Unsplash/Arturo Rivera. Vendedor ambulante en una plaza céntrica de Antigua Guatemala.
ONU encuentra culpable a Guatemala ante desplazamientos forzados de indígenas maya y le pide implementar medidas de reparación, además de pedirles perdón públicamente.
Los indígenas, desplazados durante el conflicto armado interno de la década de 1980, habían acordado el reasentamiento y la construcción de viviendas alternativas con Guatemala en 2011, pero estas medidas nunca se implementaron.
Ahora, la ONU le pide al Estado construir las viviendas acordadas, proporcionarles tratamiento médico necesario, becas para estudiar si lo desean y realizar un acto público para pedir perdón por esta violación a los indígenas.
La decisión supone un hito histórico para los 269 miembros del Pueblo Maya K’iche’, Maya Ixil y Maya Kaqchikel desplazados por una política de tierra arrasada que los llevó a enfrentar traumas y el despojo de su identidad.
Según un comunicado difundido el 8 de mayo, el Comité concluyó en su decisión que las víctimas fueron desarraigadas violentamente de sus territorios tradicionales y obligadas a buscar refugio en la capital.
Además, en un entorno cultural ajeno al propio también se vieron obligados a ocultar y, en última instancia cambiar sus identidades.
Ambos hechos supusieron una violación a su derecho contenido en el artículo 12 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que se plegaron los indígenas para acudir ante el Comité de la ONU, en 2021.
“El desarraigo de las víctimas de sus territorios tradicionales tuvo un impacto profundamente devastador y duradero, ya que fueron despojadas irremediablemente de su identidad cultural”, dijo Hélène Tigroudja, experta del Comité.
“Tuvieron que abandonar sus prácticas culturales, dejar de usar sus vestimentas tradicionales y dejar de hablar su idioma, lo que también constituye una pérdida irreparable para sus hijos y nietos”, agregó.
El Comité también consideró que el Estado no solamente violó los derechos de las personas que fueron desplazadas forzosamente, sino también de los niños de tercera generación nacidos estando sus comunidades aún desplazadas, a quienes se les transmitió el trauma de los hechos violentos y del desplazamiento.
En su decisión, el Comité también destacó que la violencia de las operaciones de tierra arrasada y el desplazamiento forzado asociado provocaron que las víctimas tuvieran que dejar atrás los cuerpos de sus familiares.
Por ende, no pudieron enterrar a sus familiares, ejecutados o desaparecidos, siguiendo sus rituales funerarios, en violación de su derecho a no ser sometidos a tortura ni a tratos inhumanos, protegido por el artículo 7 del Pacto.
“En la cultura maya, no realizar los ritos funerarios se considera una transgresión moral profunda que puede conducir a enfermedades espirituales que pueden manifestarse en enfermedades físicas y afectar a todo el linaje”, agregó Tigroudja.
“Llevar a cabo dichas ceremonias y rituales es parte integral del respeto a la integridad física, moral y espiritual de los miembros de las comunidades, así como de las comunidades en su conjunto”, dijo.
El Comité solicitó a Guatemala que buscara y entregara a las víctimas los restos de sus familiares desaparecidos para que pudieran realizar los rituales funerarios de acuerdo con sus culturas.
También pidió que construya las viviendas acordadas; que proporcione a las víctimas el tratamiento médico necesario; becas para estudiar, si así lo desean; y que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que pidiera perdón por las violaciones encontradas.
Además, solicitó a las autoridades que traduzcan la decisión a los idiomas maya k’iche’, maya ixil y maya kaqchikel, el idioma de los pueblos indígenas que se vieron afectados por las violaciones mencionadas.
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