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El artículo analiza cómo los territorios indígenas andino-amazónicos, pese al modelo extractivista y la deforestación, representan una oportunidad estratégica para mitigar el cambio climático y avanzar hacia una economía verde.
Por Carlos Antonio Martin Soria Dall’Orso*
REB, 18 de setiembre, 2026.- Este artículo analiza la situación de algunos de los mayores territorios indígenas andino-amazónicos afectados por políticas públicas que históricamente han promovido la deforestación para la expansión agropecuaria. Estos territorios representan una oportunidad estratégica para mitigar el cambio climático, promover paisajes sostenibles en el marco de la economía verde y garantizar el bienestar de los pueblos indígenas y de las poblaciones amazónicas. Aunque el derecho internacional y la legislación nacional de los países amazónicos protegen formalmente las tierras indígenas y los recursos naturales, las prioridades políticas suelen prevalecer sobre las garantías legales.
Como consecuencia, los marcos institucionales y jurídicos se debilitan sistemáticamente, limitando la eficacia de la acción pública e impidiendo mecanismos consistentes de retroalimentación de las políticas públicas. La persistencia de un modelo de desarrollo colonial-extractivista —caracterizado por la deforestación, la degradación forestal, la minería ilegal, la tala ilegal y la invasión de territorios indígenas— restringe el acceso a recursos, a capacidades técnicas y al compromiso político con la conservación. Mientras muchos gobiernos amazónicos continúan promoviendo las industrias extractivas a escala nacional, los gobiernos provinciales y locales refuerzan con frecuencia la deforestación mediante sus propias políticas de desarrollo. Al mismo tiempo, la gobernanza democrática exige la participación efectiva de todas las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones; sin embargo, los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales permanecen en gran medida excluidos o limitados a mecanismos de consulta ineficaces, mientras los defensores indígenas de la naturaleza son asesinados.
El análisis de la dinámica de la cobertura forestal revela cambios significativos en los patrones de deforestación, especialmente en la región sur andino-amazónica. Los resultados sugieren que un enfoque basado en la economía verde puede contribuir a reducir la deforestación, combatir los delitos ambientales y promover el bienestar de los pueblos indígenas, al tiempo que garantiza la conservación de los ecosistemas naturales. Como sostienen Arce y Soria (2019), la naturaleza favorece la diversidad frente a la homogeneidad y castiga esta última mediante el colapso ecológico. En este contexto, la gestión adaptativa puede conciliar los sistemas de tenencia de la tierra públicos, privados y comunitarios, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. De manera más amplia, los modelos de gobernanza y las políticas públicas que promuevan la diversidad institucional y protejan los intereses de los productores, los pueblos indígenas, la ciudadanía y la naturaleza pueden fortalecer la gobernanza ambiental democrática y contribuir a una conservación más eficaz.
Las disputas internacionales en curso entre las principales potencias globales ejercen una influencia significativa sobre la deforestación amazónica. El retiro de la administración Trump del Acuerdo Climático de París, su desvinculación parcial de las agencias de la ONU y la finalización de los programas de la USAID señalan, en conjunto, una poderosa reafirmación del modelo de desarrollo convencional (business-as-usual). En este contexto, la influencia de la Unión Europea y del Acuerdo de París retrocede, mientras que Estados Unidos y China compiten por construir infraestructura en toda Sudamérica. Las líneas de transmisión de energía, los puertos, las carreteras y las redes ferroviarias se han convertido en escenarios donde se reproduce esta contienda geopolítica entre superpotencias. En el Perú, las Carreteras Interoceánicas Norte y Sur fueron construidas por Odebrecht. Los intentos de corporaciones chinas por dragar ríos amazónicos han sido rechazados hasta la fecha tanto en Brasil como en el Perú, entre otros casos.
Estos acontecimientos tienen graves consecuencias para el desarrollo internacional y las políticas de sostenibilidad. Mientras que las fuerzas de mercado progresistas siguen dependiendo de la implementación de políticas a través de conferencias internacionales, legislaciones y procedimientos administrativos y judiciales, las actividades ilegales se han expandido violentamente por el continente sudamericano, avanzando mediante dinámicas de frontera sobre las tierras de los pueblos indígenas y las áreas protegidas. Esta expansión se sustenta en una violencia que está profundamente arraigada en las relaciones urbano-rurales (Kothari y Harcourt 2022) y que ejerce un impacto corrosivo tanto en la formulación de políticas como en su cumplimiento.
