Para el pueblo Wampis representa una amenaza y ataque directo a la voz de los pueblos indígenas.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) exige la inmediata derogatoria de la Ley APCI la cual considera censura y ataca la voz de los pueblos indígenas.
A través de un comunicado el GTANW precisó que esta ley disfrazada de “intenciones de transparencia” solo es un mecanismo de censura contra la libertad de expresión, el derecho a la información y defensa de derechos colectivos.
Una amenaza para los medios independientes
Al igual que para numerosas organizaciones, para el pueblo Wampis esta norma resulta peligrosa al intentar callar al periodismo independiente indígena y no indígena que revela abusos de poder y corrupción.
Y es que la norma busca que los medios y organizaciones de investigación tengan una aprobación previa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional antes de publicar sus reportajes e informe.
Esto claramente se configura en un conflicto de intereses pues el director de la agencia es designado por la presidencia del Perú, es decir, por la misma Dina Boluarte, quien es investigada por presuntos hechos de corrupción y violación de derechos humanos.
“Esto no es transparencia; es censura previa y control político directo sobre la información” precisa el comunicado.
El ataque a las organizaciones
La nación Wampis agrega dentro de su pronunciamiento que la Ley APCI debilita a los pueblos originarios quitándoles el apoyo técnico y legal de organizaciones aliadas que los apoyan en la defensa del territorio de actividades ilegales y extractivas.
“Nos prohíben usar fondos de cooperación internacional para defendernos legalmente o para exigir información pública al Estado, dejándonos en una situación de mayor vulnerabilidad” agrega el documento.
La norma aprobada ignora que según la organización Global Witness, una ONG internacional que investiga abusos ambientales y de derechos humanos el Perú se encuentra entre los 10 países latinoamericanos con mayor cantidad de defensores asesinados.
Para el pueblo Wampis la norma es un ataque del Congreso y el Ejecutivo ante la baja aprobación nacional debido a diversos cuestionamientos por lo que buscan acallar las voces de los que no se alinean a sus intereses.
La norma es vulnera el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que la organización exige su inmediata derogatoria.
Lea el pronunciamiento aquí:
