Colombia: consulta previa en la mira

El gobierno de Abelardo De la Espriella modifica mediante decretos y directivas la consulta previa en Colombia, buscando agilidad, pero expertos y pueblos indígenas advierten que podría debilitar este derecho fundamental.

Acelerar o debilitar la consulta previa: el Gobierno de Colombia cambia las reglas de ese derecho

Por Gonzalo Ortuño López*

Mongabay Latam, 30 de octubre, 2026.- El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella planea cambiar las reglas de la consulta previa en Colombia, un derecho de los pueblos indígenas que garantiza su participación en las decisiones que se toman sobre sus territorios. Y comienza a hacerlo mediante ajustes normativos que por un lado, aseguran en el Ejecutivo, buscan “orden y agilidad” en el mecanismo, pero que enfrentan cuestionamientos por parte de especialistas y representantes de pueblos indígenas, quienes ven el riesgo de que este derecho fundamental sea debilitado.

Las economías criminales desbordan la frontera entre Colombia y Ecuador: "La paz quedó muy… La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre el riesgo de una escalada de violencia en dos municipios del piedemonte…

La consulta previa es un derecho central para poblaciones indígenas y afrodescendientes en Colombia, ya que es el mecanismo de diálogo que les permite denunciar afectaciones directas por parte de proyectos de infraestructura, mineros, energéticos, petroleros o actos administrativos. También les permite llegar a acuerdos con el Estado y empresas para garantizar sus derechos.

Este ejercicio está reconocido tanto a nivel internacional, por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como por la norma y la Constitución de 1991 de Colombia, por lo tanto es un ejercicio obligatorio cuando hay proyectos que impactan los territorios.

Sin embargo, la actual administración sostiene que hay un estancamiento en este proceso provocando un “desorden” que frena proyectos de inversión en el país. El ex ministro del Interior, Rodrigo Lara, expuso que hay 280 procesos de consulta “sin control” o sin registro claro, por lo que ahora buscan modificar la operación de la consulta previa bajo el argumento de devolver “el espíritu original” de este derecho a las comunidades y señalando que el ejercicio ha sido capturado por intermediarios.

Especialistas señalan riesgos ante las modificaciones anunciadas por el gobierno de Colombia para el mecanismo de consulta previa. Foto: cortesía Ministerio del Interior de Colombia.

Acciones que cambian la consulta previa

El gobierno de De la Espriella anunció decretos, reformas y directivas presidenciales para modificar diferentes aspectos de la consulta previa.

Por un lado, el Ministerio de Ambiente emitió un proyecto de decreto que permite que mientras se realice la consulta previa, también pueda adelantarse el licenciamiento ambiental, es decir, la autorización que otorga la autoridad ambiental para algún proyecto, como presas, carreteras o extracción minera. Antes, este paso no era posible, hasta que culminara el proceso de consulta a la comunidad afectada y esta diera su visto bueno al proyecto.

“Buscamos reducir tiempos y costos, sin sacrificar el rigor técnico ni los derechos de las comunidades”, expuso el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, sobre la posibilidad de que los proyectos puedan tramitar su licencia ambiental, sin que haya concluido la consulta previa a comunidades.

Por otro lado, el Ministerio del Interior anunció una reforma al procedimiento de consulta para destrabar y sistematizar la información de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), que es el organismo encargado de determinar si un proyecto requiere la consulta previa, así como de determinar a qué poblaciones hay que consultar. Además, es la institución encargada de coordinar el diálogo a través de las etapas de todo el mecanismo.

El ex ministro Lara, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 22 de octubre, expuso que con esta medida se buscaba digitalizar el 100 % de los expedientes, crear una ventanilla única digital, así como crear un comité independiente de seguimiento y reducir en 90 días el “represamiento” de consultas, con el objetivo de dar “seguridad jurídica, precisión y transparencia al procedimiento”.

El gobierno de De la Espriella busca cambiar las reglas de la consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes. Foto: cortesía Presidencia de Colombia.

En una tercera acción, el presidente De la Espriella emitió la directiva 06 para poner “orden, agilidad y transparencia institucional”, según la Vocería de Presidencia, al procedimiento de la consulta previa en Colombia.

Esta propuesta elimina el test de proporcionalidad, un mecanismo previsto para cuando se cierra un proceso de consulta sin acuerdos entre los responsables de un proyecto y las comunidades. Este análisis evalúa si un proyecto puede continuar a pesar de la falta de acuerdo con la comunidad afectada.

Sin embargo, en las medidas anunciadas por el Gobierno, en lugar del mecanismo de análisis, la autoridad puede cerrar el procedimiento administrativo cuando no se llegue a un acuerdo con las comunidades. En este escenario, la medida presidencial señala que cada autoridad adoptará la decisión final sobre el proyecto.

Para Mauricio Madrigal, profesor de derecho ambiental y especialista en incidencia política en WWF Colombia, este es el mayor cambio propuesto, donde se pierden de vista dos conceptos fundamentales que deben ser parte central de la discusión y que la Corte Suprema ha desarrollado de manera amplia: los diálogos interculturales y las “etnoreparaciones”. Estos buscan un intercambio de argumentos y acuerdos considerando que las comunidades no tienen un poder de veto automático sobre cualquier proyecto ni el Estado, la autoridad para imponer alguna obra o legislación en los territorios.

