«El caso de Lula da Silva es un ejemplo paradigmático de lawfare, en el que los mecanismos judiciales y mediáticos se utilizan como herramientas para deslegitimar a un adversario político y evitar su retorno al poder. La complicidad entre los medios de comunicación, los tribunales y figuras como Sergio Moro permitió la creación de una narrativa que presentaba a Lula como el principal responsable de la corrupción en Brasil, a pesar de las escasas pruebas que sustentaban estas acusaciones.»
Por: Nicolás Romero
A continuación les compartimos el primero de una serie de artículos que llevan por nombre «Lawfare en América». Un esfuerzo por analizar y comprender las dinámicas tras la persecución político-judicial-mediática a los principales dirigentes de nuestra región, desde el caso de Manuel Zelaya en 2009, hasta el reciente caso del alcalde Daniel Jadue en Chile. Una serie que también contará la historia de Cristina Fernández de Argentina, Dilma Rousseff de Brasil. Gustavo Petro de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Pedro Castillo del Perú. Partimos con el emblemático caso del presidente de Brasil, Lula Da Silva.
El término «lawfare» es una combinación de las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), y se refiere a la utilización de los mecanismos legales como armas políticas para desacreditar y perseguir a opositores. En el caso de Brasil, uno de los ejemplos más claros de esta estrategia fue la persecución judicial y mediática contra Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente del país y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT).
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, fue acusado, condenado y encarcelado en el marco de la Operación Lava Jato, una vasta investigación de corrupción. Sin embargo, con el tiempo, numerosos analistas, juristas y figuras políticas denunciaron que el proceso contra Lula formaba parte de una estrategia de lawfare para sacarlo del juego político y evitar su regreso al poder. Este artículo explora cómo se configuró esta persecución, destacando el papel de los medios de comunicación, los tribunales de justicia y, particularmente, la figura del juez Sergio Moro, quien fue clave en la condena de Lula.
El papel de los medios de comunicación
El rol de los medios de comunicación fue central en la construcción de una narrativa que facilitara la persecución judicial contra Lula. Durante años, varios de los principales medios brasileños —como Globo, Folha de São Paulo y Veja— mantuvieron una postura crítica hacia los gobiernos del PT. Con la llegada de las denuncias de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato, esta narrativa se intensificó y Lula pasó a ser retratado como el principal responsable de un esquema masivo de corrupción que involucraba a la estatal Petrobras y grandes constructoras brasileñas.
Desde el inicio de las investigaciones, los medios dedicaron extensas coberturas a los escándalos, colocando a Lula en el centro de las acusaciones, incluso cuando no existían pruebas sólidas en su contra. Las filtraciones de las investigaciones judiciales, muchas veces obtenidas de manera ilegal, eran constantemente publicadas por estos medios, generando una atmósfera de culpabilidad en torno al ex presidente antes de que se le juzgara formalmente.
Uno de los episodios más controvertidos fue la difusión de conversaciones telefónicas interceptadas entre Lula y Dilma Rousseff, su sucesora en la presidencia. La difusión de estas grabaciones, realizadas de manera ilegal y sin autorización judicial, fue clave para movilizar a la opinión pública en contra de Lula y el PT, y para justificar su posterior detención.
Además, la narrativa dominante en los medios brasileños omisión en su cobertura aspectos importantes, como los logros sociales de los gobiernos de Lula, que sacaron a millones de brasileños de la pobreza, y la falta de pruebas concretas en su contra. Los medios colaboraron con la construcción de un clima de linchamiento mediático que permitió que el juicio en contra de Lula fuera percibido como justo, aunque, en retrospectiva, quedó claro que estuvo lleno de irregularidades.
La actuación de los tribunales de justicia
El sistema judicial brasileño también fue un actor clave en el lawfare contra Lula. La Operación Lava Jato, que comenzó como una investigación para destapar un esquema de lavado de dinero y corrupción en Petrobras, se transformó rápidamente en una herramienta para desmantelar el PT y su liderazgo. El proceso judicial contra Lula estuvo plagado de irregularidades, desde la falta de pruebas contundentes hasta la politización de las decisiones judiciales.
Uno de los puntos más críticos del juicio fue la acusación de que Lula había recibido un apartamento triplex en Guarujá, São Paulo, como soborno por parte de una empresa constructora. A pesar de que no existían pruebas directas que vincularan a Lula con la propiedad del inmueble, el juez Sergio Moro condenó a Lula en 2017, basándose en «convicciones» más que en evidencias irrefutables. Esta condena, más tarde, fue ratificada en segunda instancia, lo que llevó a la prisión de Lula en abril de 2018, justo cuando lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales de ese año.
