En una audiencia pública programada para el 28 de mayo, kichwas de la región San Martín denunciarán el despojo territorial y las falsas soluciones climáticas de las que son víctimas en Perú.
Protesta kichwa frente a Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Areas Naturales (CIMA) que administran el Parque Nacional Cordillera Azul. Tarapoto, 2022
El pueblo Kichwa de la región San Martín compartirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sus preocupaciones por el despojo territorial y las falsas soluciones climáticas de las cuales son víctimas.
Su intervención se dará el 28 de mayo en Brasil como parte de una audiencia pública convocada por la Corte IDH a partir de una opinión consultiva solicitada sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos”.
Los kichwas esperan que, tras su participación, la Corte IDH desarrolle estándares regionales para armonizar los compromisos de mitigación del cambio climático con los derechos de pueblos indígenas y tribales.
La representación kichwa estará a cargo de una comisión del pueblo integrada por los líderes Marco Sangama Cachay, Inocente Sangama Sangama y César Romero Shampiama, y acompañada por organizaciones aliadas.
Dichas organizaciones son el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Esta delegación compartirá la experiencia de comunidades que se ven afectadas por la creación de áreas naturales protegidas sin su consentimiento y la expansión de mercados de carbono y los proyectos REDD+.
Como se sabe, los kichwa de San Martín denuncian que el Gobierno peruano creó el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) en su territorio ancestral sin su consentimiento y sobre él impuso un proyecto REDD+.
Estos proyectos, creados para ‘compensar’ las emisiones de empresas contaminantes con la compra de créditos de carbono, en los hechos solo están sirviendo para limpiar la imagen corporativa de estas empresas.
Esto debido a que, como en el caso de los kichwa, operan sin transparencia ni rendición de cuentas y sin una distribución equitativa por las acciones de conservación que realiza el pueblo en su territorio ancestral.
Esto ha significado un retroceso en sus derechos colectivos y territoriales, pues ha frenado el saneamiento legal territorial de varias comunidades, impidiendo que recuperen plenamente su territorio.
Quienes impulsan este modelo de compensación se aprovechan de la carencia de una regulación de los mercados de carbono.
Como consecuencia, se observa un aumento en las violaciones de derechos de pueblos indígenas por parte de estos mercados impuestos por actores privados, tal como ocurre en el caso del pueblo Kichwa.
Para conocer más sobre este caso, puede seguir la audiencia pública que será transmitida el 28 de mayo a las 2:30 p. m. (horario de Brasil) por la página de Facebook de la Corte IDH.
Fuente: servindi.org
