El pasado 3 de enero, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal emitió un fallo histórico concediendo la libertad a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra. Este veredicto marca el fin de casi dos años de privación de libertad en el centro preventivo Mariscal Zavala, en la ciudad capital.
Un Caso de Controversia Política
Los procesos judiciales contra Laparra han sido objeto de intensos debates, calificados por muchos como una persecución política. La exfiscal se encontraba tras las rejas por el delito de abuso de autoridad, resultado de un juicio en diciembre de 2022 que, según su defensa, careció de garantías.
La detención de Laparra en febrero de 2022 se relaciona directamente con su investigación de casos de corrupción que implicaban a figuras políticas y militares. La controvertida naturaleza de estos casos ha generado amplias manifestaciones de apoyo a Laparra, así como críticas a la supuesta falta de imparcialidad en el sistema judicial.
Cumplimiento de la Orden Judicial
La liberación de Laparra fue posible gracias a la decisión de la juez Oly González, quien acató la orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida el pasado 26 de diciembre. Sin embargo, la audiencia crucial para este veredicto se celebró el 2 de enero.
La resolución de la Cámara Penal establecía un requisito fundamental: el cese del encarcelamiento de Laparra solo procedería si no estaba sujeta a prisión preventiva en otros casos. La jueza González confirmó que la exfiscal tenía un segundo caso en Quetzaltenango, pero el Organismo Judicial (OJ) determinó que no estaba privada de libertad en ese proceso.
Respuesta Internacional
El caso de Virginia Laparra ha trascendido las fronteras de Guatemala. En junio de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró su detención como arbitraria según el derecho internacional, exigiendo su liberación inmediata. A pesar de estas demandas, el Estado guatemalteco no se pronunció al respecto. Amnistía Internacional (AI) también la reconoció como presa de conciencia.
La Solicitud de Laparra y la Decisión Judicial
En la audiencia, Laparra expresó haber pasado 680 días privada de libertad y solicitó medidas sustitutivas, incluyendo la petición de no fijar una fianza, considerando las pérdidas económicas sufridas en Mariscal Zavala.
La fiscal Brenda Maribel Guzmán Anavisca, del Ministerio Público (MP), propuso imponer a Laparra una multa de Q15 mil, control telemático y la prohibición de salir del país, argumentando un supuesto riesgo de fuga. La jueza González, tras un minucioso análisis, otorgó la libertad a Laparra con medidas cautelares: arresto domiciliario en Quetzaltenango, presentación quincenal al MP y prohibición de salir del país.
El Equipo Legal y el Apoyo a Laparra
En la audiencia estuvieron presentes destacados miembros del equipo legal de Laparra, incluyendo a Wendy López, Cristina Alonzo y Herbert Pérez. Este equipo ha defendido a operadores de justicia perseguidos por el MP de la Fiscal General María Consuelo Porras, algunos de los cuales se encuentran en el exilio.
La abogada Claudia González, líder de la defensa de Laparra desde el inicio del caso, también se hizo presente. Aunque fue detenida el año pasado por una denuncia de la exmagistrada Blanca Stalling, recobró su libertad, aunque aún está sujeta a proceso.
El Contexto del Caso Laparra
El caso de Virginia Laparra inició cuando la Fiscalía de Porras emprendió acciones legales tras la denuncia de Laparra contra Lesther Castellanos, entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. Este señaló que la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones en 2018, acusándola de abuso de autoridad. La jueza González dictaminó, en diciembre de 2022, una pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, generando controversia nacional e internacional.
En enero de 2023, durante una audiencia de revisión, Laparra fue vinculada a otro proceso penal por revelar información confidencial. Este expediente se tramita en el mismo departamento donde trabajó como fiscal. Las acciones de Castellanos le valieron una sanción por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluyéndolo en la Lista Engel, que reúne a supuestos “actores corruptos y antidemocráticos”.
Fuente: La Hora
