La iniciativa presentada por Nuevas Ideas (NI) fue aceptada por 59 votos y la abstención del partido Vamos representado por la diputada Claudia Ortiz, quien dijo que “la transparencia es un gran déficit de esta administración”.
Subrayó que, en aras de la transparencia y en consonancia con esta ley, se deben quitar las reservas de información.
“Todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción son importantes, son necesarios. Se va a aprobar esa ley, de acuerdo, pero también levantemos la reserva de información, que la reserva de información no dure siete años, sino que dure tres años, como hemos propuesto”, demandó.
Mientras, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, también aseveró ya es momento que se investiguen los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que dio aviso de posible corrupción.
“Hay varios casos que se dieron durante la pandemia, que ya es momento que se empiecen a investigar qué fue lo que pasó, y lo que hicieron fue eliminar la CICIES, pues ahora con esto ya tienen una forma más para proceder e investigar a cualquier funcionario”, precisó la diputada de la agrupación tricolor de derecha.
Otro arenero, el parlamentario Francisco Lira, argumentó que “para se le crea al gobierno de Nuevas Ideas, que quiere combatir la corrupción, los invito, levanten la restricción del acceso a la información pública que tienen por 12 años, desentierren los 12 casos de la CICIES que ustedes mismos cerraron”, dijo en un video de Tik Tok.
La nueva ley obligará a funcionarios y empleados públicos a presentar «informes de activos y pasivos» cada año a partir de 2025, sin embargo, poco se habla de lo que ocurrió desde 2019 hasta la fecha, según críticos.
Ley Anticorrupción que crea un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR) y le da acceso directo en tiempo real a información de todas las instituciones parte del sistema.
Por otra parte, el jefe de la bancada de NI, el diputado Christian Guevara se refirió a “a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, Nicaragua, que están en Italia o Alemania, porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley”.
Actualmente, las declaraciones patrimoniales de Probidad no son públicas y en 2021 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró acceso a las agendas patrimoniales de los funcionarios.
Algunos se preguntan qué pasará de ahora en adelante, pues el propio presidente Nayib Bukele, anunció que ni sus funcionarios ni ministros están protegidos más cuando es lema en su gobierno que “cuando nadie roba el dinero alcanza”.
Fuente: prensa-latina.cu