Madrigal destaca la importancia de integrar los conocimientos y sistemas de gobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes en este escenario, ya que asegura que son claves para las “prevención, manejo y reparación de los daños ambientales” y advierte que si no se toman en cuenta estos elementos, “la consulta queda más como trámite y no como derecho, por lo que generará más tensiones y conflictos”.

En este sentido, las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional señalan que el diálogo intercultural con los pueblos indígenas se realizará solo con autoridades legítimamente reconocidas por la comunidades, por lo que terceras personas o mediadores que les acompañen no tendrán algún tipo de representación o vocería.

La consulta previa le permite a comunidades indígenas y afrodescendientes llegar a acuerdos con el Estado cuando un proyecto de infraestructura, como una presa o represa, impacta sus territorios. Foto: cortesía Laura Betancur Alarcón.

“Con esta regla blindamos a nuestras minorías y garantizamos que la consulta previa ni se desvíe hacia dinámicas que la convierten en un simple escenario de negociación económica o en una transacción sobre derechos”, sostuvo el vocero del Gobierno, Miller Soto.

La medida, sostuvo el vocero, busca evitar “procesos infinitos” que “paralizan” al país. “No habrá consultas eternas. La ausencia de un acuerdo no impedirá el cierre administrativo si se constata que las comunidades contaron con oportunidades reales y efectivas de participación”, sostuvo el vocero.

Derechos en riesgo e incertidumbre

Sandra Vilardy, profesora de la Universidad de Los Andes y ex ministra de Ambiente, señala que un riesgo de aplicar estas medidas es que aumenten los litigios estratégicos contra proyectos que terminen en un limbo legal por fallas en el proceso.

“Es un riesgo muy importante que sigamos en estos limbos por una imposibilidad de tener mejores instrumentos normativos que acompañen la reglamentación de la consulta previa y que realmente sean garantistas de los derechos de los pueblos indígenas”, dice la experta a Mongabay Latam.

Para Edgar Fernández, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las medidas anunciadas pueden derivar en el debilitamiento de sus derechos.

“Prácticamente estaríamos perdiendo en todos los escenarios. El desmonte gradual de un derecho que se ha ganado en el marco de la ley y que nos permite a nosotros tener objeción”, señala Fernández.

Para el consejero del CRIC, esta medida es delicada ante la posible expansión de proyectos mineros en Colombia que buscan la extracción de diversos minerales.

“El Gobierno firmó con los Estados Unidos un acuerdo para la exploración y suministro de tierras raras y encontramos que de ese 100 % [de territorio], el 70 % está en territorios indígenas, especialmente para la Amazonía y la Orinoquía”, expone.

Consulta previa con el pueblo kogui, presente en tres departamentos de Colombia. Foto: cortesía Unidad para las Víctimas.

Un escenario con 35 años de consultas sin evaluación

Los especialistas consultados por Mongabay Latam señalan que tras 35 años de implementación, la consulta, como cualquier otro instrumento, puede tener mejoras. Sin embargo, Vilardy cuestiona que en este periodo no ha habido desde lo público una evaluación a los mecanismos de consulta previa para conocer su impacto y sus áreas de mejora.

“En estos 35 años no hemos tenido una evaluación que pueda efectivamente cuantificar cuáles han sido efectivamente los éxitos y que cosas son susceptibles de mejorar en el procedimiento”, explica.

Al mismo tiempo, cuestiona si las medidas impulsadas por el Gobierno pueden “mejorar el procedimiento para las personas que pueden ver afectadas o es simplemente un acelerador de tiempo de los mecanismos”, agrega.

El gobierno de Colombia busca «acelerar» el proceso de la consulta previa y «agilizar» este trámite para no “paralizar al país”. Foto: cortesía Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes.

Un análisis realizado en 2014 por la experta en derecho ambiental y en pueblos indígenas Gloria Amparo Rodríguez advirtió que la percepción de que la consulta previa es un “foco de conflictos», además de ser inadecuada, termina por estigmatizar a los pueblos indígenas y sus derechos.

“La consulta previa se evaluó como una oportunidad y no como una amenaza, dado que permite la defensa de los derechos, la discusión y la concertación previa a la toma de decisiones, tres elementos fundamentales para un país que busca el crecimiento de la economía, el bienestar social, la elevación de la calidad de vida de todos los colombianos y, en especial, la prevención de conflictos ambientales”, destaca el informe.

Vilardy insiste en que las modificaciones sobre consulta previa en Colombia deben basarse en el aprendizaje de estos casos y no en supuestos. “Es urgente que podamos hacer diseño de política pública basada en evidencias. Eso es la modernidad y aquí pareciera que nos cuesta mucho eso”, sostiene.

—
Gonzalo Ortuño López lleva 12 años trabajando en el periodismo. Se dedica a contar historias con perspectiva ambiental y climática.

—-
Fuente: Publicado en Mongabay Latam el 30 de octubre de 2026: https://es.mongabay.com/2026/10/consulta-previa-colombia-cambia-reglas/