Dirigentes de la Nación Wampis en Perú instaron a miembros de la Cámara de los Comunes en Londres a prohibir el apoyo de la banca internacional a las actividades petroleras en la Amazonía por el daño que ocasionan a las selvas tropicales.
Los representantes wampis se unieron en Londres a otras delegaciones que presionaban a favor de una propuesta de ley que tipificaría como delito que las empresas británicas dañen el ambiente y los derechos humanos.
Luego de recibir la información de la representación wampis, la baronesa Ritchie de Downpatrick planteó la cuestión en la Cámara de los Lores y en una entrevista realizada el viernes, calificó las acciones de los bancos como “deplorables”.
Exigencia internacional
Delegaciones de Colombia, Liberia y México se reunieron con la baronesa Ritchie y luego con altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido.
“Es necesaria la ley corporativa”, afirmó, “para garantizar que esto se detenga. Tiene que ver con el respeto. Hay que respetar a las personas que se dedican a la minería o a la exploración petrolera en sus países”.
Jesús Javier Thomas González, del norte de México, habló de una batalla de diez años con una compañía minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y que, según él, ocupó y devastó ilegalmente sus tierras.
La empresa tiene “una enorme influencia económica y política en México”, afirmó. Es un buen ciudadano corporativo en el Reino Unido, dijo, “pero en México se comportan de manera diferente”.
Un portavoz del gobierno del Reino Unido dijo que las empresas británicas siempre deben actuar para evitar daños ambientales, y su enfoque para abordar aquellos que no lo hacen está bajo revisión constante.
La argumentación wampis
La delegación indígena cuestionó el apoyo financiero de la banca internacional a la petrolera estatal Petroperú en su intento de modernizar una refinería costera.
La planta procesa petróleo crudo que procede de un oleoducto de 1.094 kilómetros que atraviesa la selva tropical y que en la última década produjo decenas de fugas en su recorrido ocasionando daños ambientales.
Informaron que el banco HSBC, con sede en el Reino Unido, JPMorgan Chase, en Estados Unidos, y Santander, en España, ayudaron a financiar a Petroperú.
Existen más de 15.000 wampis que viven en unos 13.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales y humedales en el norte de Perú que albergan una biodiversidad extraordinaria.
Teófilo Kukush Pati, pamuk o autoridad máxima de la nación indígena wampis, dijo: “hemos estado conservando nuestro bosque durante más de 7 000 años”.
Sin embargo, ahora sus ríos y otras fuentes de agua están gravemente contaminados y “no hay garantía de vida… estamos en una situación muy grave” dijo Teófilo Kukush.
El pueblo Wampis hizo noticia en 2015 cuando se declaró como un gobierno autónomo, en parte obligado para proteger su ambiente ante la falta de control ambiental por parte del Estado peruano.
A pesar del control territorial efectivo que realiza el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) el gobierno de Perú no lo reconoce oficialmente aunque diversas autoridades dialogan con él.
Cabe recordar que el GTANW enfrenta el desborde de la minería ilegal y capturó en 2024 a un grupo de mineros ilegales entre los que se encontraban miembros de la Policía Nacional.
Por este motivo, la comitiva wampis también manifestó su rechazo a la deforestación y a la minería ilegal en su territorio ancestral.
Un esquema de financiamiento
Tsanim Evaristo Wajai Asamat, otro líder wampis, expresó su preocupación al descubrir que varios bancos financian a Petroperú bajo un esquema de “bookrunners” (corredor de libros).
En la banca de inversión, un bookrunner suele ser el principal suscriptor o coordinador de emisiones de acciones para reducir el riesgo de la los bancos de inversión.
El banco que gestiona los libros es el más cercano al emisor y controla las asignaciones de acciones a los inversores, manteniendo una importante discreción al hacerlo, lo que coloca al bookrunner en una posición muy favorecida.
Los bancos actuaron como “bookrunners” en una oferta de bonos de 1.000 millones de dólares para las obras de la refinería en 2021, según informó la organización británica sin ánimo de lucro Bureau of Investigative Journalism.
Cuando los bancos actúan como bookrunners, anuncian los bonos a sus clientes y utilizan su reputación para dar confianza a los inversores.
El proveedor de datos financieros Dealogic estima que cada banco ganó 583.000 dólares en comisiones.
La respuesta de los bancos
Un portavoz del banco Santander dijo por correo electrónico que la empresa cumple con todas las normas ambientales pertinentes y realiza un análisis cuidadoso antes de respaldar a empresas que operan en la Amazonía.
Asimismo, un portavoz de JPMorgan dijo que los derechos indígenas son una consideración fundamental en toda su actividad.
De igual manera, un portavoz de HSBC dijo en un comunicado que impone restricciones a los proyectos de respaldo en la Amazonía.
El cuestionado desempeño de Petroperú
Petroperú admitió en un correo electrónico que en la última década hubo 89 fugas del oleoducto, pero que sólo dos fueron causadas por fallas de equipos. La mayoría fueron causadas por criminales o fuerzas naturales.
Además, indicó que Petroperú ha gastado más de 180 millones de dólares en limpiar los derrames de petróleo de la última década, agregó.
Según el prospecto de emisión de bonos de Petroperú para el proyecto de refinería, que brinda transparencia a los inversores, los compradores de bonos enfrentaron riesgos financieros.
Entre ellos se encuentran riesgos “relacionados con los efectos de las fugas de petróleo en las comunidades locales e indígenas”.
Podría haber protestas, multas, compensaciones y publicidad negativa, advirtió Petroperú, y las comunidades indígenas habían “adoptado medidas hostiles contra nuestras instalaciones y recursos en varias ocasiones”.
El prospecto también decía que los fiscales peruanos estaban llevando a cabo investigaciones penales sobre derrames de petróleo que incluían a exejecutivos de Petroperú.
Petroperú ha negado desde entonces que se esté investigando a personas de su nivel ejecutivo, diciendo que dos empleados de nivel inferior estaban entre los que eran de interés para los fiscales.
La empresa dijo por correo electrónico que está cooperando con la investigación.
En 2022, al año siguiente del acuerdo de emisión de bonos, los reguladores peruanos sancionaron a Petroperú con 66 multas, incluidas las relacionadas con nuevos derrames de petróleo a lo largo del oleoducto.
Los tres bancos volvieron a hacer negocios con Petroperú en 2023, brindándole asesoramiento mientras la petrolera buscaba cambiar los términos de su deuda.
Fuente: servindi.org
