En la reciente exposición ante la comisión pesquisidora encargada del antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los abogados Giovanni Fratti y Karen Fischer han ratificado la denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Sin embargo, las contradicciones en sus argumentos han suscitado un debate significativo.
El Contrato con Datasys: ¿Cumplimiento o Incumplimiento?
Durante su intervención, Fratti señaló que el contrato con la empresa Datasys y el TSE abarcaba el control, transmisión y auditoría del proceso electoral durante la presentación de resultados, alegando que esto no se cumplió según lo acordado. La falta de experiencia de la empresa adjudicada, en comparación con las exigencias del ente electoral, se convierte en un punto central, especialmente considerando la subcontratación realizada con Podernet y el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Para Fratti, la denuncia se enfoca exclusivamente en el posible delito de fraude en la compra del sistema, excluyendo la eficacia de la empresa contratante en la transmisión de resultados. Además, destaca que al subcontratar a Podernet podría surgir un conflicto de intereses, ya que la entidad contratante fue la misma que propuso dicha subcontratación.
La Delegación de Funciones y la Sombra del Conflicto de Intereses
El incumplimiento de deberes, según Fratti, radica en la delegación ilegal de la función pública de supervisión del sistema a una empresa externa, en lugar de ser ejecutada por el departamento de informática del TSE. Esta perspectiva plantea la cuestión crítica de trasladar funciones públicas a actores externos, una práctica que Fratti considera ilegítima.
En contraste, Karen Fischer, abogada en el caso, enfatiza que el contrato administrativo de Q148 millones con el TSE y Datasys fue sobrevalorado, argumentando que existían ofertas considerablemente más bajas. Aunque reconoce que sus afirmaciones son “presunciones,” sostiene que la alteración de datos es plausible debido a los indicios y medios de convicción recopilados.
Responsabilidades en la Contratación y la Figura de la Magistrada Alfaro
En cuanto a la responsabilidad en la contratación, Fratti destaca que la denuncia se dirige a todos los implicados, incluso aquellos que participaron indirectamente. Hace mención específica de la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, quien, aunque no firmó el contrato, estuvo presente durante el proceso de adjudicación del sistema TREP.
Advertencias desde Colombia y el Rol de la Contraloría
Recordando una carta enviada por la senadora colombiana, María Fernanda Cabl, al presidente Giammattei en febrero de 2023, Fratti subraya las advertencias sobre las posibles consecuencias de contratar a una empresa como Datasys. Se destaca el contexto de fraudes electorales en países “de izquierda,” dando un marco internacional a las preocupaciones planteadas.
Durante la audiencia, el presidente de la Comisión Pesquisidora, Enrique Montano, expuso una comunicación del contralor General de Cuentas, Helmuth Bode Fuentes, sugiriendo la posibilidad de un informe de auditoría sobre la adquisición del sistema TREP. La imposibilidad de presentar informes hasta la conclusión de auditorías, sumada a la evacuación de autoridades del TSE en una audiencia previa, plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Reflexión Final
En un caso tan delicado como este, donde se entrelazan denuncias de fraude, sobrevaloración y posible conflicto de intereses, la claridad y la rigurosidad son cruciales. La contradicción entre los abogados Fratti y Fischer, así como las advertencias internacionales, añaden complejidad al caso. La pregunta que permanece es si estas supuestas anomalías realmente afectaron la integridad del proceso electoral o si son parte de un escenario más amplio de disputas políticas.
Fuente: La Hora
