En un movimiento sorprendente, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha publicado el decreto 84/2023, que prohíbe la renovación de contratos para aquellos trabajadores públicos que fueron contratados a partir del 1 de enero de 2023. Esta decisión es parte integral de un programa de ajuste destinado a reducir de manera drástica el gasto estatal en el país sudamericano.
El Impacto del Decreto en el Empleo Público
Según información proporcionada por el diario La Nación, esta medida conllevaría el despido de aproximadamente 7,000 personas que comenzaron a trabajar para el Estado este mismo año. El decreto establece de manera clara que las contrataciones de personal realizadas a partir de la fecha mencionada no serán renovadas, y se llevará a cabo una revisión minuciosa de los contratos previos a este periodo.
Directrices del Decreto 84/2023
El Boletín Oficial ha sido testigo de la publicación de este decreto, el cual instruye a las autoridades competentes de cada jurisdicción a realizar un exhaustivo relevamiento del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea anterior al 1° de enero de 2023. El propósito es evaluar la renovación de las contrataciones de manera fundamentada.
“Instrúyase a las autoridades competentes de cada jurisdicción (…) a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”, señaló el documento.
Excepciones y Protecciones Especiales
A pesar de la rigurosidad del recorte, el decreto contempla excepciones para ciertas contrataciones reguladas por ley u otras formas de protección especial. Esto incluiría, por ejemplo, el cupo laboral para personas trans establecido por ley. Asimismo, se brinda protección a los trabajadores que ingresaron al Estado antes del 1 de enero de 2023 y modificaron su modalidad de contratación. Aquellos cuyas labores se consideren indispensables para el funcionamiento de cada jurisdicción también están resguardados, siempre que su continuidad sea necesaria por razones impostergables.
Justificación Oficial del Recorte
El decreto se ampara en el Decreto de Necesidad y Urgencia que redujo la estructura nacional de 18 a ocho ministerios. La reestructuración, según el documento oficial, busca optimizar recursos y, en consecuencia, exige una revisión de todas las contrataciones. La medida se alinea con los objetivos de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública.
Revisión de Programas Sociales: ‘Potenciar Trabajo’
En una conferencia de prensa reciente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno llevará a cabo una revisión de los programas sociales ‘Potenciar Trabajo’. El objetivo es detectar irregularidades o planes asignados sin justificación válida. Cerca de un millón de beneficiarios se encuentran bajo escrutinio, ya que, según investigaciones judiciales, se han identificado alrededor de 160.000 casos con irregularidades diversas.
“Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8.000 personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60.000 beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros”, manifestó Adorni.
Cambios Significativos en el Empleo Público Argentino
En resumen, el decreto del presidente Javier Milei marca un cambio significativo en la dinámica del empleo público en Argentina. Con la prohibición de la renovación de contratos y la revisión exhaustiva de las contrataciones anteriores, el Gobierno busca una gestión más eficiente de los recursos. Sin embargo, las excepciones y protecciones demuestran la sensibilidad del enfoque, asegurando que ciertos sectores no se vean afectados de manera desproporcionada.
La revisión de programas sociales también indica un compromiso con la transparencia y la eliminación de irregularidades en la asignación de recursos públicos. Estos cambios, aunque controvertidos, buscan fortalecer la administración y garantizar que los recursos estén alineados con las necesidades reales de la sociedad.
Fuente: RT
