Emilio Estrella, miembro de la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo. Foto: Leslie Searles / Global Witness.
Mientras el Estado peruano persista en ver la Amazonía como un enclave militarizable y una cantera de recursos desregulados, las flechas de pijuayo de la guardia kakataibo seguirán siendo la última y precaria trinchera entre la vida del bosque y la barbarie del crimen globalizado.
Por Ivan Brehaut*
16 de setiembre, 2026.- Dos monitoreos independientes sobre derechos humanos y ecología política publicados en 2026, y en los que el Perú es protagonista, no dejan espacio para la duda: defender un río, una quebrada, un nevado o un bosque en América Latina continúa siendo una posible sentencia de muerte dictada por poderes corporativos o actores ilegales, ejecutada por sicarios y sellada por la inacción de los sistemas de justicia.
En su balance global Collective Power: The Struggle for Protection for Land and Environmental Defenders, la organización internacional Global Witness constata que, sólo durante el último año reportado, 124 defensores ambientales fueron asesinados en todo el planeta por frenar la devastación de sus territorios.
América Latina volvió a concentrar una cuota atroz: el 85 % de los homicidios registrados a nivel mundial ocurrieron en la región. Colombia encabezó la cifra letal con 39 defensores ultimados, seguida por Brasil con 26 muertes y el Perú con 4, mostrando que la Amazonia es también epicentro de la violencia. Cerca de tres cuartas partes de los asesinados en el mundo pertenecían a comunidades indígenas y familias campesinas.
La conclusión de Global Witness es categórica: la violencia responde a un patrón sistemático de impunidad, despojo territorial promovido por economías ilícitas y proyectos extractivos, y el fracaso rotundo de los esquemas estatales de custodia reactiva, que intentan proteger a dirigentes aislados con patrullajes que se leen bien en el papel, pero que en realidad abandonan a los pueblos a su suerte.
En esa misma línea, el exhaustivo informe del Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association (ABA CHR), titulado Informe sobre el monitoreo de las situaciones de violencia y asesinatos contra defensores del medio ambiente en Perú (2014-2024), desnuda la radiografía forense y procesal de este colapso en suelo peruano. En una década de seguimiento, el estudio identifica y desglosa el asesinato de 45 defensores ambientales correspondientes a 40 causas penales. De ese universo, 31 defensores, el 69 % de las víctimas, eran miembros de pueblos indígenas, casi todos de la Amazonía.
El informe concluye en otro punto crítico: de los 40 casos judicializados, únicamente 5 expedientes alcanzaron una sentencia condenatoria (un penoso 12,5 %). Los autores materiales o intelectuales sólo han sido individualizados en 9 casos. Los demás expedientes agonizan en investigaciones preliminares trabadas en fiscalías desprovistas de peritos o fueron archivados bajo dictámenes inverosímiles.
Ambos documentos coinciden en que el epicentro de esta tragedia está en la Amazonía peruana, donde la retirada paulatina de la fiscalización del Estado ha sido capitalizada por el narcotráfico, la minería, la tala ilegal y la usurpación de tierras.
El informe de ABA CHR sitúa el punto de inflexión de esta espiral de violencia en 2014, cuando el gobierno peruano promulgó la Ley N. ° 30230, conocida popularmente como el «paquetazo ambiental». Dicha norma debilitó drásticamente las facultades sancionadoras y fiscalizadoras del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para agilizar concesiones e inversiones. Como indica el informe, «Según sus críticos, incluida la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Manuel Glave, esta desregulación no logró los objetivos económicos del gobierno y, en cambio, condujo a un aumento de las infracciones ambientales y los conflictos socioambientales, vulnerando derechos humanos en el proceso».
