Lourdes Gómez, defensora Q’eqchi’ denunció durante la 17 sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desalojos forzados de comunidades indígenas en Guatemala.
La defensora de derechos humanos Lourdes Gómez Willis denuncio ante la ONU el desplazamiento forzado e hizo un llamado para priorizar el derecho de los pueblos indígenas en Guatemala.
Gómez Willis dijo que la falta de acceso a la tierra promueve el desplazamiento forzado, migración forzada y descertificación de comunidades, según informó el sitio web Prensa Comunitaria.
Estos desalojos se produjeron en comunidades de San José El Tesoro, en Cobán, Alta Verapaz y de las comunidades de Buena Vista, Santa Rosita, Esfuerzo Túnico y Plan Grande, en El Estor, Izabal, detalló Lourdes Willis.
La defensora responsabilizó de estos desalojos al Ministerio Público, jueces corruptos, terratenientes e industrias extractivas como de palma africana, caña de azúcar, hidroeléctricas y minerías.
Agregó que esto sucede ante el silencio de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el incumplimiento de estándares internacionales, que genera una crisis humanitaria, principalmente en Alta Verapaz e Izabal, donde habita la población maya Q’eqchi’.
“Esto ha incrementado la desnutrición, la violencia contra la niñez y mujeres indígenas, asesinatos y criminalización de más de mil 700 defensores de la tierra”, lamentó y agregó que hay lideresas condenadas a prisión por defender sus tierras.
Desalojos en el gobierno de Arévalo
El 5 de junio de 2024, unos mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron a Cobán, Alta Verapaz, para desalojar a las familias que habitan en la finca “El Tesoro”, situada en la entrada de las aldeas Las Pacayas y Chitocán.
Los pobladores denunciaron, según informó Prensa Comunitaria, que los agentes de PNC iban acompañados por el concejal de Cobán, Ariel Hasse. Ahora los pobladores se resguardan a la intemperie tras haber sido expulsados.
Lo mismo sucedió con la comunidad de Plan Grande en Izabal donde habitan 38 familias Q’eqchi’, quienes denunciaron que recibieron amenazas de desalojo de parte de trabajadores de la finca El Murciélago en junio pasado.
Fuente: servindi.org
