Entre 1936 y 1938 el jurista socialdemócrata Ernst Fraenkel elaboró una de las teorías más controvertidas del derecho y la política. Se trata de la aparente coexistencia de dos modelos de Estado que se muestran complementarios, pero que al final resultan catastróficos.
Si bien habría un Estado de Normas que exalta la vigencia de los derechos fundamentales, al menos en la retórica de los decretos así como de las leyes y de la jurisprudencia, subsiste también un silente Estado de Medidas a través de figuras que se muestran en un primer plano como jurídicas, pero en cuyo trasfondo se impone una definición y finalidad política de la realidad en la que tiene lugar la persecución y la arbitrariedad. Un régimen de legalidad autoritaria en el que el Estado de Medidas finalmente se devora al Estado de Normas.
En Ecuador, la grave situación de inseguridad definida como un “conflicto armado no internacional” por el presidente Daniel Noboa puede significar la emergencia y yuxtaposición de un Estado de Medidas. Con ello, la militarización indefinida de lo que queda de vida republicana, al tiempo que —con o sin previsión jurídica alguna— reconoce implícitamente en las organizaciones criminales la calidad de “beligerantes”; en otras palabras, de legitimación como bandos que también tendrían el derecho de hacerle la guerra al propio Estado ecuatoriano. Se trata en suma de una nueva configuración del orden jurídico que ni siquiera ha sido regulada por la Corte Constitucional en el reciente “control” del Estado de Excepción.
Esta definición-límite ha creado una dimensión económica y política paralela. La “guerra interna” se ha convertido en el comodín del gobierno para justificar el incremento del IVA del 12 al 15%, lo que ha traído consigo la pérdida del deficiente poder adquisitivo, el encarecimiento de los productos de la canasta básica y el mayor empobrecimiento de la población. Al mismo tiempo, la “guerra interna” es el pretexto para realizar una consulta popular a finales de este mes, donde quedan las dudas de si en el fondo no sería más que un instrumento para proyectar a Noboa en las presidenciales del siguiente año.
Pero la “guerra interna” también podría haber creado una compleja dimensión internacional. Su invocación está presente en el discurso del gobierno que intenta justificar la invasión a la Embajada de México en Quito. La declaratoria de “conflicto armado no internacional” ha permitido, en el caso ecuatoriano, la asunción de un régimen de legalidad autoritaria que encuentra en la guerra la continuación de la política por otros medios. La “guerra interna” es el reflejo de un Estado de Medidas.
Lo cierto es que la invasión a la Embajada de México, así como la extracción de Jorge Glas como su asilado político, no tienen justificación alguna en el derecho. Tanto en lo que respecta a la inviolabilidad de cualquier sede diplomática de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, cuanto a la potestad del Estado asilante para calificar la razón política de una solicitud de asilo según la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. Lo perpetrado por Noboa y su gobierno ha merecido el rechazo de la comunidad internacional y todavía no se divisan sus consecuencias.
Se ha construido no obstante un relato parcial. Se cree que la discusión de esta arbitraria acción del gobierno ecuatoriano gira únicamente en torno a la invasión de la Embajada de México en Quito. Una discusión que, por cierto, agrada a la más recalcitrante derecha que odia al correísmo y que no duda en seguir descalificando a sus dirigentes bajo la proclama reconciliadora de “¡México sí, Glas no!”. Sin embargo, tan grave es el hecho de haber invadido una sede diplomática como haber extraído por la fuerza a un asilado político.
En el martirio de Jorge Glas se hace aún más patente el Estado de Medidas. No sólo porque ante los ojos de cualquier jurista su detención deviene en ilegal, arbitraria e ilegítima, sino porque su extracción se convierte en un vil despojo de la ciudadanía universal; en otras palabras, del derecho que tiene cualquier ser humano a ser protegido por un Estado de Normas en el derecho internacional.
La invasión a la Embajada de México demuestra una peligrosa voluntad política que desafía a la comunidad internacional y que amenaza con ser replicada en otras latitudes. El gobierno de Noboa no sólo ha violado la soberanía de México. En la ejecución de esta invasión subsiste la más desencarnada forma de persecución política contra un habitante del planeta. Un ciudadano del mundo de origen judío que, al igual que Fraenkel, albergó en el derecho al asilo la esperanza de sobrevivir ante un Estado de Medidas.
*Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Autor de “Derecho penal de Auschwitz: la continuación del Estado Dual”, Buenos Aires, 2020.
Fuente: rebelion.org
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