El Compromiso de Bonn, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París promueven colectivamente las metas de restaurar tierras y bosques degradados, fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, integrar la gestión del paisaje, capitalizar los servicios ambientales y promover el manejo forestal sostenible junto con el uso responsable de los recursos naturales. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Verde para el Clima apoyan proyectos alineados con estos objetivos. Sin embargo, traducir los mandatos jurídicos internacionales en políticas nacionales y, posteriormente, en acciones locales eficaces requiere una evaluación cuidadosa de los arreglos de gobernanza y el desarrollo de instrumentos ad-hoc, si el objetivo es frenar los procesos que actualmente amenazan a los pueblos indígenas y a sus tierras y bosques amazónicos.
Indonesia pasó más de una década intentando reducir la deforestación mediante una moratoria a la explotación forestal. La moratoria inicial de dos años, ampliada posteriormente hasta 2015, creó una ventana de oportunidad para reformas críticas en la gobernanza forestal. No obstante, las empresas forestales continuaron invirtiendo en la conversión de bosques secundarios, generando pérdida boscosa fuera de las áreas reguladas. Suwarno et al. (2016) sugirieron que una política que combine la moratoria forestal con el apoyo a los medios de subsistencia y precios más altos en finca para los productos forestales y agroforestales podría incrementar los beneficios que las comunidades locales obtienen de la conservación. Sin embargo, Leijten et al. (2021) confirmaron posteriormente que se pudieron haber deforestado más de 1,000 km² de bosque en un radio de 10 km alrededor de las zonas reguladas, lo que constituye evidencia de significativos efectos de desborde (spillover), más pronunciados cerca de los bosques de conservación y protección. Esta experiencia demuestra que no existen soluciones simples o universales para la deforestación; más bien, lo que se requiere es un proceso deliberado y cuidadosamente planificado de desarrollo y retroalimentación de políticas, capaz de construir gradualmente la capacidad del Estado en un territorio determinado.
En Querida Amazonía, el Papa Francisco (2020) cita testimonios de pueblos indígenas sobre los daños causados por “madereros, ganaderos y otros terceros” a través de “un modelo ajeno a nuestros territorios”. Los bosques amazónicos albergan una población indígena sumamente diversa que se encuentra bajo una amenaza existencial debido al avance violento de la frontera amazónica. La deforestación impulsa el crecimiento demográfico y la expansión agrícola hacia las áreas recientemente degradadas, peligrando así la supervivencia de estas poblaciones, sus medios de vida y sus tierras ancestrales.
Para el año 2000, aproximadamente el 9.7% de la región amazónica había sido deforestada. Entre 2000 y 2013, la deforestación aumentó al 13.3%, lo que representa un incremento del 37% en solo 13 años (RAISG 2015). Entre 2001 y 2020, se perdieron 542,581 km² en la región amazónica, el equivalente al 8.7% del bosque existente en el año 2000. En 2020, la deforestación aumentó un 34% respecto al año anterior, pasando de 14,648 km² a 22,335 km² (RAISG 2022).
La capacidad del Estado para traducir los mandatos jurídicos internacionales en políticas nacionales y, posteriormente, en acciones a nivel local sigue siendo mínima. Dicha traducción requiere típicamente de apoyo financiero y técnico externo, y suele tener un alcance limitado. Estos procesos, además, están mediados por las burocracias nacionales y regionales, sus respectivas dinámicas de gobernanza y su grado de compromiso con la promoción de la sostenibilidad.
Es fundamental preservar los paisajes agrícolas y de conservación, en su gran mayoría estables, en los cuales los pueblos indígenas y la producción económica rural sostenible coexisten en muchas zonas de la Amazonía, tales como los paisajes productores de castaña de Acre (Brasil), Madre de Dios (Perú) y Pando (Bolivia), entre otros.
Siete grandes parches de bosques andino-amazónicos prístinos o Corredores, que en conjunto abarcan casi 300,000 km² (una superficie comparable en tamaño a Italia o Polonia), constituyen el territorio de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI). Cada uno de estos paisajes o Corredores es un mosaico de zonas categorizadas legalmente: reservas indígenas, áreas protegidas y diversos tipos de concesiones para el uso de recursos. Las comunidades PIACI utilizan estas áreas interconectadas como corredores dentro de los cuales migran estacionalmente, recolectan recursos y acceden a bienes externos. Estas poblaciones se encuentran gravemente amenazadas por el modelo de desarrollo convencional, y su destino es funesto si no se toman medidas decisivas. Al mismo tiempo, su situación representa una oportunidad crítica para alinear el estado de derecho, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la mitigación del cambio climático. Un enfoque de economía verde enfocado en reducir la deforestación y combatir los delitos ambientales podría proporcionar los instrumentos económicos necesarios para salvaguardar el bienestar de los pueblos indígenas y garantizar la supervivencia de los sistemas naturales.
