Las conclusiones de la COP29 son una sentencia de muerte para cientos de millones de personas. Un genocidio masivo y deliberado.
La Conferencia de las Naciones Unidas para atender la amenaza más grave que ha confrontado la humanidad en toda su historia ha concluido en un destructivo enfrentamiento entre países ricos e industrializados, y países pobres, en desarrollo. Una paradójica confrontación que se ha venido profundizando por más de treinta años, desde que se firmara el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 (UNFCCC).
Los países industrializados, con apenas el 17% de la población mundial, han impulsado su desarrollo y han acumulado riquezas por más de 150 años utilizando la atmósfera, un bien común de toda la humanidad, como basurero de gases tóxicos derivados de ese desarrollo. Se enriquecieron contaminando gratuitamente la atmósfera y contribuyendo de manera desproporcionada al calentamiento global acumulado hasta la fecha. El 70% del CO2 acumulado en la atmósfera durante el período 1900 – 2020 por consumo de combustibles fósiles provino de los países industrializados. Implica que el 70% del calentamiento global derivado del consumo de combustibles fósiles es responsabilidad del 17% de la población mundial, los países más ricos del planeta.
El Acuerdo de París es un convenio internacional para enfrentar el gigantesco desafío que enfrenta la humanidad por el calentamiento global y sus consecuentes alteraciones climáticas. Como la principal fuente de gases de efecto invernadero es el consumo de combustibles fósiles, se ha acordado descarbonizar la economía, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables. Esta transición energética implica la inversión de 150 billones de dólares (US$150 E12) en los próximos 30 años, a una tasa promedio de US$ 5 billones por año, durante 30 años consecutivos. El 60% de esa inversión debe hacerse en los países en desarrollo: US$ 3 billones anuales.
Tres acuerdos internacionales destacan el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas: el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015). Este principio se refiere a la desproporcionada contribución de los países industrializados, una minoría privilegiada de la población mundial, en la gestación de la crisis climática actual. Si esta minoría ha contribuido con el 70% en la gestación de la crisis climática, debería contribuir con el 70% de los costos involucrados para superarla.
Partiendo del principio acordado de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países industrializados, más ricos y tecnológicamente más avanzados, deberían contribuir con al menos US$ 2 billones de dólares anuales, durante 30 años consecutivos, para que los países más pobres del planeta, empobrecidos y adeudados, puedan impulsar la transición energética hacia energías renovables, sin sacrificar sus aspiraciones por superar la pobreza y sin endeudar aún más a sus generaciones futuras.
Es en este contexto que en las negociaciones de la COP29 del Acuerdo de París que acaban de concluir en Azerbaiyán (12 al 22 de noviembre 2024) los países en desarrollo exigieron que los países industrializados contribuyan con al menos US$ 1,3 billones anuales para la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático en países en desarrollo. Exigieron además que estos recursos provengan del sector público de países industrializados, y que no tengan carácter de préstamos, que no impliquen compromisos financieros que se transformen en deudas.
Pero en Azerbaiyán los burócratas de los países industrializados le lanzaron sólo una limosna a los países más pobres del planeta: US$ 0,3 billones anuales, con carácter voluntario, jurídicamente no vinculante.
Aunque se reconoció que las necesidades inmediatas de financiamiento de los países en desarrollo superan el billón de dólares anuales, los países industrializados proponen que la diferencia se atienda a través de la banca multilateral y la inversión privada. De esta manera pretenden evadir sus responsabilidades históricas y transferir la carga financiera a los países más pobres del mundo.
La mayoría de los países en desarrollo se encuentran en la franja tropical, donde la temperatura media anual tiende a duplicar el promedio global, especialmente cerca de la línea ecuatorial y cerca del nivel del mar. La franja tropical abarca el 40% de la superficie global, con una población actual de aproximadamente 3.400 millones de personas.
