Familia de líder kichwa asesinado hace un año, denuncia que presuntos implicados siguen libres y que continúan recibiendo amenazas en su comunidad que aún no es titulada.
A un año del asesinato líder kichwa Quinto Inuma, su familia y organizaciones aliadas exigen al Estado peruano justicia plena y acciones concretas para proteger a los defensores indígenas.
Demandan que todos los presuntos implicados rindan cuentas por el crimen para sentar un precedente, así como la titulación de tierras de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu por la cual Inuma luchaba.
Hasta el momento, solo cuatro de los siete implicados cumplen prisión preventiva. Otros dos inicialmente arrestados fueron liberados y el hombre identificado como el que disparó al líder indígena sigue prófugo.
Además, miembros de la comunidad denuncian que este último sujeto ha regresado a amenazarlos, al igual que los familiares de los sospechosos que se encuentran actualmente en prisión preventiva.
“Hasta que todas las personas involucradas en el asesinato y las constantes amenazas sean identificadas y llevadas a juicio, la federación local FEPIKECHA y la familia de Quinto seguirán corriendo el riesgo de sufrir más violencia”, advierten.
En marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a esta comunidad y señaló al Estado que la falta de protección jurídica del territorio estaba directamente vinculada a las causas de las amenazas.
Por ende, para la familia de Inuma y organizaciones aliadas, la titulación de tierras de Santa Rosillo es fundamental pues “ayudaría a abordar la causa estructural de las amenazas y la violencia hacia los miembros de la comunidad”.
A esto debería sumarse el establecimiento de un Puesto de Ayuda Rápida de la Policía en la comunidad, ya que la estación de policía más cercana está a 10,5 horas de distancia, según el último informe policial.
Desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se expresaron en la misma línea, pidiendo al Estado garantizar justicia, titulación de la comunidad y la protección efectiva de defensores.
“Mientras la comunidad internacional recuerda a Quinto y su labor, el gobierno peruano no está mostrando el compromiso necesario para proteger a los defensores de los derechos humanos”, lamentan las organizaciones.
Estado no toma acción
El asesinato del reconocido líder indígena ha hecho poco para impulsar al gobierno peruano a tomar medidas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos y asegurar los derechos territoriales colectivos para su comunidad.
Perú es parte de América Latina, la región más letal para los defensores de la tierra y los derechos humanos, con el 70% de todos los asesinatos a nivel mundial, según un informe de Global Witness de 2024.
Pese a que la violencia contra estos defensores continúa sin cesar y la impunidad de los perpetradores sigue siendo un fenómeno habitual, el Perú no ha ratificado aún el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un mecanismo jurídicamente vinculante que requiere que los gobiernos participantes en América Latina garanticen el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales (incluidos los defensores del medio ambiente y de los derechos a la tierra).
Por el contrario, el país “ha adoptado leyes y políticas públicas que dan marcha atrás en derechos indígenas clave y protecciones ambientales”, denuncian las organizaciones en un comunicado compartido este 29 de noviembre.
Las organizaciones denunciantes hacen pate de Tolerancia Cero (ZTI por sus siglas en inglés), una coalición que trabaja para detener las amenazas y los asesinatos en las cadenas de suministros mundiales.
Quinto Inuma, asesinado el 29 de noviembre de 2023 por enfrentarse a mafias de la tala ilegal y mientras retornaba a su comunidad de un encuentro de defensores, era miembro del Grupo Directivo de la iniciativa ZTI.
“El asesinato de Quinto es un caso emblemático que pone de relieve la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el Perú en general, así como la urgente necesidad de protección efectiva de quienes arriesgan sus vidas para defender sus tierras, vidas y comunidades”, finaliza el escrito de las organizaciones.
Fuente: servindi.org