Un enfoque de economía verde enfocado en reducir la deforestación y combatir los delitos ambientales podría proporcionar los instrumentos económicos necesarios para salvaguardar el bienestar de los pueblos indígenas y garantizar la supervivencia de los sistemas naturales.
La deforestación afecta a todos los pueblos indígenas, aunque sus impactos se presentan de manera diferenciada en cada uno de sus territorios. Esta provoca la fragmentación de los bosques, genera parches forestales aislados, amenaza la biodiversidad y devasta las culturas tradicionales. Los efectos negativos de la deforestación en los medios de subsistencia indígenas incluyen la pérdida de bosques, el desplazamiento forzado, la alteración de la biodiversidad y de las rutas y corredores migratorios humanos, la reducción en la disponibilidad de fauna silvestre, la exposición al contacto no autorizado, la disminución de la densidad de las poblaciones de caza junto con un menor éxito en dicha actividad, y la extirpación local de especies sensibles. Las carreteras agravan los efectos de la caza mediante la perturbación del hábitat, la invasión territorial y la facilitación del acceso a la carne de ganado en los mercados regionales (Constantino 2016). Como resultado, el control de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales se erosiona progresivamente, mientras que la disponibilidad de dichos recursos disminuye simultáneamente, lo que empobrece los territorios indígenas y precipita la migración y la exposición involuntaria a poblaciones no indígenas.
La Amazonía alberga aproximadamente a 85 de las comunidades PIACI más vulnerables del mundo. En Brasil, se han identificado oficialmente 67 pueblos, aunque las estimaciones no oficiales sitúan la cifra cerca de los 100 (Soria 2010). En el Perú, se reconocen oficialmente 14 pueblos; Bolivia reconoce 1, Colombia reconoce 2 y Ecuador reconoce 3. Sin embargo, Vaz (2017) señala que los registros no oficiales identifican 6 en Bolivia, 14 en Colombia, 4 en Ecuador y potencialmente 20 en el Perú. Estas comunidades habitan en parches de bosques prístinos rodeados por industrias extractivas, ganadería extensiva y empresas agrícolas. Sus situaciones varían considerablemente: desde poblaciones que ocupan territorios de cientos de miles de hectáreas hasta aquellas confinadas a unas pocas decenas. La mayoría de estos territorios se encuentran bajo la amenaza de la invasión de industrias extractivas y actividades ilegales desde sus periferias; actividades que penetran en las tierras indígenas y cobran la vida de los defensores de los derechos indígenas.
Las comunidades PIACI habitan en bosques andino-amazónicos prístinos en los siguientes paisajes o Corredores PIACI:
Las industrias extractivas que operan en áreas adyacentes a los territorios PIACI tienen la obligación de implementar Planes de Contingencia Antropológica, monitorear los impactos de sus actividades en estas poblaciones, prevenir efectos adversos en la salud y el bienestar indígena, y garantizar su bienestar general. En la práctica, la gestión ambiental de dichas industrias se caracteriza por una tensión significativa entre la letra de la ley y su implementación real por parte de los operadores de campo, los gerentes, las comunidades afectadas y los actores políticos relevantes. Las industrias extractivas representan una grave amenaza para la salud e integridad de las comunidades PIACI y sus territorios, afectando su integridad física, seguridad alimentaria y vulnerabilidad ante enfermedades, al tiempo que imponen una transformación cultural radical.
Las industrias extractivas representan una grave amenaza para la salud e integridad de las comunidades PIACI y sus territorios
A pesar de ello, el futuro de algunas de estas áreas podría seguir una trayectoria fundamentalmente distinta. Las 8,890,000 hectáreas del Corredor Pano-Arawak en el Perú, que se extienden por las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, equivalen al 33% del territorio del Reino Unido, o al territorio combinado de Jordania, Azerbaiyán, Austria o los Emiratos Árabes Unidos. Si las secciones peruana y brasileña del Corredor Pano-Arawak se gestionaran de manera colaborativa, la extensión total equivaldría al 66% del Reino Unido. Es evidente que, con una gestión juiciosa y eficaz, estos territorios podrían proteger a sus poblaciones indígenas durante siglos, si no milenios (Soria 2018, 101).
