El Congreso de la República aprobó el pasado 4 de julio una reforma a la Ley Temporal de Desarrollo Integral que autoriza al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a tomar saldos no ejecutados de caja para beneficiar a un número mayor de veteranos militares.
En 2022, los veteranos militares protagonizaron varias protestas, algunas de ellas violentas, en la capital. Foto: La Hora / José Orozco.
El Congreso de la República aprobó el pasado 4 de julio una reforma a la Ley Temporal de Desarrollo Integral que autoriza al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a tomar saldos no ejecutados de caja para beneficiar a un número mayor de veteranos militares.
La ley dio vida al Programa de Desarrollo Integral por medio del cual se otorga, en pagos, Q36 mil a cada exmilitar durante tres años -Q1 mil mensuales-. La reforma da 45 días para que se inscriban más beneficiarios. Solo el año pasado el beneficio alcanzó a más de 43 mil personas.
La Ley fue aprobada en octubre de 2022, después de manifestaciones violentas en la capital y de bloqueos en carreteras de la provincia. Contempla que los veteranos militares deben hacer trabajos de reforestación y conservación de bosques para la protección de fuentes de agua, entre otras actividades, para tener derecho al pago.
No hay un número específico de cuántas personas podrían ser beneficiadas con la reforma a la Ley. Quienes pretendan ingresar tendrán que demostrar su constancia de servicio que debe ser extendida por el Ejército.
Un veterano militar acude a recibir uno de los pagos. Foto La Hora / Mides.
IRREGULARIDADES
El programa, que a partir de este año contará con más recursos, fue objeto de una denuncia penal por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), según su informe anual que publicó en mayo pasado. Esta asciende a más de Q36 millones.
El programa erogó el año pasado Q348 millones, de acuerdo con el informe de la Contraloría, y se benefició a 43 mil 625 personas; sin embargo, la auditoría determinó que de este total de beneficiarios, 26 mil 894 cumplieron con los requisitos establecidos en la ley, entre estos el haber prestado el servicio militar durante el Conflicto Armado Interno.
Los restantes 16 mil 624 no cumplieron con lo establecido en la norma y no debían ser beneficiados con el programa.
Además, la auditoría determinó que, de acuerdo con registros del Registro Nacional de las Personas (Renap), se hicieron pagos por Q21 mil en favor de personas que ya estaban fallecidas.
De esa cuenta, el informe dice que los responsables de revisar los expedientes de quienes fueron inscritos «no verificaron que el personal de tropa que prestó servicio militar y que reciben el beneficio del Programa de Desarrollo Integral, fueran los reportados por el Ministerio de la Defensa Nacional y validados ante el Renap».
Por tal razón, la CGC considera que en el manejo del programa hubo «falta de transparencia».
QUÉ DIJERON LOS RESPONSABLES
La CGC presentó denuncias penales en contra de los responsables de la Comisión Revisora de Expedientes: Ana Paulina Santizo Saravia, Edwin David Turcios Hernández, Hilse Morales Santos de Gamboa y Javier Eduardo Paniagua Polanco.
En el informe se citan comentarios de descargo de la primera de ellas -Santizo Saravia- quien, entre otras justificaciones, explica que en el nombramiento no están especificados los procesos relacionados a la entrega de los pagos mensuales y que, con la auditoría, se viola el «derecho de defensa y debido proceso».
Añade que cuando fueron notificados del hallazgo, los auditores de la Contraloría no llevaban los oficios del Ministerio de la Defensa (Mindef), que fueron la base para hacer las denuncias, por lo que los miembros de la Comisión no se enteraron de los nombres de los 16 mil 624 beneficiarios que habrían recibido los recursos de forma irregular.
También dice que en el listado que en su oportunidad el Ministerio de la Defensa entregó al Mides para incluir a los beneficiarios omitió, por ejemplo, a las personas que por alguna razón cambiaron su nombre y que «es menester indicar que el Mindef no cuenta con datos actualizados de beneficiarios».
Además, subraya que el Mindef todavía hace diferenciación con los nombres que llevan «tilde» por lo cual muchos pueden no coincidir. Por otra parte, dicen los comentarios de Santizo Saravia, citados en el informe de Contraloría, el Mindef no tiene actualizado el número de identificación personal (DPI) y no cuenta con datos actualizados de los veteranos militares.
Por estas razones, concluye, «el Mides es el único que cuenta con un padrón actualizado y veraz en relación con el personal de tropa que prestó servicio durante el Conflicto Armado Interno».
Asegura que «no es requisito para ser beneficiario del programa estar en los listados proporcionados por el Mindef, ya que, en los referidos listados no fueron consideradas las situaciones antes descritas».
CONFIRMA HALLAZGO
No obstante la amplia aclaración de Santizo Saravia, la CGC confirmó el hallazgo, puesto que los 16 mil 624 beneficiarios, insiste, «no cumplieron con el tiempo de servicios y emisión de certificado y/o constancias emitidas por el Mindef».
Agrega que los responsables no mostraron información o documentación que demuestre que la totalidad de beneficiarios fueron validados por el Mindef como lo regula el Reglamento de la Ley Temporal de Desarrollo Integral.
Fuente: lahora.gt