Las tendencias actuales conducen hacia un aumento de temperatura de 4°C para finales de siglo, lo que implicaría el fin de la civilización humana. En el extremadamente poco probable escenario en el que todos los países cumplan todas sus promesas ante el Acuerdo de París, para finales de siglo se registraría un aumento infernal de 3°C.
La última vez que se registró un aumento de 3°C fue hace 4 millones de años, cuando la concentración de CO2 en la atmósfera oscilaba alrededor de las 400 partes por millón y el nivel del mar se encontraba entre 20 y 24 metros sobre el que conocemos. La concentración actual de CO2 es de 423 partes por millón.
Un aumento de 3°C en la temperatura superficial promedio global haría inhabitable la mayor parte de la franja tropical del planeta. Implica un aumento de 5°C a 6°C en las regiones más cercanas al ecuador y al nivel del mar. La temperatura promedio anual de estas regiones pasaría de entre 27°C y 28°C en la actualidad a entre 32°C y 34°C, más allá de los límites de la tolerancia humana ( https://julioccenteno.substack.com/p/que-estamos-esperando-para-actuar-020?r=24trn1 )
Al aumento de temperatura se suman otras amenazas contra los países más pobres, igualmente letales: el aumento en el nivel del mar y su acidificación, huracanes cada vez más frecuentes y destructivos, pérdida de fuentes de agua y de fertilidad en los suelos, destrucción de bosques, devastación masiva de la biodiversidad y propagación de enfermedades.
Los habitantes de los países tropicales, en su mayor parte países en desarrollo, son las primeras víctimas masivas del calentamiento global. Se encuentran en la vanguardia, abandonados a su suerte, aunque su contribución a la crisis climática acumulada hasta la fecha haya sido marginal. Los países industrializados les exigen que reduzcan aún más sus emisiones, que asuman más responsabilidades, que se endeuden por generaciones para que contribuyan de manera desproporcionadamente alta a solventar la emergencia climática de la que no son responsables, sino víctimas.
Los países industrializados imponen exigencias a los países más pobres y vulnerables, aunque no sólo cada uno de sus propios ciudadanos disfruta condiciones de desarrollo y riqueza muy superiores, sino que cada uno acumula una responsabilidad climática histórica significativamente mayor. Continúan además emitiendo gases de efecto invernado por año en cantidades varias veces superiores a las que emite cada persona de los países a los que acosan.
Múltiples delegaciones de países en desarrollo consideraron la oferta de US$ 0,3 billones anuales como un insulto, abandonando la plenaria final de la COP29. Pero los países industrializados terminaron imponiendo su criterio con una humillante sentencia prepotente: tómelo o déjelo (take it or leave it).
Sólo los daños y pérdidas causados en la actualidad a los países en desarrollo por el calentamiento global y sus consecuentes alteraciones climáticas se estiman en US$ 500.000 millones anuales (Key Messages on Loss and Damage at COP29)
“El financiamiento climático no es caridad, es una obligación” reclamó el Ministro de Estado para Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India, Shri Kirti Vardhan Singh. “Los países más ricos le exigen a los más pobres que reduzcan sus emisiones, pero se niegan a reconocer sus responsabilidades históricas y se niegan a ayudarnos”. Cerca de 400 millones de personas carecen de electricidad en India, y el recurso energético más abundante es el carbón. “¿Cómo pueden exigirle a los países más pobres, como India, que reduzcan sus emisiones, cuando por habitante son sólo una fracción de las suyas?”
África sólo ha recibido 3.000 millones en asistencia climática desde el 2020, pero sólo en el 2024 tuvo que pagar 163.000 millones por el servicio de su deuda. La contribución de África al calentamiento global es marginal, pero es la región más afectada por sus impactos. “No estamos reclamando favores, sino justicia” señaló el vocero de la Unión Africana.
Entretanto, las principales empresas petroleras y gasíferas no sólo reportan billones de dólares anuales en ganancias. Según el Fondo Monetario Internacional, los combustibles fósiles reciben además subsidios explícitos por US$ 1,3 billones anuales, más US$ 5,7 billones adicionales en subsidios implícitos (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/08/24/fossil-fuel-subsidies-surged-to-record-7-trillion).
