El 6 de marzo líderes de grupos indígenas ecuatorianos expresaron su oposición al desarrollo minero en sus territorios luego que el presidente Daniel Noboa firmara seis acuerdos de inversión minera durante su visita a Canadá.
La negociación ocurrió en la Convención Mundial de Exploración y Minería, en la que se firmaron contratos para la inversión por 4.800 millones de dólares.
Las negociaciones se suscribieron con la empresa minera Solaris Resources para el proyecto minero Warintza, ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago, en el sureste de Ecuador.
Los pueblos se pronuncian
Leonidas Iza, a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), expresó su rechazo al acuerdo pro minero sin ninguna consulta previa.
De igual modo, líderes del pueblo indígena Shuar-Arutam como Jaime Palomino se sumaron al rechazo mediante un comunicado de prensa.
En este, rechazan las concesiones para minería a gran escala en sus territorios, ya que, según expresaron, lleva pobreza a las poblaciones indígenas.
Palomino relató que les preocupan sus fuentes hídricas, el bosque, la fauna, la flora y la vida humana a causa del extractivismo desmedido.
Leonidas Iza anunció que el 22 de marzo organizaciones indígenas realizarán una asamblea para concretar acciones de protesta contra la extracción de recursos naturales.
La federación Pueblo Shuar-Arutam (PSHA), las organizaciones Amazon Watch y MiningWatch Canadá presentaron una demanda contra Solaris ante la Comisión del Mercado de Valores de Columbia Británica.
A las 24 hrs, Solaris anunció un acuerdo con la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la Alianza para Emprendimiento e Innovación de Ecuador (AEI), para “promover el desarrollo económico y social”.
Asimismo, más de 80 grupos de DD. HH. como Acción Ecológica, Quito Sin Minería, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) remitieron un pronunciamiento a Canadá.
La carta dirigida al embajador de Canadá Stephen Potter menciona que las experiencias de las comunidades campesinas, indígenas y ancestrales en áreas donde hay minería son preocupantes, así como la violación de los derechos humanos.
Los pueblos indígenas del país ecuatoriano advierten que no permitirán la entrada de empresas mineras en sus territorios.
Fuente: servindi.org