La cronología trazada por Gustavo Zambrano y Lucía Santos, autores del reporte del ABA CHR, demuestra que la curva de asesinatos experimentó su salto más crítico entre 2020 y 2022, registrando su pico en 2020 con 10 defensores asesinados. El perfil de los victimarios y las economías involucradas constata la preponderancia del crimen organizado: el narcotráfico estuvo involucrado directamente en 21 de los asesinatos; la tala ilegal de maderas finas en 19; la minería ilegal de oro aluvial en 8; y el tráfico y usurpación ilegal de tierras comunales en 7.
la respuesta institucional ha sido, más que una suma de buenas voluntades, el reflejo de una burocracia inoperante.
Frente a estos hechos, la respuesta institucional ha sido, más que una suma de buenas voluntades, el reflejo de una burocracia inoperante. El Mecanismo Intersectorial de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N. ° 004-2021-JUS, se diseñó bajo una lógica urbana y centralista, ajena a la geografía amazónica. De los 45 defensores asesinados, únicamente 17 consiguieron ser inscritos formalmente en el Registro de Situaciones de Riesgo del Ministerio de Justicia.
Aún más elocuente: de toda la muestra documentada, solamente un defensor contaba con medidas cautelares de protección activadas al momento de su asesinato. Se trataba del líder kichwa Quinto Inuma, de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. El informe de ABA CHR reconstruye la falla técnica del Estado que le costó la vida en noviembre de 2023:
“En su caso, el Estado retiró al defensor y a su familia de su comunidad y los territorios donde enfrentaban amenazas, y los reubicó en la relativa seguridad de la ciudad. No obstante, el Estado no proporcionó subsecuentemente recursos adecuados que permitan a la familia sustentarse, haciendo su permanencia en la ciudad insostenible y obligando a Quinto Inuma y su familia a regresar a su comunidad, donde estaban en riesgo”.
Efectivamente, Inuma retornó a su comunidad forzado por la precariedad y fue acribillado en una emboscada frente a su propia familia.
Para comprender la magnitud de la ofensiva criminal descrita en los informes, es indispensable poner el foco en la cuenca del río Ucayali y los valles aledaños de Huánuco y Pasco. Allí habitan los kakataibo, un pueblo indígena que resistió durante décadas la violencia del caucho y que conserva núcleos familiares en aislamiento voluntario al interior de las 150.000 hectáreas de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, formalizada recién en 2021.
Global Witness dedica a este territorio una sección especial de su reporte titulada «Guarding the forest: Peru». Entre los años 2000 y 2023, el territorio kakataibo (que sobrepasa el millón y medio de hectáreas) perdió cerca del 20 % de su cobertura vegetal. El Instituto del Bien Común (IBC) ha advertido que, de proseguir la tendencia actual de invasión, más de un cuarto de todo su bosque ancestral habrá sido talado antes de 2030.
El motor principal de este despojo es la «amazonización del narcotráfico». Entre 2019 y 2023, los sembríos ilegales de hoja de coca en Ucayali se incrementaron en más de un 600 %, superando las 12.000 hectáreas. Las pistas de aterrizaje clandestinas se multiplican para servir a los vuelos nocturnos que transportan clorhidrato de cocaína hacia Bolivia y Brasil, donde opera el Comando Vermelho. Durante sobrevuelos realizados sobre la Reserva Indígena Kakataibo, las organizaciones indígenas detectaron pistas clandestinas activas, pozas de maceración y claros deforestados en las áreas reservadas para los pueblos no contactados.
La resistencia de las comunidades frente a esta invasión ha dejado una estela de mártires. Entre 2020 y 2024, seis destacados líderes kakataibo fueron eliminados selectivamente. Sara Meléndez, la hermana de Arbildo Meléndez, uno de los líderes más reconocidos del pueblo Kakataibo, resumió ante los investigadores de Global Witness la resignación y el coraje con que la dirigencia enfrenta esta cacería cotidiana: «No sabemos exactamente quién lo ordenó, pero lo más probable es que hayan sido los cocaleros. Yo le dije a él: “Hermano, deberías salir de ahí porque tu vida está en peligro”. Y mi hermano me respondió: “No, yo voy a luchar hasta el día en que me maten”».
