Tras conocer la petición para enviar a juicio al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi, la defensa del exfuncionario solicitó a la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, el sobreseimiento del caso.
Tras conocer la petición para enviar a juicio al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi, la defensa del exfuncionario solicitó a la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, el sobreseimiento del caso.
La acusación del ente investigador contra el exministro se fundamenta en la posible comisión de cuatro delitos, lavado de dinero en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y asociación ilícita.
La audiencia para decidir si Sinibaldi enfrentará debate ante un Tribunal de Sentencia Penal fue fijada para el próximo viernes 26 de abril, a las 8:30 horas.
DEFENSA
En su argumentación, el abogado Abraham Girón, quien defiende al exministro, cuestionó la función que desarrolló la CICIG en la investigación del caso Construcción y Corrupción, al señalar que, según el acuerdo de creación de dicha entidad, tenía la prohibición de realizar algunas cuestiones que únicamente le correspondían a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
Girón explicó que dentro del acuerdo bilateral para el establecimiento de la CICIG, se contemplaba que esta entidad únicamente sería un auxiliar en la investigación, y no sería responsable de la misma.
El defensor sostuvo que al presentar informes de las acciones realizadas en las pesquisas, la entidad que contó con el aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU), habría desempeñado una función investigativa.
En otro aspecto mencionado por la defensa, se cuestionó cómo fue posible que en los allanamientos efectuados en el caso, personal de la CICIG no solo se apersonaban a las diligencias, sino eran quienes las dirigían, en contradicción a lo estipulado en la norma vigente que establece que este tipo de órdenes sólo pueden ser ejecutadas por los fiscales del ente investigador.
También expresó duda acerca de si la entidad internacional estaba facultada para consultar y solicitar documentos originales del expediente para su consulta fuera de la sede fiscal o jurisdiccional, como parte de la prueba material, pues a su criterio existe prohibición expresa para hacerlo.
Además, objetó la utilización de varios formatos para la recolección de evidencia usados en el proceso contra el exministro, por lo cual Girón consideró que esa era una violación a las normas establecidas en los manuales y reglamentos considerados para recabar indicios en la escena del crimen.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
El MP acusa al exministro de supuestamente haber creado tres empresas con el objetivo de captar comisiones ilegales por la cancelación de deuda o adjudicación de obra a contratistas del Estado.
En cuanto a las referidas entidades comerciales, la defensa hizo un desglose de los presuntos montos que el MP le atribuye a cada una de éstas.
La exposición de Girón se fundamentó en la acusación del MP que asegura que las dádivas recibidas de contratistas ocurrieron a través de tres empresas de «cartón» que facturaron grandes sumas de dinero.
Las entidades que, según el MP, presuntamente fueron las encargadas de recibir los recursos y a las que se refirió Girón son:
Constructora y Agropecuaria Agua Azul.
Constructora y Agropecuaria El Florido.
Venelli.
EL CASO
El 14 de agosto de 2017, el MP y la entonces CICIG presentaron el caso Construcción y Corrupción, con el cual se sostuvo que existía una estructura de alto nivel que supuestamente era liderada por Sinibaldi.
El MP subrayó que la red habría operado durante el gobierno del extinto Partido Patriota (PP), y que supuestamente recibía sobornos a cambio de cancelar la deuda de arrastre que se tenía con contratistas del Estado o por asignarles nuevos proyectos, según se describió en la fase uno.
Mientras que en la fase dos se identificaron, de acuerdo con el MP, otras modalidades como pagos que se realizaban en el extranjero por medio de empresas off shore con simulación de contratos de asesorías o préstamos, pagos por contratación de asesorías, pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes.
La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes:
Negocios del Ministerio de Comunicaciones.
Lavado de activos.
Financiamiento electoral ilícito.
Obstaculización a la justicia.
Fuente: lahora.gt
