Las familias de las personas asesinadas en las protestas tras el derrocamiento de Evo Morales recibieron con satisfacción el pedido de la Fiscalía de 30 años para la expresidenta ‘de facto’ y los demás funcionarios acusados de genocidio. Pidieron apoyo psicológico para continuar su pedido de justicia.
El largo camino hacia la justicia para las víctimas de las masacres ocurridas después del derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019 está alcanzando un punto crucial en Bolivia. La Fiscalía boliviana ha presentado una acusación que busca la condena de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros 17 individuos, incluyendo exministros, militares y policías, por el delito de genocidio.
El contexto del conflicto
Hace cuatro años, Bolivia vivió un convulso período marcado por la salida del entonces presidente Evo Morales. Durante ese tiempo, específicamente entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, se produjeron las trágicas masacres de Sacaba, en Cochabamba, y en el barrio de Senkata en El Alto, una ciudad conurbada a La Paz.
Las protestas y manifestaciones en contra del derrocamiento de Morales fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la Policía, que utilizaron la violencia armada respaldados por el decreto 4078, emitido por el Gobierno de Áñez. Este decreto eximía de responsabilidad penal a quienes abrieran fuego, lo que resultó en la muerte de al menos 20 personas y numerosos heridos.
La búsqueda de justicia
Con la acusación presentada por el Ministerio Público, las familias de las víctimas se encuentran emocionalmente preparadas para acudir a los tribunales y buscar el cierre de este oscuro capítulo en la historia boliviana. En conversación con Sputnik, los familiares de las personas asesinadas expresaron su satisfacción ante el avance en la acusación contra Áñez y los demás implicados.
Gloria Quispe, hermana de una de las víctimas, relató su dolorosa experiencia desde la trágica muerte de su hermano Antonio en Senkata el 19 de noviembre de 2019. A pesar de los años transcurridos, el sufrimiento persiste. Gloria menciona que, a menudo, su salud se resiente debido al estrés constante y la falta de apoyo psicológico.
Su testimonio refleja el calvario que viven muchas familias que perdieron a sus seres queridos en aquellos días oscuros. “Mis papás igual están mal. A veces los veo llorar cuando en las noticias mencionan a mi hermano. O cuando tienen que ir a firmar algún documento relacionado con la causa judicial. Cada día es recordar lo mismo”, dijo Gloria Quispe.
La Fiscalía boliviana ha solicitado una condena de 30 años de prisión para Jeanine Áñez y otros 17 acusados de genocidio, la pena máxima contemplada en la legislación del Estado Plurinacional. A pesar de esta solicitud, Gloria Quispe considera que “30 años no es reparación suficiente ni para uno solo de nuestros muertos”.
María Javier, abogada de las víctimas de la masacre de Huayllani, ocurrida en Cochabamba el 15 de noviembre de 2019, expresó su preocupación por la falta de enjuiciamiento de todos los responsables. Además de Áñez, están acusados 14 jefes militares y policiales, lo que plantea interrogantes sobre los privilegios de otros involucrados.
“Queremos saber de qué privilegios gozan los demás autores de estas masacres. Hemos pedido que sea juzgado todo el gabinete que firmó el decreto 4078, pero no están todos”, advirtió la abogada.
La lucha por la justicia
Gloria Quispe, quien preside la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata y Familiares de Fallecidos, lidera la lucha por justicia en nombre de su hermano y todas las personas afectadas por estas trágicas masacres. A pesar del desgaste personal, mantiene la determinación de buscar justicia.
“Ya dijimos con las hermanas que juntas vamos a salir adelante”, afirma, mostrando la solidaridad y la unidad de las familias de las víctimas de Senkata.
El camino hacia el juicio
Las familias de Senkata cuentan con la representación legal de abogados del Ministerio de Justicia, pero el inicio del juicio exigirá un esfuerzo adicional por parte de todos los involucrados. Jeanine Áñez, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021, ha manifestado su opinión en las redes sociales, calificando la acusación de “genocidio” como exagerada. Aunque su cuenta de Twitter sigue activa, las familias de las víctimas continúan en su búsqueda de justicia.
Conclusión
El camino hacia la justicia para las víctimas de las masacres de 2019 en Bolivia es largo y lleno de desafíos. La presentación de la acusación por genocidio representa un paso significativo, pero la lucha por la verdad y la reparación está lejos de terminar. Las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia y enfrentando obstáculos emocionales y legales en su búsqueda de cierre.
El caso de Jeanine Áñez y los demás acusados está en manos de la justicia boliviana, y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de este proceso legal. Sin embargo, una cosa es segura: las familias de las víctimas no descansarán hasta que se haga justicia en nombre de sus seres queridos.
Fuente: Sputnik
