extintas FARC-EP por los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
La JEP deberá proceder de igual modo con los crímenes atribuibles a integrantes de la fuerza pública que actuaron en contra de indígenas y afrodescendientes, inclusive con apoyo de grupos paramilitares.
El resultado final deberá ser la determinación de la verdad de lo ocurrido con estos sujetos étnicos en el marco del conflicto armado, y las sanciones restaurativas o, incluso, privativas de la libertad de los máximos responsables de todos los actores armados.
“[Las víctimas] esperan que las decisiones judiciales restauren efectivamente sus derechos, y no reproduzcan la impunidad que por tantos años ha cubierto los crímenes cometidos en su contra y favorecido a sus responsables”, señaló la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) que representa judicialmente al pueblo Wiwa en este caso.
Fuente: servindi.org
