Fuente de la imagen: Aidesep.
En la gran mayoría de los casos las muertes quedan impunes y sus familias no alcanzan justicia oportuna.
El más reciente crimen corresponde a Américo Pascual Tumisha, exjefe de la comunidad nativa Onconashari, ubicada en el distrito de Yurúa, en la provincia de Atalaya, región Ucayali.
El domingo 23 de agosto tenía programado un patrullaje en el territorio comunal. Pero durante su recorrido, encontró a personas no autorizadas que se hallaban extrayendo aceite de copaiba.
Al increparles, se desencadenó un enfrentamiento con armas de fuego. Un disparo provocó la muerte del líder del pueblo Ashéninka.
Pascual Tumisha había denunciado previamente la presencia de invasores en el territorio de su comunidad, pero no recibió ninguna respuesta estatal ni medidas de protección.
Las organizaciones indígenas exigen a las autoridades estatales acciones inmediatas para investigar las circunstancias y responsables de la muerte del dirigente ashéninka.
“Exigimos al Ministerio Público el ingreso inmediato a la comunidad nativa Onocashari para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes” demanda la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).
Ellos exigen garantías para una investigación rápida, imparcial y efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables.
La muerte de Américo Pascual Tumisha se suma a la lista de líderes y lideresas que han sido asesinados por defender sus territorios de actividades ilícitas.
Esta lista incluye a Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, autoridades de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto en Ucayali.
También está el caso del apu Quinto Inuma Alvarado, jefe de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu en San Martín; y Ulises Rumiche, del pueblo Nomatsiguenga en Satipo, entre otros.
Tras más de 11 años del asesinato de los líderes de Saweto y un largo proceso judicial, el 25 de agosto de 2025, se logró la sentencia condenatoria en segunda instancia contra Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, Segundo y Josimar Atachi Félix.
Los cuatro autores del crimen fueron sentenciados a 28 años y 3 meses de prisión efectiva, así como a la reparación civil para las familias.
Sin embargo, a un año de este avance, solo dos de los cuatro sentenciados han sido capturados: José Estrada y Hugo Soria. Mientras, los hermanos Atachi siguen prófugos y en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Eurico Mapes, el quinto implicado, permanece como reo contumaz sin haber sido juzgado.
Las familias de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo siguen a la espera de justicia y reparación, permaneciendo en la desprotección.
El 24 de agosto de 2026, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a los responsables del crimen de sicariato en agravio del apu Quinto Inuma Alvarado.
Los responsables son Genix Saboya Saboya y Límber Ríos Ruiz a 35 años de prisión; Segundo Juan Villalobos Guevara a 28 años y cuatro meses; y Jerly Saboya Saboya a 15 años.
El apu Quinto Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 en el río Yanayacu, en la región San Martín, cuando regresaba a su comunidad. Su última actividad fue como participante en un encuentro sobre defensores indígenas.
Los casos de otros defensores indígenas aún no han iniciado o no avanzan en un sistema judicial que demora años y revictimiza a sus familias, con el dolor de que prevalezca la impunidad.
En Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
No obstante, este mecanismo no ha sido debidamente implementado para proteger a los defensores indígenas, en parte también por la inacción del Ministerio del Interior.
Ante ese escenario, los pueblos indígenas impulsan sus propios mecanismos de autoprotección como las guardias indígenas en Ucayali, la seguridad indígena amazónica en Junín, y los comités de vigilancia y control forestal comunitario.
“A pesar de los esfuerzos para enfrentar actividades ilícitas, siguen asesinando a los líderes indígenas. El mecanismo intersectorial no tiene presupuesto suficiente” indica Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
“El papel no aguanta la bala, faltan acciones concretas en el territorio para proteger a los defensores”, expresa Guimaraes. Mientras tanto, las actividades ilícitas avanzan en los territorios y los líderes siguen siendo asesinados.
Fuente: www.servindi.org
![Fuentes: nstituto Tricontinental de Investigación Social [Imagen: Naudline Pierre (Haití), "This, I Know to Be True" [(esto lo sé con certeza), 2023]](https://radiovictoriagt.com/wp-content/uploads/2026/08/23-comprimido.jpg)