Avanzar en la gestión de los PIACI y garantizar una protección humana efectiva es una obligación estatal, pero representa también, en el contexto actual, una oportunidad para la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la producción agroforestal sostenible, así como para el despliegue de REDD+, el Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE) y otros instrumentos de financiamiento de la economía verde en apoyo a estrategias sólidas de gestión de la tierra orientadas a reducir la deforestación.
Mucho antes de la colonización europea, el uso antropogénico de la tierra ya había estado transformando los bosques amazónicos mediante la agricultura, la selección de cultivos, la caza, el establecimiento de asentamientos y la preservación deliberada de áreas de no uso. Desde 1452, cuando Francisco de Orellana y la expansión de la economía mundial alcanzaron por primera vez el río Amazonas, un proceso en constante aceleración ha reducido progresivamente los bosques prístinos de la región. Desde el Auge del Caucho (1865-1915), los ciclos de auge y caída de los recursos naturales han intensificado enormemente la deforestación amazónica.
La proliferación de actividades ilícitas en el siglo XXI —que abarca la tala y minería ilegales, la producción de coca y el tráfico de fauna silvestre— posee actualmente una escala suficiente como para constituir una variable independiente en los análisis de cambio de uso de suelo (Tellman, Magliocca, Turner et al., 2020). Los países andino-amazónicos se caracterizan por una débil presencia y control estatal, una falta de coordinación entre los niveles de gobierno y los organismos interinstitucionales, y un entorno regulatorio confuso en el cual la implementación de políticas facilita involuntariamente la legalización de la deforestación (Lawson 2014).
La deforestación total dentro de las tierras indígenas disminuyó de 9,195 km² durante el período 2000–2005 a 6,586 km² durante el período 2010–2015, lo que representa una reducción del 28.4%. Sin embargo, mientras que Brasil, Colombia y Ecuador registraron tendencias a la baja, la Guayana Francesa y Venezuela registraron incrementos. La deforestación tiende a intensificarse en los territorios indígenas que carecen de reconocimiento legal formal, registrándose un aumento del 50% —de 976 km² en 2000–2005 a 1,501 km² en 2010–2015— en toda la cuenca en su conjunto. Las áreas recientemente deforestadas son ocupadas principalmente por economías informales, que incluyen la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico, así como por algunos operadores formales como ganaderos, productores de soja y otros (RAISG 2017).
La deforestación amazónica es impulsada por la penetración progresiva de las fuerzas del mercado y sus demandas sobre lo que antes eran bosques amazónicos prístinos y, en gran medida, inaccesibles. Los primeros grupos en establecer presencia en áreas previamente desconocidas son típicamente las industrias extractivas, las cuales pueden experimentar contacto o conflicto con las comunidades PIACI. Posteriormente siguen los madereros, y luego los agricultores desmontan áreas adicionales y establecen asentamientos.
La deforestación amazónica avanza a manos de múltiples actores, entre los que se incluyen:
A principios de la década de 1990, el autor fue testigo presencial de estos procesos de degradación forestal a lo largo de las provincias ecuatorianas de Napo, Orellana y Sucumbíos. En ese entonces, la chiva (un camión acondicionado con bancos de madera) viajaba por un camino de tierra apenas lo suficientemente ancho como para pasar entre las ramas y la vegetación que sobresalían. Hoy en día, esa misma zona está dominada por una carretera consolidada, flanqueada por propiedades y asentamientos que penetran en el bosque por decenas de kilómetros, mientras que la fauna y la vegetación han retrocedido en esa misma dirección. Un proceso paralelo se observó a lo largo de la Carretera Interoceánica Sur entre el Perú y Brasil (Estrada do Pacífico). A principios de la década de 2000, esta era una trocha de tierra; para 2009, la construcción de una carretera pavimentada había comenzado y fue inaugurada en 2011.
