Nicaragua – Ortega-Murillo presentan su propia policía paramilitar

Nueva Sociedad, 14 de marzo, 2025.- Desde hace poco menos de un mes, la situación política nicaragüense ha entrado en un nuevo estadio. El binomio presidencial integrado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo cuenta ahora con una nueva herramienta para garantizar sus continuidad ad infinitum en el poder y para mantener su régimen autoritario y represivo. Esa herramienta es, nada más y nada menos, que la propia Constitución Política de Nicaragua, ahora reformada en función de los deseos de la pareja presidencial. 

Los cambios en la Carta Magna, que entraron en vigor el 18 de febrero de 2025, representan, en rigor, una verdadera reescritura de la Carta Magna. De los 198 artículos que tenía anteriormente solo 13 permanecen intactos. 148 han sido modificados de modo sustancial, mientras que otros 37 han sido directamente suprimidos. El proceso de cambio constitucional, que constituye la última de una serie de estrategias de Ortega y Murillo para eliminar la independencia de los poderes del Estado y atornillarse en el poder, formaliza lo que hasta ahora era una práctica evidente pero ajena a las normas institucionales del país. Con la «renovada» Constitución, Daniel Ortega y Rosario Murillo se erigen como copresidente y copresidenta de la República, y gozan de poderes supremos.  

El nuevo texto constitucional le otorga a la Presidencia aún más poder que el que ya tenía. Ahora no solo controla totalmente a la Policía y al Ejército, sino que, en virtud del artículo 120, también coordina «a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales». Esto da lugar a una pérdida de independencia del resto de los poderes del Estado. Con la formalización de esa «suma del poder público», Ortega y Murillo terminan de configurar un poder político de dimensiones totalitarias y se erigen como cabecillas de una dinastía familiar similar a la somocista –aquella que el propio sandinismo derrocó el 17 de julio de 1979–.  

Entre las prerrogativas de las que ahora gozan Ortega y Murillo hay una especialmente sensible. Y es la que se vincula al control de las fuerzas policiales. La nueva Constitución no solo les ha permitido tener un dominio total sobre la Policía Nacional, sino que ha formalizado la creación de un nuevo cuerpo, conocido como Policía Voluntaria. Aunque según la Carta Magna este cuerpo funciona como un «apoyo» a la Policía Nacional, de lo que se trata, en realidad, es de la formalización de un grupo parapolicial que funciona bajo las órdenes del matrimonio en el poder. Su propósito es más que evidente: reprimir a los enemigos del régimen. Esto no es extraño para un gobierno que ya ha hecho de la propia Policía Nacional un instrumento claro de su poder.  

El acto de juramentación de la Policía Voluntaria y la toma de posesión del primer comisionado Francisco Díaz Madriz como director general de la Policía Nacional para un nuevo período de seis años (2025-2031) evidenciaron la dinámica del poder e instrumentalización de las fuerzas policiales. En su discurso, Díaz Madriz –que dirige la Policía desde agosto de 2018 cuando fue ascendido por su consuegro, Daniel Ortega– juró obediencia y lealtad a Ortega y Murillo y se comprometió a fortalecer la coordinación con el Ministerio del Interior, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los gobiernos municipales y las instituciones del Estado.

La lealtad de la Policía Nacional a Daniel Ortega ha supuesto que, en numerosas oportunidades, su accionar pasara por alto las normas dictadas por la propia Constitución del país. A esto se sumaron, por supuesto, las constantes violaciones a los derechos humanos, que se reprodujeron en años recientes. Las protestas de 2018, que comenzaron contra la reforma de la seguridad social y escalaron exigiendo justicia para las víctimas mortales (355 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la liberación de las personas presas políticas, fueron reprimidas por la policía y grupos parapoliciales. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), identificó en un reciente informe cuatro fases de la represión en Nicaragua. La primera se circunscribe al período comprendido entre 2018 y 2020, cuando la Policía Nacional, el Ejército y los grupos armados progubernamentales hicieron uso excesivo y letal de la fuerza para reprimir las protestas y desmantelar barricadas, lo que provocó centenares de ejecuciones extrajudiciales y otras lesiones corporales graves, dice el informe.

La segunda fase, desarrollada en 2021, se caracterizó «por la intensificación de la represión selectiva, especialmente las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, para garantizar la reelección del presidente Ortega». La tercera, circunscripta al año 2022, se evidenció en la represión previa a las elecciones municipales de noviembre de ese año. La cuarta fase, puesta en marcha en 2023 y vigente hasta este momento, se define, según el GHREN, por «medidas encaminadas a eliminar toda crítica y cimentar el control absoluto del ejecutivo sobre todas las entidades del Estado y la población». En un contexto así, no es extraño que el presidente del GHREN, Jan Simon, haya afirmado que el Estado nicaragüense y FSLN «se fusionaron en una maquinaria de represión dentro y fuera del país».  

