El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sido destacado por sus aseveraciones críticas a la situación política, pero también señala afectaciones a los pueblos indígenas en el periodo 2023 y advierte que se encuentran en desventaja política, económica y social.
El Informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Perú afirma que las comunidades indígenas se enfrentaron a acaparadores de tierras, narcotraficantes, industrias extractivas, mineros y madereros ilegales que operaban cerca de su territorio.
También resalta que, los indígenas tienen acceso limitado al sistema de justicia, protección o actividades de prevención de abusos, carecían de igualdad de oportunidades laborales y enfrentaban múltiples formas de discriminación.
Enfatiza en que el gobierno nacional y regional no protegió a las comunidades ni a sus intereses de propiedad y tampoco ejecutó medidas de regulación y protección para proteger a los defensores ambientales indígenas.
El Departamento de Estado es la agencia que maneja la política exterior y provee servicios para estadounidenses que viven en o están viajando a otros países, a empresas internacionales y a países en vías de desarrollo.
Carencia de políticas a favor de los pueblos indígenas
Además, destaca la necesidad de cambios en las políticas públicas para brindar una protección efectiva, incluido un sistema en línea con el Acuerdo de Escazú.
Uno de los obstáculos que enfrentaron los indígenas fue la falta de titulación de sus tierras y responsabilizaron al gobierno por esta carencia.
A ello se sumó que el gobierno retuvo los derechos minerales del subsuelo para tierras en todo el país, lo que conllevó a disputas entre las comunidades indígenas, el gobierno nacional, regionales e industrias extractivas.
Sin embargo, las comunidades indígenas a menudo no tenían suficiente capacitación para participar efectivamente en consultas con el gobierno y las industrias extractivas.
Represalias contra los defensores de los derechos humanos
Actores gubernamentales expresaron su preocupación por los recurrentes asesinatos de activistas ambientales y el lento e ineficaz proceso para castigar a acosadores y asesinos que fortaleció la impunidad.
Los comités del Congreso que supervisan los derechos humanos estaban sujetos a intereses y agendas partidistas por lo que su eficacia varió y las prioridades de los comités.
La salud negada a los indígenas
El informe recoge información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que informó que las mujeres rurales, especialmente quechuas, desconfiaban de los proveedores de atención médica por la imposición de multas a quienes daban a luz en casa.
A ello se suma la falta de educación sexual, la distancia de los centros de salud, las dificultades económicas y las costumbres religiosas, espirituales y sociales que fortalecieron esta desconfianza.
Además, las ONG centradas en la salud sexual y reproductiva dijeron que las mujeres indígenas rurales experimentaron agresiones verbales, malos tratos, la imposición del parto institucionalizado y horizontal, y el desconocimiento de su idioma y costumbres.
Fuente: servindi.org
