América Latina se mantiene como la región más violenta para defensores del medio ambiente. Colombia, Brasil, Honduras y México son los países con mayor número de crímenes contra activistas. Global Witness propone escuchar y tratar a naciones indígenas con la seriedad que merecen.
Por Roberto Gonzáles*
SciDevNet, 12 de setiembre, 2024.- El asesinato y la criminalización son las estrategias más usadas para silenciar a los defensores del medio ambiente y convierte a América Latina en la región más violenta del mundo, con el 85 por ciento de los asesinatos de activistas ambientales ocurridos en su territorio en 2023, según el más reciente informe de Global Witness que, entre otras cosas, recomienda escuchar las opiniones de los pueblos indígenas y darles un lugar destacado en los debates y negociaciones sobre clima y biodiversidad.
Cuatro países latinoamericanos: Colombia, Brasil, Honduras y México, concentran el 70 por ciento de los asesinatos registrados por el informe. Filipinas, Nicaragua, India, Guatemala, Panamá y Perú completan la lista de los diez países con el más alto número de asesinatos por causas ambientales.
De las 196 víctimas registradas en dicho año en el mundo, 12 eran mujeres y un 43 por ciento eran personas indígenas.
“En todo el mundo, los gobiernos están usando las leyes para coaccionar y disuadir a comunidades e individuos de protestar en contra de la crisis ambiental”, afirma el informe dado a conocer el 10 de septiembre.
Colombia se mantiene como el país más mortífero para los activistas a favor del medio ambiente y el territorio, con 79 casos en 2023. También es el país que más casos ha acumulado desde el 2012, con 461 ataques letales en total.
Astrid Torres, miembro de la organización Somos Defensores, que colabora con Global Witness, explicó a SciDev.Net que la entrada de industrias extractivistas es la razón de fondo tras las agresiones a defensores del medio ambiente.
“Entre 2005 y 2009, Colombia abre sus puertas al tema de la gran minería y las hidroeléctricas. Y con eso también arranca el aumento de la explotación forestal. […], y es claro que no es solamente el conflicto político-social armado”, afirmó.
Según el Atlas de Justicia Ambiental, actualmente en Colombia hay 144 casos reportados de conflictos ambientales relacionados a industrias extractivas.
Tras reconocer el avance que significa la ratificación de su país del Acuerdo de Escazú (28 de agosto), Torres señala que más allá de la discusión sobre el conjunto de herramientas que se requieren , está “la efectividad de la coordinación interinstitucional que se necesita para defender a quienes defienden los derechos de la naturaleza”.
En su opinión, Colombia tiene la oportunidad de tomar protagonismo este año porque será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad.
Comunidades indígenas bajo ataque
En México, el principal sector ligado a ataques letales contra defensores del medio ambiente es el minero, según la investigación de Global Witness.
El informe destaca los casos de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes trabajaban juntos para proteger la comunidad nahua de San Miguel de Aquila, Michoacán, contra los abusos de la empresa siderúrgica Ternium, que también posee minas en dicho país.
Ellos trabajaban por el reconocimiento de la autonomía de su comunidad para garantizar que la población recibiera mayores beneficios por permitir las actividades de la mina de hierro Las Encinas, explotada por Ternium, ya que estaban inconformes con el trato que tenían.
Ambos activistas desaparecieron en enero del 2023. Hasta el momento, la fiscalía no ha seguido como línea de investigación su papel de activistas, denuncia el informe.
Un mes antes de su desaparición, Lagunes y Díaz dirigieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde acusaban a Ternium de pagar a grupos armados para reprimir a la comunidad. Global Witness señala como un error de la fiscalía no investigar esta relación con su desaparición y sus reclamos contra la empresa.
Todos los intentos de SciDev.Net por obtener comentarios de Ternium para esta nota fueron infructuosos. Voceros de la empresa dijeron que no ofrecerían declaraciones más allá de sus comunicados oficiales. En ellos, expresan su solidaridad hacia la comunidad de Aquila y declaran que están colaborando con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos. El 5 de julio de 2023 también anunciaron la reanudación de sus actividades en la región a petición de algunos miembros del poblado, las cuales se habían interrumpido en solidaridad con la comunidad, según su comunicado.
También Ostula, otra de las comunidades nahuas de Michoacán, está alertando sobre los ataques que reciben por parte del crimen organizado. Ellos han encontrado en la defensa de su autonomía como nación indígena una herramienta para defender sus recursos naturales, explica a SciDev.Net León Alberto Pérez Manzanera, miembro de la organización no gubernamental Serapaz.
La vulnerabilidad de defensores indígenas
Otro caso destacado por Global Witness es el de Nicaragua, donde casi la totalidad de los ataques han sido contra miembros de las naciones Mayangna y Miskito. “La historia siempre es la misma: es una persona indígena asesinada por unos colonos que trataron de entrar en sus tierras”, explica a SciDev.Net Laura Furones, una de las autoras del informe, quien señala que las y los defensores indígenas son especialmente vulnerables.
“Los pueblos indígenas son tomados en cuenta solamente cuando tienen que bailar o cuando tienen que hacer un ritual […] Sin incorporar la exigencia política profunda de los pueblos indígenas, que es la libre determinación y el territorio”.
Neftalí Reyes Méndez, miembro de la organización no gubernamental EDUCA de Oaxaca, México
En Brasil, pese a las presiones sobre los territorios indígenas, se ha logrado ralentizar la tendencia al alza en las agresiones a defensores que se profundizó durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Aunque Furones apunta que no hay nada que celebrar, pues aún se encuentra entre los 10 países con más ataques letales, con 25 muertos en 2023.
Furones explica que una de las sugerencias que proponen en el informe es “dejar de tratar las soluciones indígenas como algo que sería bonito tener, y tratarlo con la seriedad y centralidad que merece”.
Al respecto, Neftalí Reyes Méndez, miembro de la organización no gubernamental EDUCA en Oaxaca, al sur de México, quien no participó en la elaboración del informe, añade: “los pueblos indígenas son tomados en cuenta solamente cuando tienen que bailar o cuando tienen que hacer un ritual […] Sin incorporar la exigencia política profunda de los pueblos indígenas, que es la libre determinación y el territorio”.
En Oaxaca, entre 2021 y 2022 fueron asesinados seis defensores del ejido Paso de la Reyna. Para Reyes, el objetivo de estos ataques era romper el tejido social y desestructurar la movilización. Como respuesta a ello han tomado la decisión de organizar eventos culturales a manera de protesta. Él los describe como “festivales para reparar el tejido social y hacer frente al miedo”.
Fuente: servindi.org
