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En los últimos días, se ha desatado una polémica en torno al Ministerio Público de Perú, que ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones vertidas por el periódico local La República. Según el medio, periodistas de La República y Sudaca habrían sido objeto de seguimiento y vigilancia por parte del fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez en el marco de la investigación contra el abogado penalista José Luis Castillo Alva y su presunta conexión con la red ‘los Cuellos Blancos del Puerto’.

Comunicado Oficial del Ministerio Público

El Ministerio Público, en su comunicado, niega categóricamente la existencia de medidas de seguimiento, videovigilancia o interceptación telefónica a periodistas. Afirman que la investigación se cerró debido a la falta de indicios reveladores o hechos delictivos que vincularan a los comunicadores con el caso de Castillo o ‘los Cuellos Blancos del Puerto’.

El Caso de ‘los Cuellos Blancos del Puerto’

La revelación de la mayor red de corrupción en el sistema de justicia peruano ocurrió tras la divulgación de una serie de audios comprometedores que implicaban a miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Este caso, conocido como ‘los Cuellos Blancos del Puerto’, sacudió los cimientos del sistema judicial.

Respaldo Judicial a la Posición de la Fiscalía

La Fiscalía destaca que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional respaldó su posición al considerar que ciertas publicaciones en los portales de La República y Sudaca podrían constituir elementos de peligro de obstaculización de la investigación sobre la presunta organización criminal de Castillo. Este respaldo refuerza la posición del Ministerio Público como una institución respetuosa de la legalidad.

Compromiso con las Libertades de Expresión y Prensa

En su comunicado, la Fiscalía enfatiza su respeto a las libertades de expresión y prensa, reafirmando su compromiso con el ejercicio libre de la información. Esta postura refleja el interés de la institución en mantener un equilibrio entre la persecución de actividades delictivas y el respeto a los derechos fundamentales de los periodistas.

Reacción de los Periodistas Implicados

César Romero Calle, uno de los periodistas que denunció el presunto accionar del fiscal, expresó su desacuerdo con el comunicado del Ministerio Público. Romero sostiene que este afecta el derecho de defensa y la libertad de información, considerándolo lamentable y peligroso. Sus declaraciones subrayan la tensión existente entre la institución y los comunicadores afectados.

La Investigación en Secreto y sus Consecuencias

Romero también revela que la investigación se llevó a cabo en estricto secreto, y los periodistas afectados se enteraron de su existencia el 27 de noviembre pasado. Este hecho plantea interrogantes sobre la transparencia de los procesos investigativos y sus implicancias en el ejercicio del periodismo en Perú.

Reflexiones Finales

En medio de esta controversia, es crucial analizar de manera objetiva los eventos y considerar tanto la posición del Ministerio Público como las preocupaciones planteadas por los periodistas. La relación entre la justicia y la libertad de prensa es delicada, y es necesario encontrar un equilibrio que garantice la integridad de las investigaciones sin menoscabar los derechos fundamentales de los comunicadores.

Fuente: RT

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