Este año, 10 de los 21 contratistas del Estado que hicieron negocios con la estructura B410, continúan facturando a distintas instituciones, según pudo constatar La Hora por medio de una herramienta informática que recopila datos de Guatecompras.
El NIT -número de identificación tributaria- de estas empresas fue suspendido, de acuerdo con información de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que el pasado 14 de agosto dio a conocer el resultado de nueve meses de investigación que revelaron cómo una red de 410 empresas, la mayoría registrada con una dirección ficticia, en la colonia «Bambi», zona 7, defraudaron al fisco Q300 millones.
Asimismo, destaca que La Hora tuvo conocimiento que, además de las 8 entidades que se mencionaron en la conferencia de prensa, existen otras 21 personas jurídicas y/o personas individuales que la SAT estima tuvieron relación con la estructura B410, pero que además eran fuertes contratistas del Estado.
«La Hora no publica nada relacionado a los impuestos de tales empresas y/o personas individuales, solo hace referencia a sus ventas reportadas en Guatecompras, el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado», anota una publicación de este medio publicada en agosto pasado.
Estos contribuyentes registran este año al menos 38 adjudicaciones que suman Q72 millones. Sus principales compradores han sido, la comuna de Guatemala, el Ministerio de Salud y las municipalidades de Siquinalá, Escuintla, Morales y Los Amates, en Izabal, así como el Comité Permanente de Exposiciones (Coperex)
CONTRATOS
Dentro de los bienes y servicios que estas instituciones oficiales pagaron destaca que la mayoría de estos fueron trabajos de infraestructura.
Por ejemplo, la Municipalidad de la ciudad de Guatemala adjudicó los dos contratos más elevados, uno Q17.9 millones, a la empresa Proyectos Generales y Construcciones, S. A. por la «tala y poda de árboles», y otro por Q11.9 millones, a la empresa Coamco, el primero fue por el servicio de «tala y poda de árboles», y el segundo por el arrendamiento de mil 800 horas de un tractor.
Enseguida, el Ministerio de Salud contrató al contribuyente José Rodolfo Guerra Díaz, cuyo nombre comercial es Constructora Petén, para la construcción de varios puestos de Salud, en distintos departamentos. El monto del contrato fue de Q3.6 millones. Coperex, por su parte, le adjudicó a H3 Guatemala el remozamiento del salón Guatemala, del Parque de la Industria por Q2.9 millones.
Salud también licitó la construcción de otros puestos de salud en cuatro departamentos. Un contrato se lo adjudicó a Conamagresur, por Q2.9 millones, mientras que uno segundo fue para la empresa Productos Especiales de Concreto (Preco) por Q2 millones 692 mil.
La Municipalidad de Siquinalá, Escuintla, por su lado, contrató los servicios de PCS Constructores para que se hiciera cargo de la reposición del sistema de agua potable en diferentes colonias del municipio, para lo cual firmó tres contratos que van desde los Q2 millones 130 mil hasta los Q2 millones 440 mil.
Constructora y Transporte JLE se hizo de dos contratos, ambos por poco menos de Q2.1 millones. El primero con la municipalidad de Morales, Izabal, para el mejoramiento de una calle rural, y el segundo fue con la comuna de San Benito, Petén, por trabajos en el edificio de educación superior anexo al Centro Universitario de Petén.
Finalmente, la comuna de Santa Catarina Pinula, Guatemala, contrató a Coamco para que le suministrara emulsión asfáltica para ser utilizados en parques y áreas recreativas, por un monto de Q1.6 millones, mientras que la de Los Amates, Izabal, le otorgó uno por Q1.3 millones para mejorar una calle rural.
El resto de contratos fueron por montos inferiores al millón de quetzales, todos están relacionados con mejoramiento, construcción o rehabilitación de distinta infraestructura, así como por el arrendamiento de maquinaria.
EL CASO B410
El caso develado por la SAT, B410, es considerado como el caso de defraudación tributaria más grande que se ha dado a conocer en el país, incluso más que La Línea, que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en 2015.
Según la investigación del ente recaudador, 410 empresas se instituyeron para defraudar al fisco por más de Q300 millones, cifra que podría aumentar hasta los Q800 millones. Sin embargo, por lo menos nueve de estas empresas supuestamente vendieron bienes y servicios por Q81 millones a diversas instituciones del Estado, entre 2021 y 2023, que se desconoce si se recibieron. La Hora publicó dos artículos en los cuales da a conocer que varios de estos productos se vendieron con sobreprecio.
La SAT, de acuerdo con la investigación, dijo que la mayoría de las empresas fueron constituidas por el mismo notario y tenían registrada una dirección, en una colonia que no existe, supuestamente en la zona 7 capitalina. Además, no tenían trabajadores, instalaciones ni estados de cuenta que respaldaran las millonarias transacciones que hicieron.
La Hora tuvo conocimiento de quiénes son los 21 contribuyentes que son grandes contratistas del Estado y que hicieron negocios con la estructura B410. El listado que es encabezado por Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro).
El día que se presentó la investigación, este medio publicó un artículo en el que da a conocer que la estructura develada por la SAT apunta a Miguel Martínez, ex jefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei. Dieciséis de estas empresas facturaron a instituciones del Estado Q4 mil 342 millones, de los cuales el 91% se los adjudicó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Fuente: lahora.gt