El antes ejemplar modelo policial nicaragüense, que le valió al país ser el más seguro de América Central y gozar de alta credibilidad, ha sido completamente desmantelado. El régimen de Ortega y Murillo destruyó su profesionalismo, convirtiéndolo en un instrumento de represión, como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder.

Una amplia red de espionaje y represión  

El 15 de enero de 2025, un mes antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución, se iniciaron las ceremonias de juramentación de la Policía Voluntaria Comandante Julio Buitrago ­—ex-guerrillero sandinista— y concluyeron el 26 de febrero. Más de 60.000 personas, cubiertas con pasamontañas y vestidas con camisetas blancas, pantalones azules y negros prestaron juramento ante el director de la Policía Nacional.  

La nueva vestimenta recuerda la de los grupos paramilitares que, en colaboración con la Policía Nacional, reprimieron a la población nicaragüense que se manifestó en las calles en 2018. Según el GHREN, Ortega ordenó crear esos grupos en todo el país para defender «la revolución». A partir de junio de 2018, grupos paramilitares encapuchados fuertemente armados, junto con la Policía Nacional, se desplegaron en camionetas blancas y ejecutaron la «operación limpieza» para eliminar las barricadas que los manifestantes habían establecido en ciudades consideradas bastiones del sandinismo: Managua, Masaya, Jinotepe, León, Matagalpa, Jinotega y Estelí. En este operativo, los paramilitares participaron en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura.

El informe sostiene que las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ejército y grupos armados progubernamentales. «El uso sistemático y deliberado de armas letales -algunas reservadas exclusivamente para uso militar-, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo (cabeza, cuello y tórax) confirman que la intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo», afirma el documento.

Los grupos paramilitares fueron integrados por exmiembros del Ejército Popular Sandinista, miembros de la Reserva Patriótica y de la Juventud Sandinista, jóvenes en condición de marginalización, pandilleros y empleados de empresas de seguridad. El relato oficialista asegura que el país enfrentó un «intento de golpe de Estado» por parte de «grupos terroristas» que atentaron «contra la paz y estabilidad», por lo cual se hizo un «uso legítimo» de la fuerza. «¡Jamás atacamos a nadie! Hicimos el uso legítimo de la fuerza conforme nuestras facultades constitucionales, para garantizar la vida, la integridad física y los bienes de las personas, familias y comunidades. Este golpe de Estado fue derrotado con la participación de nuestra comunidad, el apoyo de nuestros hermanos y hermanas policías voluntarios en el restablecimiento de la paz en nuestro país», aseguró Díaz Madriz en septiembre 2018, durante la celebración por el 39 aniversario de la fundación de la Policía.

El GHREN identificó una amplia estructura de vigilancia e inteligencia bajo las órdenes de Ortega y Murillo. Está integrada por personal del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales. El régimen utiliza esa información —canalizada a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del FSLN— para identificar a personas opositoras, vigilar sus actividades, acosarlas, geolocalizarlas; y finalmente determinar a quién detener, expulsar, impedir el regreso (al país) o despojar arbitrariamente de la nacionalidad».  

En un principio, la policía negó la existencia de los grupos paramilitares. En un comunicado publicado el 27 de mayo de 2018, afirmó que «la Policía Nacional no ha tenido, no tiene ni tendrá fuerzas parapoliciales».  

Posteriormente, Ortega y el director de la Policía Nacional confirmaron lo que era un secreto a voces. En una entrevista con Andrés Oppenheimer Ortega afirmó que los encapuchados «no eran paramilitares», sino «ciudadanos defendiéndose». Luego, confirmó a Euronews que «eran policías voluntarios». Pero, «no todos los enmascarados eran policías voluntarios, también había policías profesionales», reveló el jefe de la Policía, Francisco Díaz en una entrevista concedida al periodista Halldor Hustadnes. «Muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto», reconoció Díaz. Tras sus declaraciones, la «copresidenta» Murillo orientó a la propaganda oficial llamar a los paramilitares como «héroes de la paz».  

La Constitución anterior prohibía la existencia de grupos armados al margen de la ley y facultaba al Ejército para erradicarlos. Pero la institución militar se plegó a la represión oficial y se negó a desarticular a los grupos paramilitares. El informe del Grupo de Expertos ha concluido que el ejército participó en la represión utilizando armas letales, en coordinación con la policía y grupos armados progubernamentales. En respuesta, el régimen de Ortega y Murillo optó, hace pocos días, por retirar a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aduciendo que no reconoce el informe del GHREN. Además, acusa al Grupo de convertirse «en la caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes en contra del pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional».    

