La Procuraduría General de la Nación (PGN), que dirige Julio Saavedra, insiste en poner bajo la lupa y el escrutinio las acciones de la jueza Abelina Cruz Toscano. Esta vez presentó una queja ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ), luego de que la juzgadora se reuniera con la fiscal del Ministerio Público (MP), Sofía Castillo, en su despacho, pese a que la Ley de la Carrera del OJ lo prohíbe.
El pasado 17 de octubre, Castillo, agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), se reunió con Cruz, jueza de Mayor Riesgo D, para supuestamente confirmar si el próximo día se realizarían dos audiencias del caso Construcción y Corrupción. Así lo reveló La Hora en una publicación, que documentó a la fiscal saliendo y consignó su declaración en donde confirma juntarse con la togada.
La PGN colocó la queja en contra de la jueza Cruz en su calidad de querellante adhesivo del caso, en representación del Estado de Guatemala, el pasado 6 de diciembre y a la vez presentó una recusación que busca apartar a la juzgadora del caso Construcción y Corrupción al dudar de su imparcialidad dentro del proceso por la reunión con la fiscal Castillo.
JUNTA DEBE INICIAR PROCESO
La publicación de La Hora titulada “Fiscal de FECI y jueza Cruz se reúnen previo a audiencias en caso Construcción y Corrupción” derivó en un primer pedido de la PGN de separación de la togada del caso —pero que rechazó una Sala de Apelaciones— y una serie de procesos penales en contra del periodista Diego España por entrevistar a la fiscal Castillo.
Ahora, la Procuraduría lanza un último recurso para que la Junta de Disciplina establezca si la jueza Cruz incurrió en una “falta gravísima” al reunirse con la fiscal de la FECI en su despacho, según la ley de la Carrera del OJ que rige y corrige las acciones de todo el personal que labora para dicha institución.
Dicha normativa, que contempla las «faltas y sanciones» de jueces y magistrados del OJ, el artículo 42 establece como una «falta gravísima» el «sostener reuniones privadas con una de las partes procesales o sus representantes, sin presencia de la otra parte o demás sujetos procesales que sean requeridos».
La fiscal Castillo Rivas es una de las partes procesales del caso de presunta corrupción mencionado. Además, a dicha reunión solo acudió la representante del MP y no estuvo presente ningún querellante adhesivo o abogado defensor de los más de 80 acusados en dicha carpeta judicial.
Con la queja de la PGN, ahora el peso recae sobre la Junta de Disciplina Judicial quien debe decidir si admite la denuncia o la rechaza. Contra esa resolución, tanto Cruz como la Procuraduría puede interponer un último recurso para que proceda o se caiga el procedimiento disciplinario.
El artículo 42 establece como una “falta gravísima” en su literal bb “sostener reuniones privadas con una de las partes procesales o sus representantes, sin presencia de la otra parte o demás sujetos procesales que sean requeridos”.
Para las “faltas gravísimas” la normativa establece la suspensión desde 21 hasta noventa 90 días sin goce de salario, destitución o inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el OJ.
Por su parte, la PGN pidió “que se realice la investigación correspondiente y el trámite de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial. Además, acreditó como prueba la publicación de este diario, el video en donde la fiscal sale del despacho de la jueza y dos actividades procesales defectuosas dentro del caso.
LA PUBLICACIÓN
La publicación que señaló la reunión consigna que la fiscal Castillo indicó que se reunió con la juzgadora porque, según su versión, estaba “muy confundida” sobre si dos audiencias relacionadas con el caso “Construcción y Corrupción” se iban a llevar a cabo al día siguiente porque el MP no había sido notificado y otras partes procesales sí.
Por ello, Castillo habría acudido al despacho de la jueza. Cabe destacar que en otros casos, tanto los fiscales del MP, abogados, querellantes adhesivos o acusados verifican si la audiencia está programada por medio de los secretarios u oficiales de los juzgados. Esto sin la necesidad de que el juez a cargo del proceso les dé una reunión en su despacho.
Para el día después de la reunión se tenía programada la audiencia del exembajador Julio Ligorría para que la jueza Cruz determinara si el caso en su contra se mantiene vigente o se cerraba. De acuerdo con Ligorría, el MP no tiene pruebas fehacientes en su contra desde 2016, cuando se giró la orden de captura en su contra.
Asimismo, se tenía programada la primera declaración de Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, el hermano del exministro de Comunicaciones.
EL ATAQUE DE FECI
Tras la publicación, la fiscal Castillo remitió un oficio a su jefe, Rafael Curruchiche, en donde aseguró que el periodista España usó su fuerza física para que le diera declaraciones. Extremo que el medio eP Investiga tildó de falso en un reportaje, en donde consigna que la fiscal mintió en una denuncia que interpuso contra el reportero.
La fiscal Castillo también acudió a un Juzgado especializado en violencia contra la mujer que le otorgó medidas de seguridad y que le prohibieron a España ingresar a la sede central del MP y del edificio de Torre de Tribunales, así como publicar sobre la fiscal, hasta el pasado 10 de diciembre cuando un juez revocó las medidas de seguridad parcialmente.
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El MP tiene dos investigaciones abiertas en contra del reportero de este medio. La Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia lo investigan, mientras que Curruchiche ha enviado oficios a los jefes de ambas unidades presionando para que la “conducta” de España no quede “impune”.
Fuente: lahora.gt