Esta trayectoria refleja un modelo de desarrollo que prioriza la deforestación y la degradación forestal al servicio de la minería ilegal, la tala ilegal y la invasión de las tierras de los pueblos indígenas (Finer et al. 2008 y 2010). En la década de 1980, Chico Mendes se opuso a los proyectos de carreteras amazónicas del Banco Interamericano de Desarrollo y, en su lugar, propuso el concepto de reservas extractivistas sostenibles (Bunker 1985; Schmink y Wood 1987; Mahar 1989). Sin embargo, la Amazonía ha continuado avanzando con este modelo desarrollista obsoleto, anterior a la represa del río Hudson.
Lo que ha cambiado es el actor principal que impulsa la política de desarrollo: primero el desarrollo liderado por el Estado, luego la inversión privada y ahora los actores criminales que operan como una frontera de expansión violenta.
Lo que ha cambiado es el actor principal que impulsa la política de desarrollo: primero el desarrollo liderado por el Estado, luego la inversión privada y ahora los actores criminales que operan como una frontera de expansión violenta. Lo que no ha cambiado es quién asume el costo de esta expansión; como lo atestigua el asesinato de Chico Mendes, las poblaciones rurales y, de manera desproporcionada, los pueblos indígenas siguen siendo asesinados por intereses ilegales que operan bajo el estandarte del desarrollo. En el Perú, entre 2009 y 2022, se registraron 163 casos relacionados con defensores indígenas de los derechos humanos: el 6.75% involucró amenazas, el 9.8% ataques físicos, el 62.5% criminalización, el 18.4% asesinatos, y solo el 2.45% resultó en resultados legales exitosos. El ochenta por ciento de los casos resultó en criminalización o asesinato. El número de defensores sometidos a criminalización es casi 3.5 veces mayor que el número de asesinados. Se lograron resultados legales exitosos en solo el 3.92% de los casos criminalizados y en el 2.45% de todos los casos documentados (Soria 2022).
Esto ocurre a pesar de la existencia de 18 instrumentos jurídicos internacionales y aproximadamente 150 leyes y decretos promulgados por cinco países amazónicos que declaran formalmente la protección de las tierras y los recursos de los pueblos indígenas. En la práctica, sin embargo, la disponibilidad de recursos y la política afectarán profundamente la capacidad de respuesta institucional. El liderazgo político regional está fuertemente influenciado por los intereses económicos regionales, los cuales en muchos casos también constituyen poderosos actores políticos locales. Los políticos y legisladores regionales que afirman representar a una región o estado amazónico se presentan con frecuencia como defensores de la minería ilegal, la extracción de madera o el tráfico de fauna silvestre.
Un análisis de las tendencias de la deforestación en la cuenca amazónica durante el período 2001–2014 (Kalamandeen et al., 2018) revela cambios significativos en la dinámica de la pérdida de bosques amazónicos. En primer lugar, los puntos críticos (hotspots) de deforestación están migrando desde el sur de la Amazonía brasileña hacia el Perú y Bolivia. En segundo lugar, mientras que el número de nuevos desmontes de gran escala (>50 ha) disminuyó significativamente con el tiempo (en un 46%), el número de nuevos desmontes de pequeña escala (<1 ha) aumentó en un 34% entre 2001–2007 y 2008–2014. En tercer lugar, el área caracterizada por una pérdida de bosque a pequeña escala y de baja densidad se expandió notablemente durante 2008–2014. Este cambio representa un desafío nuevo y alarmante para la conservación de los bosques, a pesar de las reducciones en la tasa general de deforestación. El año 2019, además, vio una combinación generalizada de deforestación a pequeña escala y un marcado aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. En el período de 2005 a 2015, mediante la implementación parcial de medidas de economía verde, Brasil redujo la deforestación en un 82%, demarcó formalmente tierras indígenas que representan el 13% de la Amazonía y expandió las áreas protegidas para cubrir el 27% de la Amazonía.
Muchos gobiernos amazónicos aplican políticas y discursos a favor de la extracción de recursos a nivel nacional que refuerzan y sinergizan las acciones de los gobiernos provinciales y locales que promueven la deforestación. A escala nacional, diversas iniciativas de desarrollo —incluyendo el proyecto de la Hidrovía Amazónica en el Perú, el Tren Transamazónico en Bolivia y las políticas a favor de la deforestación en Brasil— han contribuido al aumento de las tasas de deforestación. A niveles provincial y local, la tala, la minería y otras actividades de extracción de recursos continúan siendo la única opción política efectivamente implementada, mientras que la protección de las tierras de los pueblos indígenas aislados es sistemáticamente demonizada como una agenda antidesarrollo de izquierda liberal.