La nueva Constitución de Nicaragua estableció la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar de la Policía Nacional, compuesto por ciudadanos que ofrecen sus servicios espontáneamente. Sin embargo, la composición de esta fuerza ha generado controversia. Miles de sus miembros han sido identificados como trabajadores del sector público que fueron obligados a recibir entrenamiento militar obligatorio en 2024 y que, luego, fueron integrados directamente a la Policía Voluntaria. Según declaraciones de Jaime Vanegas, el inspector general de la Policía, el nuevo cuerpo está integrado por obreros, trabajadores de la salud y educación, constructores, comerciantes y emprendedores, que se identifican con el «proyecto revolucionario». Lo cierto es que integrantes de los grupos parapoliciales y paramilitares que ya formaron parte de la represión social del gobierno de Ortega y Murillo durante 2018 forman ahora parte de la Policía Voluntaria. El mismo director de la Policía Nacional, Francisco Díaz lo ha confesado. «No permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo en el año 2018 cuando intentaron arrebatarnos ese derecho irrenunciable del pueblo nicaragüense a vivir en paz. Este intento de golpe de Estado fue derrotado por los buenos hijos e hijas de nuestra patria, por nuestra heroica Policía Voluntaria, la Policía Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional».

Especialistas en seguridad señalan que la presentación de más de 60.000 personas encapuchadas como parte de la Policía Voluntaria responde a una estrategia deliberada para infundir temor en la población nicaragüense. Esta táctica busca proyectar una imagen de omnipresencia del régimen de Ortega y Murillo, sugiriendo una red de informantes extendida por todo el país. Si bien el uso de pasamontañas se justifica en operativos policiales contra el narcotráfico, su aplicación a la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar, carece de sentido y refuerza la sensación de sentirse «bajo vigilancia» permanente.

La involución de la Policía Nacional

Desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007, la Policía Nacional experimentó un retroceso institucional progresivo. A pesar de haber sido fundada durante la revolución sandinista en 1979, la institución había iniciado un proceso de fortalecimiento y profesionalización después de 1990, transicionando de Policía Sandinista a Policía Nacional. Sin embargo, este proceso se revirtió con la administración de Ortega. A través de la cooptación y la compra de lealtades, del clientelismo político, los ascensos acelerados y las promociones irregulares, el gobierno de Ortega logró retener a los mandos policiales leales y destituir y encarcelar a aquellos que ya no le resultaban útiles. Así, la Policía dejó de actuar como un cuerpo profesional para convertirse en un «aparato militar» de la pareja presidencial. Esta involución ha resultado en la distorsión del papel de la institución, caracterizado por el declive en la observancia y protección de los derechos humanos.  

la Policía dejó de actuar como un cuerpo profesional para convertirse en un «aparato militar» de la pareja presidencial.

Al analizar la cronología de los eventos, es crucial recordar que, durante su toma de posesión el 10 de enero de 2007, Daniel Ortega reafirmó el origen sandinista de la jefatura de la Policía y el Ejército. Esta declaración inicial evidenció su intención de restaurar la naturaleza política de ambas instituciones, alineándolas con el modelo previo a su proceso de profesionalización.  

Al inicio de su mandato, Daniel Ortega encontró a la Policía Nacional bajo la dirección de la primera comisionada Aminta Granera, cuya popularidad superaba la suya. En un movimiento que consolidó su control sobre la institución, Daniel Ortega prorrogó el mandato de Granera. «Comandante, estoy a sus órdenes», le dijo Granera a Ortega el 5 de septiembre de 2012, cuando éste leyó el acuerdo presidencial que prorrogaba su mando por cinco años más, a pesar de que no se había reformado la Ley de Organización, Funciones y Régimen de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872). A partir de entonces, Granera se convirtió en cómplice del desmontaje de la institucionalidad policial, colaborando con el proyecto de sometimiento total de la Policía al proyecto político de Ortega. Esta complicidad se evidenció nuevamente en 2015, cuando su mandato fue extendido por segunda vez. Sin embargo, su gestión concluyó abruptamente en el contexto de las protestas de abril de 2018, cuando presentó su renuncia. Oficialmente, su retiro fue ordenado por Ortega el 31 de julio de 2018, haciéndose efectivo el 23 de agosto. Ese mismo día, Díaz Madriz fue nombrado director de la Policía, asumiendo el cargo el 5 de septiembre de 2018.  

Otro ejemplo de cómo la Policía Nacional ha sido instrumentalizada para servir a los intereses de la presidencia es la distribución equitativa del poder entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 19 de septiembre de 2023, Daniel Ortega promovió a 19 mujeres al rango de comisionadas generales. De igual manera, 14 hombres lograron ese ascenso. Además, se implementaron co-jefaturas (hombre-mujer) en las 153 delegaciones policiales municipales y en 19 delegaciones departamentales y regionales. Este modelo de co-jefaturas se ha extendido a todas las especialidades policiales, lo que evidencia la creciente influencia de Murillo dentro de la institución policial.  

En conclusión, la Policía sufrió una transformación radical, abandonando su rol de garante de la seguridad pública para servir como guardia privada de la familia presidencial. En Nicaragua ya no se le llama Policía Nacional, sino «policía orteguista».

Fuente: servindi.org