El delegado de los países insulares declaró: “¿Cómo le vamos a decir a nuestros niños, ancianos, hombres y mujeres, cuando regresemos, que nos han condenado a abandonar nuestros hogares y a tratar de salvarnos en tierras extrañas?”
La reiterada promesa de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París apenas asuma la presidencia en enero 2025, tal y como lo hizo al inicio de su primera presidencia en el 2017, pone en duda que aún la efímera oferta de asistencia financiera prometida a los países en desarrollo se haga realidad.
Es así como, tras haber conducido al planeta al borde del precipicio climático, tras haberse desarrollado y haber acumulado inmensas riquezas utilizando la atmósfera como un basurero gratuito de sus desechos contaminantes, los países industrializados sólo se comprometen a asistir a la mayoría más vulnerable de la humanidad, en sus esfuerzos por superar la pobreza e impulsar su desarrollo, con la irrisoria suma de US$ 0,3 billones anuales, literalmente una limosna.
Mientras los países en desarrollo, la mayoría de la población mundial, los más amenazados por el calentamiento global, continúen comportándose como mendigos en la mesa de negociaciones, seguirán siendo tratados como tales. Su desunión los conduce además a pelearse como perros hambrientos por las migajas que les arrojan los países industrializados. Su propio comportamiento es cómplice del terrible castigo que le imponen los países más ricos a las generaciones futuras inmediatas del mundo en desarrollo.
Treinta años de abuso son más que suficientes. El tiempo se agota. El 2024 cierra con un aumento promedio de 1,5°C, lo que se consideraba una meta distante, para el año 2100. El temido límite de los 2°C, el límite entre lo peligroso y lo catastrófico, será irremediablemente superado para mediados de siglo.
Los países en desarrollo deben cambiar radicalmente de estrategia, asumir posiciones extremas para defender intereses extremos. La sobrevivencia de sus descendientes más inmediatos así lo exige.
Entre estas medidas se encuentran: declarar una moratoria colectiva e indefinida al pago de la deuda pública externa; introducir demandas jurídicas colectivas ante tribunales nacionales e internacionales por las pérdidas y los daños causados, deliberada e intencionalmente, durante generaciones, por las principales transnacionales petroleras; exigir el cobro de un impuesto de US$ 100 por tonelada de CO2 emitida por el 10% de la población más rica del planeta, por emitir tanto como el 90% restante de la población mundial.
A través de un impuesto de esta naturaleza se podrían recabar al menos US$ 2 billones anuales para la transformación energética y la descarbonización de la economía en países en desarrollo.
El desarrollo sustentable se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer el derecho de nuestros descendientes de satisfacer las suyas. Pero las decisiones impuestas por los países industrializados en la conferencia de Naciones Unidas de Azerbaiyán (COP29) sentencian a la mayor parte de los habitantes del trópico a condiciones severamente hostiles a la especie humana, a muy corto plazo. Es una sentencia de muerte para cientos de millones de personas. Un genocidio masivo y deliberado.
Los burócratas de los países en desarrollo, representantes de la inmensa mayoría de la población mundial (83%), han sido incapaces de impedir que los países industrializados, una minoría privilegiada de la humanidad, impongan arbitrariamente su criterio y evadan con absoluta impunidad responsabilidades vitales establecidas en varios acuerdos internacionales.
La élite dominante de los países industrializados parece dispuesta a jugar a la ruleta rusa para alcanzar anhelados objetivos geoestratégicos: reducir la población mundial, la de los países pobres, y garantizar el dominio del sur global por generaciones a través de deudas impagables, para asegurarse acceso irrestricto a sus recursos naturales. La internacionalización del Amazonas, el cambio de deuda por soberanía y el control de recursos minerales estratégicos se encuentran entre estos objetivos.
Para atender emergencias extremas es necesario tomar medidas extremas. Está en juego la sobrevivencia misma de nuestros descendientes más inmediatos.
Fuente: rebelion.org