Frente al abandono estatal y el asedio de las columnas criminales, el pueblo Kakataibo decidió prescindir de las promesas de Lima y fundó en mayo de 2022 la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (GIPKAP). Esta estructura comunitaria agrupa a más de 150 hombres y mujeres que patrullan a pie los linderos de diez comunidades, armados con arcos y flechas labradas en madera de pijuayo, usando GPS y el conocimiento milenario de sus bosques. El comandante general de la GIPKAP, Segundo Ispón, define la génesis de su movimiento con una claridad incuestionable: «Hay inacción del Estado, inacción de las autoridades. Frente a eso, ¿Qué hacemos? Nos protegemos nosotros mismos. Nos cuidamos los unos a los otros».
Tanto Global Witness como las organizaciones aliadas que litigan estos casos en el Perú —como el Instituto de Defensa Legal (IDL)— postulan que el enfoque tradicional de protección a defensores está conceptualmente quebrado. Defender el bosque nunca es un acto aislado de un individuo; es el ejercicio de una gobernanza comunal.
el enfoque tradicional de protección a defensores está conceptualmente quebrado. Defender el bosque nunca es un acto aislado de un individuo; es el ejercicio de una gobernanza comunal.
Por ello, Global Witness dedica un capítulo doctrinal a exigir un cambio de paradigma hacia la Protección Colectiva:
«La protección colectiva reconoce que los defensores de la tierra y del medio ambiente rara vez son blanco de ataques como individuos aislados. Son atacados porque forman parte de comunidades que defienden sus tierras, territorios, ecosistemas y derechos colectivos frente a poderosos intereses políticos y económicos. Por ello, la protección de los defensores exige afirmar la capacidad, las prácticas y los valores colectivos de las comunidades para prevenir y responder a las amenazas, en lugar de depender exclusivamente de medidas de seguridad individuales».
En Perú, este principio encuentra amparo directo en el artículo 149 de la Constitución Política, que faculta a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas a ejercer funciones jurisdiccionales de control y orden dentro de su ámbito territorial, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT. Cuando una guardia indígena intercepta una retroexcavadora o una partida de madera rolliza sin guía de transporte, no comete un delito: ejerce su soberanía comunal.
Sin embargo, el aparato normativo peruano opera en sentido contrario. En lugar de dotar a las guardias de equipamiento técnico, sistemas de comunicación radial, botes y blindaje jurídico, los operadores del sistema de justicia suelen abrirles carpetas fiscales por coacción, secuestro o usurpación a instancias de los empresarios y colonos infractores. Esta criminalización debilita la reputación pública de los defensores y “abarata políticamente” sus asesinatos: una vez que el líder es estigmatizado como “opositor al desarrollo” o “delincuente”, su muerte deja de suscitar conmoción institucional y el caso se hunde en el olvido procesal.
En paralelo, el Congreso peruano ha acelerado iniciativas legislativas (como la Ley N. ° 31973 que perdonó la deforestación histórica sin autorización de cambio de uso y normativas diseñadas para asfixiar a las ONG que asesoran legalmente a las federaciones indígenas), consolidando una arquitectura legal hostil al activismo ambiental.
Es en esta Amazonía acorralada donde se pretende inscribir la adhesión del Perú a la iniciativa geopolítica regional del «Escudo de las Américas». En su análisis crítico El Putumayo frente a los nuevos gobiernos en Perú y Colombia, el experto en políticas de drogas y seguridad Ricardo Soberón Garrido desmonta los supuestos de este nuevo marco estratégico y proyecta sus consecuencias directas sobre los territorios indígenas de frontera.
Soberón sitúa el “Escudo de las Américas” dentro del recrudecimiento de la visión hemisférica de Washington (la Doctrina Monroe), implementada a través de gobiernos regionales de sesgo conservador y punitivo, con una marcada coincidencia entre las administraciones de Donald Trump en la Casa Blanca, Keiko Fujimori en el Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.
