Lima. Más de 4 mil peruanos se manifestaron el sábado en Lima cargando ataudes forrados de papel negro y llevando carteles para exigir justicia por los 50 muertos y 716 lesionados en choques con la fuerza pública durante las protestas de 2022 y 2023 que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
No es la primera protesta de ese tipo para demandar justicia por esos hechos. En esta ocasión, los manifestantes llegaron sobre todo de los Andes del sur, la zona donde hubo más fallecidos y heridos.
Antes de empezar a marchar por la capitalina plaza Dos de Mayo varios echaron un vaso con cerveza sobre el suelo, la forma tradicional de mostrar respeto a Pachamama, la “madre tierra” en lengua quechua.
Entre los manifestantes estaba Alex Mamani, de 35 años, quien en 2023 recibió un balazo que le destrozó la mandíbula en la ciudad de Juliaca cuando llegaba de trabajar hasta su cuarto rentado junto al aeropuerto Inca Manco Capac de esa ciudad, donde se produjeron choques sangrientos con la policía.
“Marcho por busca de justicia”, señaló Mamani, quien antes de ser herido jamás había protestado y no le interesaba la política. “Boluarte es una descarada que no quiere dejar el cargo porque no quiere asumir la responsabilidad de los asesinatos y de los heridos”, agregó.
Mamani refirió que tras dos operaciones de reconstrucción de la mandíbula no puede masticar y sólo puede comer alimentos licuados. “Perdí mi trabajo porque no puedo hablar claramente, ahora vivo de la ayuda de mis padres”, aseguró.
Leandra Condori indicó que llegó desde Cusco y dijo que Perú vive una crisis política permanente.
“La presidenta es una verdadera vergüenza, no nos representa, menos a las mujeres y el Congreso tampoco porque sólo legisla para los intereses de las economías ilegales: la minería, la tala de la madera”, señaló Condori.
El domingo, la mandataria Boluarte —que tiene 5% de aprobación y 90% de impopularidad, según un sondeo nacional de julio del Instituto de Estudios Peruanos— pronunciará su segundo mensaje al país desde el Parlamento por el día de la fiesta nacional tras más de un año y medio de gobierno.
La presidenta, que no tiene una bancada parlamentaria, ha sobrevivido durante su corto mandato a cinco pedidos de destitución gracias a una coalición con grupos de legisladores populistas y conservadores de un Parlamento que es aún más impopular que ella. Según la misma encuesta nacional de julio del Instituto de Estudios Peruanos, el Congreso tiene 4% de aceptación, 2% de indecisos y 94% de impopularidad.
Hace una semana el gobierno rechazó un informe de Amnistía Internacional que afirma que la presidenta debería ser investigada como posible autora intelectual de las graves violaciones a los derechos humanos que dejaron 50 civiles muertos en las protestas que exigían su renuncia entre 2022 y 2023.
El informe indicó que desde el primer día de las protestas “la presidenta desoyó informes de inteligencia afirmando que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales y que el número de personas no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas”.
Añadió que “ella no hizo caso de esa información” y pidió elaborar a los ministros el Estado de Emergencia y desplegar a militares.
Las protestas sociales se encendieron en Perú el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Parlamento, pero no recibió apoyo de las fuerzas de seguridad. Boluarte, que era vicepresidenta, lo sucedió en el cargo.
Los manifestantes —en su mayoría indígenas del sur de los Andes que habían votado abrumadoramente por Castillo— exigieron la renuncia de Boluarte, quien se había comprometido a renunciar si Castillo era removido por el Congreso. Al final Castillo fue encarcelado y la justicia ordenó su prisión preventiva por tres años mientras es investigado por los delitos de rebelión y corrupción.
Las protestas dejaron 50 civiles muertos y 716 lesionados, según la fiscalía. También murieron seis soldados y un policía. El 88% de las muertes y 59,1% de lesionados ocurrieron en el sur de los Andes, de mayoría indígena y donde se habla la lengua quechua.
Informes previos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones que se extendieron hasta marzo de 2023.
