La reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha generado un revuelo significativo en el ámbito político y legal del Perú. La decisión de declarar que el Estado peruano ha incurrido en “desacato” al liberar al expresidente Alberto Fujimori, en contra de las disposiciones emitidas, marca un hito importante en la lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Desacato del Estado Peruano: Un Dictamen Contundente
En su resolución del 19 de diciembre, la Corte IDH fue clara al señalar que el Estado peruano ha desatendido la resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida previamente por la Presidencia de la Corte Interamericana el 5 de diciembre de 2023. Este acto de desacato se vincula directamente con la liberación de Alberto Fujimori, un expresidente cuyo mandato estuvo marcado por casos controvertidos como la masacre de Barrios Altos y la desaparición forzada de estudiantes de la Universidad La Cantuta.
Historial de Decisiones y Contradicciones
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de ‘habeas corpus’ a favor de Fujimori, solicitando la nulidad de una medida judicial que suspendió el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Sin embargo, a finales de marzo de ese año, la Corte IDH instó al Estado peruano a “abstenerse” de liberar al exmandatario, estableciendo un conflicto evidente.
A pesar de la instigación de la Corte IDH, tres magistrados del Tribunal Constitucional ordenaron la excarcelación de Fujimori a principios de diciembre, y el gobierno de Dina Boluarte aceptó el dictamen, permitiendo la salida del expresidente. Esta acción desencadenó la inclusión en el informe anual de la Corte IDH del “incumplimiento por parte del Estado del Perú de la resolución de medidas urgentes”.
La Opinión Pública y las Implicaciones Políticas
La liberación de Fujimori ha generado una profunda división en la opinión pública peruana. Según encuestas recientes, el 49% de la población rechaza la liberación, mientras que el 45% la aprueba. Este evento ha abierto un nuevo capítulo en la política peruana, destacando la polarización en torno a la figura de Alberto Fujimori.
El partido fujimorista Fuerza Popular celebró la liberación como “justicia consumada”, mientras que el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, sugirió que detrás de esta decisión hubo una “negociación política” que llevó al Estado a contradecir la resolución de la Corte IDH.
Compromiso Continuo y Expectativas Futuras
La Corte IDH ha establecido claramente que el Estado peruano debe continuar presentando informes cada tres meses, demostrando el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Este compromiso a largo plazo refleja la seriedad con la que la Corte IDH aborda la situación y su firme determinación de garantizar la justicia.
En este contexto, el llamado de Dina Boluarte a atender el “fuero interno” emanado del Tribunal Constitucional ha suscitado interrogantes sobre posibles motivaciones políticas detrás de la liberación de Fujimori. El tiempo dirá cómo evolucionan las consecuencias políticas y legales de este desacato.
En conclusión, la reciente decisión de la Corte IDH y el desacato del Estado peruano han colocado el caso de Alberto Fujimori en el centro de la atención nacional e internacional. Las implicaciones políticas y sociales son significativas, y la opinión pública continuará siendo un factor determinante en el desarrollo de este complejo escenario legal.
Fuente: RT