La aceleración de la deforestación en Brasil, Bolivia y otros lugares es directamente atribuible al impulso político brindado a los deforestadores por parte de sus líderes políticos. Los líderes políticos que se adhieren a modelos de desarrollo convencionales (business-as-usual) buscan sistemáticamente debilitar a las agencias ambientales y a los organismos de protección indígena, nombrando a figuras proindustria o a francos defensores de la deforestación como directores de las instituciones ambientales. En este contexto, la alineación ideológica a lo largo de las líneas tradicionales de izquierda o derecha no ofrece ninguna protección significativa: ambas orientaciones han demostrado tendencias prodesarrollo a expensas de los derechos ambientales e indígenas. Cuando Evo Morales llegó al poder, su administración entró en conflicto con las organizaciones indígenas amazónicas, favoreció la colonización y las industrias extractivas, promovió la expansión de la frontera agrícola y autorizó la construcción de una carretera a través de un área protegida y tierras comunales. Del mismo modo, el gobierno de Correa en Ecuador se distanció del movimiento de los pueblos indígenas al inicio de su gestión y posteriormente persiguió a las ONG ambientales, oponiéndose a sus propuestas frente a las industrias proextractivas.
Las políticas nacionales frecuentemente respaldan las propuestas locales de deforestación, como lo ilustra el caso de la Ley Peruana 30574, la cual consta de un solo artículo que declara de necesidad pública e interés nacional priorizar una ruta de conexión multimodal sin restricciones por áreas protegidas o derechos de los pueblos indígenas, incluidos los PIACI. Esta propuesta ya había sido rechazada por el Congreso en 2011 y 2012, cuando los Ministerios de Transportes, Ambiente y Cultura emitieron sólidos informes técnicos en contra de su aprobación. Sin embargo, para el año 2017 —momento en el cual los madereros ya habían abierto extensos kilómetros de carretera dentro del bosque con el objetivo de conectar la provincia de Purús en Ucayali con la región de Madre de Dios y la Carretera Interoceánica Sur— el Congreso promulgó la ley. Esta carretera afectará concesiones forestales, parques nacionales y reservas PIACI, violando la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley de Áreas Naturales Protegidas y el Convenio 169 de la OIT.
La gobernanza democrática exige la participación significativa de todas las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones.
La gobernanza democrática exige la participación significativa de todas las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. En la práctica, las políticas para el desarrollo de las zonas rurales amazónicas son determinadas en las capitales provinciales o nacionales por políticos orientados a servir a sus electores urbanos y prodesarrollo. En Brasil, los grandes agricultores; en el Perú, los madereros; y en Ecuador y el Perú, los intereses del sector de petróleo y gas son las voces que los gobiernos escuchan con mayor constancia, mientras que los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales son ampliamente excluidos o confinados a negociaciones prolongadas que producen declaraciones carentes de mecanismos eficaces de implementación, monitoreo o verificación. Una gobernanza más democrática e inclusiva puede contribuir a la formulación de decisiones políticas amazónicas duraderas al atender sistemáticamente las necesidades de todas las poblaciones rurales y actores económicos. Si bien esto puede parecer una preocupación regional, conlleva consecuencias globales para la justicia climática y los derechos humanos.
La integridad misma de los procesos electorales se pone en entredicho cuando los funcionarios electos adoptan abiertamente posturas anticientíficas, racismo y negacionismo climático. Por el contrario, las organizaciones de los pueblos indígenas, los activistas ambientales e incluso el Papa solo cuentan con sus voces y autoridad moral para contrarrestar a los promotores de la deforestación, quienes operan bajo el paraguas ideológico del crecimiento económico, el desarrollo agrario, la inversión de las industrias extractivas y el imperativo de instalar proyectos de producción a gran escala en entornos amazónicos. Aunque puedan existir argumentos legítimos en ambos lados del debate sobre el desarrollo, lo que falta fundamentalmente es una comprensión compartida y rigurosa de la sustancia, los procesos y los resultados de la gobernanza democrática. Existe, por tanto, una necesidad imperiosa de una inversión sostenida en la educación democrática y en la creación de capacidades de gobernanza.
Existe, por tanto, una necesidad imperiosa de una inversión sostenida en la educación democrática y en la creación de capacidades de gobernanza.