Lo que resultó más preocupante para muchos observadores internacionales fue la rapidez con la que se procesó y condenó a Lula en comparación con otros acusados en la Operación Lava Jato, muchos de los cuales pertenecían a otros partidos políticos y no enfrentaron las mismas consecuencias judiciales. Además, los tribunales rechazaron repetidamente los intentos de la defensa de Lula por presentar nuevas pruebas que desacreditaban los testimonios en su contra, y las cortes superiores tardaron en revisar las apelaciones.
Un giro crucial en la percepción de la persecución judicial contra Lula ocurrió en 2019, cuando el sitio de noticias The Intercept reveló una serie de mensajes privados entre el juez Sergio Moro y los fiscales de Lava Jato. Estos mensajes mostraron que Moro, quien supuestamente debía actuar de manera imparcial como juez, coordinaba y asesoraba a los fiscales, violando así los principios de independencia judicial. Las revelaciones confirmaron lo que muchos ya sospechaban: que el juicio contra Lula había sido manipulado para garantizar su condena y, en última instancia, su exclusión del escenario político.
La figura de Sergio Moro
El juez Sergio Moro fue uno de los protagonistas más destacados en la persecución judicial contra Lula. Moro, hasta entonces un juez federal relativamente desconocido, saltó a la fama por su rol en la Operación Lava Jato, y fue aclamado por sectores de la sociedad y los medios como un héroe anticorrupción. Sin embargo, su papel en el proceso contra Lula levantó serias dudas sobre su imparcialidad y motivaciones políticas.
Uno de los puntos más controvertidos fue su decisión de liberar grabaciones telefónicas entre Lula y Dilma Rousseff, lo que avivó las protestas en contra del PT y ayudó a crear una narrativa pública en la que Lula ya era percibido como culpable antes de que se le juzgara formalmente. Posteriormente, en 2018, cuando Lula fue condenado y encarcelado, Moro consolidó su figura como uno de los principales actores en la caída del PT.
Sin embargo, la verdadera politización del juez quedó expuesta cuando, tras la elección de Jair Bolsonaro como presidente en 2018, Moro aceptó el cargo de ministro de Justicia en su gobierno. Esto generó una evidente contradicción entre su rol como juez «imparcial» y su ingreso a un gobierno que se había beneficiado políticamente de la encarcelación de Lula, su principal rival. La aceptación del cargo por parte de Moro confirmó para muchos que sus motivaciones durante el proceso de Lava Jato no eran puramente judiciales, sino profundamente políticas.
Las filtraciones de The Intercept revelaron aún más la parcialidad de Moro. Los mensajes mostraron cómo Moro asesoraba a los fiscales, sugería estrategias de acusación y coordinaba el timing de las acciones judiciales para maximizar el impacto político. Estas revelaciones no solo empañaron la reputación de Moro, sino que también pusieron en entredicho todo el proceso judicial contra Lula, quien finalmente fue liberado en noviembre de 2019 después de pasar 580 días en prisión.
Conclusión: el Lawfare como arma política en Brasil
El caso de Lula da Silva es un ejemplo paradigmático de lawfare, en el que los mecanismos judiciales y mediáticos se utilizan como herramientas para deslegitimar a un adversario político y evitar su retorno al poder. La complicidad entre los medios de comunicación, los tribunales y figuras como Sergio Moro permitió la creación de una narrativa que presentaba a Lula como el principal responsable de la corrupción en Brasil, a pesar de las escasas pruebas que sustentaban estas acusaciones.
Si bien Lula finalmente recuperó su libertad y se reestableció su elegibilidad política, el daño causado por el lawfare es profundo. La persecución judicial no solo afectó a Lula personalmente, sino que también socavó la confianza en las instituciones democráticas de Brasil, polarizó a la sociedad y debilitó al sistema judicial.
La Operación Lava Jato, que en sus comienzos parecía una cruzada legítima contra la corrupción, terminó revelando una agenda política que buscaba neutralizar a un líder popular y al partido que representaba. A través del lawfare, las élites políticas y judiciales de Brasil lograron transformar los tribunales de justicia en un campo de batalla política, afectando profundamente el curso de la democracia en el país.
Fuente: revistadefrente.cl