La premisa del modelo es la securitización militarizada: transformar la lucha contra las economías ilícitas en un conflicto de ocupación armada de los espacios selváticos
La premisa del modelo es la securitización militarizada: transformar la lucha contra las economías ilícitas en un conflicto de ocupación armada de los espacios selváticos. Sin embargo, Soberón advierte con severidad los fallos inherentes a esta aproximación doctrinaria:
“El riesgo que ambas administraciones en Colombia y Perú, en el marco del Escudo de las Américas, coincidan en ver la situación como una cuestión militar, reduce la visión social y económica del problema, sus causas y características. Aumentan los riesgos de criminalizar al conjunto de la cadena productiva, sin poder separar la base social de las estructuras criminales organizadas”.
Las implicancias de la securitización militarizada en la Amazonía bajo la iniciativa «Escudo de las Américas» se traducen en cuatro graves amenazas para las comunidades originarias y el equilibrio ambiental. En primer lugar, la criminalización de la base social provoca que las operaciones de interdicción a ciegas castiguen al eslabón más vulnerable, conformado por campesinos y pobladores locales, sometiéndolos a una doble victimización entre la violencia de los cárteles y la persecución penal estatal. En segundo lugar, se vulnera la autodefensa indígena, ya que las guardias comunitarias que protegen sus territorios corren el riesgo de ser perseguidas y desarmadas bajo cargos de terrorismo o conspiración, eliminando así la única barrera real de contención contra el narcotráfico.
Soberón indica en tercer lugar, que los tratados de cooperación militar otorgan inmunidad jurídica a tropas extranjeras mediante la extraterritorialidad, cerrando toda vía de justicia local frente a abusos o ejecuciones en un sistema judicial ya colapsado. Por último, la coartada extractiva y el efecto globo demuestran que la incursión militar sirve de fachada para despejar tierras en favor del gran capital extractivo, mientras que la erradicación forzosa desplaza los cultivos ilícitos y la violencia hacia bosques vírgenes habitados por pueblos en aislamiento (PIACI).
En resumen, de acuerdo a Soberón y a otras voces en el continente, la iniciativa del «Escudo de las Américas» busca imponer una respuesta militarizada y de securitización transnacional ante las economías ilícitas en la Amazonía. Sin embargo, este enfoque agrava la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y de los defensores ambientales al criminalizar la base social, deslegitimar a las guardias indígenas, otorgar inmunidad a fuerzas extranjeras mediante la extraterritorialidad, y fomentar el desplazamiento de las actividades criminales hacia zonas vírgenes donde habitan pueblos en aislamiento.
Los tres documentos analizados para este artículo, desde la experiencia de campo de Global Witness, la rigurosidad jurídica de la American Bar Association, hasta el diagnóstico geopolítico de Ricardo Soberón— convergen en una misma verdad: la violencia contra los defensores ambientales no se resolverá desplegando regimientos militares, ni aprobando decretos de emergencia que suspenden garantías constitucionales por doce años consecutivos sin cambiar una sola estructura material. Soberón propone que el camino es desmantelar el modelo punitivo extractivista y acometer con urgencia tres medidas impostergables: saneamiento físico-legal y titulación colectiva inmediata, el reconocimiento legal y soporte a la Protección Colectiva y finalmente, reforma integral de la justicia y ratificación del Acuerdo de Escazú.
Y en nuestra opinión, quizá esta sea realmente la mejor alternativa. Mientras el Estado peruano persista en ver la Amazonía como un enclave militarizable y una cantera de recursos desregulados, las flechas de pijuayo de la guardia kakataibo seguirán siendo la última y precaria trinchera entre la vida del bosque y la barbarie del crimen globalizado.
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*Iván Brehaut es periodista especializado en temas de pueblos indígenas, Amazonía y ambiente, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de trabajos multidisciplinarios de tipo científico y de gestión social, llevados a cabo en diferentes regiones del Perú. Colabora con diversos medios periodísticos..
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