Cuando la política prevalece sobre el marco legal, los intereses de desarrollo debilitan las estructuras institucionales y jurídicas, paralizando así las respuestas a nivel nacional, regional y local. La reubicación de una agencia desde un sector proconservación hacia uno proinversión es una maniobra política común que disminuye la efectividad de la agencia y empodera a los agentes de la deforestación y la extracción de recursos sin consideración alguna por los medios de vida de los demás. En el Perú, por ejemplo, la autoridad forestal se encuentra albergada dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, donde los agentes de la deforestación ejercen una influencia considerablemente mayor de la que tendrían dentro del Ministerio del Ambiente. Cada reubicación institucional conlleva un período de transición y una realineación organizacional que compromete aún más la efectividad de la agencia.
Las declaraciones bienintencionadas de los instrumentos jurídicos internacionales y de la legislación nacional son rutinariamente socavadas por la deficiente implementación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y por procesos fallidos de diálogo de políticas públicas entre los Estados y las organizaciones indígenas amazónicas. Los Estados amazónicos tienden a relacionarse con los pueblos indígenas como individuos aislados y se niegan sistemáticamente a coordinar de manera orgánica con las organizaciones de los pueblos indígenas y sus líderes reconocidos. Asimismo, suelen ignorar el hecho de que el impulso político de las organizaciones indígenas es precisamente lo que hace posible, en primer lugar, la definición de nuevos horizontes para el desarrollo de las políticas públicas indígenas.
La legislación peruana sobre pueblos indígenas reconoce once tipos distintos de tenencia de la tierra que, en general, poseen una robustez textual moderada, pero requieren instrumentos de implementación sólidos, mecanismos de control y procedimientos de sanción. Dos tercios de estos tipos de tenencia se caracterizan por una protección moderada de los derechos, mientras que un tercio presenta una robustez débil o muy débil (Soria 2018). A pesar de estas limitaciones, esta legislación es comparativamente más robusta que la legislación sobre tenencia de tierras tradicionales o indígenas en Asia y África.
Los estudios del CIFOR sobre legislación de tenencia de la tierra en los cinco continentes demuestran que la titulación de tierras, aunque importante, no garantiza por sí misma los resultados de conservación (Angelsen et al. 2018). El logro de la conservación requiere un acompañamiento integral basado en un diálogo intercultural sobre el desarrollo indígena en conjunción con los objetivos de conservación. Varios proyectos REDD+ indígenas amazónicos ofrecen casos instructivos de mejora exitosa de los ingresos para las comunidades indígenas vinculados a la producción agrícola, incluyendo el cultivo de café y cacao.
Un sistema sólido para proteger los derechos frente a los motores de la deforestación y la degradación requerirá la persecución penal efectiva de los delitos de tala ilegal y cambio no autorizado de uso de la tierra de forestal a agrícola; no simplemente arrestando al maderero y a sus cómplices, sino garantizando que los financistas también sean considerados responsables y penalizados.
La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, n.d.), el INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, n.d.) y el SERFOR mantienen sistemas de alerta temprana de incendios que cubren entornos terrestres y forestales. El Instituto de Recursos Mundiales opera el Global Forest Watch (Global Forest Watch, n.d.), una plataforma de monitoreo forestal que coordina con organizaciones de campo para generar alertas de deforestación y propiciar respuestas rápidas por parte de las autoridades locales. Para que los sistemas de monitoreo sean efectivos, la autoridad forestal debe ser capaz de comparar la información presentada en los documentos de planificación con los datos en tiempo real sobre cómo avanzan realmente las operaciones en el campo; abarcando la tala de árboles, la preparación de trozas y tablones, el transporte, la transformación y el comercio. Esto requiere conectividad en tiempo real y el despliegue de aplicaciones digitales capaces de cargar información detallada sobre licencias forestales, planes de manejo forestal y guías de transporte, entre otros instrumentos. Se deben establecer obligaciones para el reporte diario de datos de producción desde las áreas de corta, almacenes y aserraderos, proporcionados por los titulares de las licencias, puestos fijos de control forestal, comerciantes participantes y ciudadanos comprometidos, junto con sistemas robustos de trazabilidad.
Lo que se necesita es un mecanismo judicial rápido capaz de responder a las demandas relacionadas con la tenencia de la tierra, los delitos ambientales y asuntos afines; un compromiso claro y proactivo para cumplir con las responsabilidades compartidas dentro de un sistema integrado multisectorial y multinivel (que abarque agricultura, ambiente, el poder judicial, los gobiernos regionales y otros); el ejercicio efectivo de la autoridad estatal en la supervisión y apoyo de la gestión ambiental en las zonas rurales; y la integración de políticas que promuevan la propiedad colectiva y la conservación de la tierra con políticas para el crecimiento económico (Soria 2015, p. 17). La Carta de los Bosques inglesa de 1217 utilizaba un tribunal itinerante para procesar las infracciones forestales, mientras que China integró procedimientos administrativos, civiles, penales y económicos para abordar adecuadamente las demandas ambientales.
Las diferentes formas de tenencia de la tierra —propiedad privada, propiedad comunal y propiedad pública— requieren arreglos institucionales apropiados para funcionar de manera eficaz. En consecuencia, las políticas públicas deben diseñarse y calibrarse para abordar los requisitos específicos de cada una de estas dimensiones de la tenencia. El desarrollo sostenible debe trascender su orientación actual a nivel de mercado e integrarse dentro de los compromisos sociales y ambientales que atienden a la plena diversidad de actores y contextos que se encuentran en regiones del mundo donde los mecanismos de mercado son débiles, incompletos o han estado históricamente ausentes.
Lo que se requiere es una promoción concertada de la sostenibilidad mediante las siguientes medidas: el saneamiento de la propiedad de la tierra pública, comunal y privada; el apoyo a la producción agrícola, forestal y pesquera sostenible; la aplicación efectiva de sanciones contra los actores ilegales y sus financistas; la promoción de la conservación a través de la inclusión, el diálogo intercultural, el intercambio y el aprendizaje conjunto; y la institucionalización de sistemas de gestión adaptativa, monitoreo, reporte y verificación.
Es fundamental reconocer la importancia crítica de dar cabida a la diversidad en la gobernanza y en el desarrollo de las políticas públicas. Esto implica salvaguardar los derechos de los productores privados, los pueblos indígenas, la ciudadanía y la naturaleza; los cimientos mismos sobre los cuales la cuenca amazónica mantiene su estatus como un espacio vital, multicultural y biodiverso que sustenta a la región y al planeta en su totalidad.
El marco regulatorio debe actualizarse, y la gestión pública debe hacerse más transparente y democratizada al servicio de la conservación, en lugar de continuar privilegiando la infraestructura gris (cemento y hormigón). Las políticas y los presupuestos actuales siguen estando desproporcionadamente orientados hacia el espacio urbano en lugar de las zonas rurales, hacia la infraestructura gris en lugar de la verde, hacia la densidad poblacional sobre la dispersión de la población, y hacia la producción comercial sobre la producción de subsistencia; a pesar de que esta última atiende las necesidades de una parte significativa de la población rural e indígena.
En última instancia, cualquier movimiento en esta dirección conlleva necesariamente un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo imperante y, de manera más fundamental, sobre la idoneidad de los mecanismos de mercado por sí solos para hacer frente a la crisis climática y garantizar la supervivencia del planeta, permitiendo al mismo tiempo la coexistencia pacífica de diversos medios de vida. Como nos recuerdan Arce y Soria (2019), la naturaleza favorece la diversidad frente a la homogeneidad, y la homogeneidad conduce característicamente al colapso. Es dentro de esta lógica que debemos avanzar a través de la gestión adaptativa y buscar conciliar la coexistencia de los arreglos de tenencia de la tierra privados, públicos y comunales, asegurando simultáneamente la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y la biodiversidad, diversificando así nuestra respuesta colectiva a la deforestación.
Referencias bibliográficas:
–Angelsen, A., Martius, C., De Sy, V., Duchelle, A. E., Larson, A. M., & Pham, T. T. (Eds.). (2018). Transforming REDD+: Lessons and new directions. Center for International Forestry Research (CIFOR).
–Arce, R., & Soria, C. (2019). Nuevas aproximaciones al manejo forestal desde una perspectiva ética humanista [New approaches to forest management from a humanist ethical perspective]. Paideia XXI, 9(1). http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Paideia
–Bunker, S. G. (1985). Underdeveloping the Amazon: Extraction, unequal exchange, and the failure of the modern state. University of Chicago Press.
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* Carlos Antonio Martin Soria Dall’Orso es consultor internacional en políticas ambientales, gobernanza forestal y derechos de los pueblos indígenas, con actuación en la Amazonia y en organismos internacionales. Doctor en Filosofía por la Flinders University of South Australia (Australia). [email protected]
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