Protesta contra un reciente acuerdo del Gobierno con EE.UU., en Ciudad de Panamá, el 29 de abril del 2025. Matias Delacroix / AP
Panamá parece estar dejando de ser ese país apacible que se mantuvo alejado de la conflictividad política las últimas décadas.
Su ubicación geográfica privilegiada que permitió la construcción del canal de Panamá, que a su vez aporta ingentes recursos a su economía, así como toda una estructura financiera paralegal que se develó en 2016 con los ‘Panamá Papers’, permitían que el país centroamericano no supiera de turbulencias sociales desde la invasión estadounidense en 1989.
Pero desde hace algún tiempo, las cosas vienen cambiando. Este lunes, un “paro indefinido” convocado por gremios como el de los maestros y la construcción, supuso un escalón más de presión sobre el gobierno, quien prefirió suspender clases y diluir algunas manifestaciones.
La diatriba pública en contra del gobierno, que viene acaeciendo ya desde hace largos meses, aumentó su ebullición a partir de la aprobación en marzo de la Ley 462, que introduce reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), y que está siendo denunciada por los manifestantes como una puerta de entrada directa a la privatización del seguro social, en medio de la concreción de un marco de ajustes económicos que está implementando el presidente panameño, José Raúl Mulino.
Mientras tanto, el país toma protagonismo geopolítico desde que, comenzando su mandato, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha movido fichas para lo que llama una “recuperación” del canal bioceánico.
Washington empeñado en el Canal
El 9 de abril, en medio de la visita a Panamá del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento que, entre otras cosas, permite a la potencia norteamericana utilizar de forma temporal bases militares en territorio panameño y mantener acciones conjuntas con su Ejército.
En medio de la retórica “antichina” por parte de Washington y las concesiones que le ha otorgado el gobierno panameño, la empresa CK Hutchison Holdings Limited, con sede en Hong Kong, accedió en febrero de este año a vender algunos de sus puertos en costas panameñas a la estadounidense BlackRock.
La tensión internacional sube sobre el canal, y en paralelo, los movimientos sociales se preparan para un escenario de confrontación.
Sin embargo, esta semana, en medio del actual contexto de tensiones comerciales, el regulador chino del mercado de valores abrió una investigación sobre el acuerdo de compra-venta por lo que la operación se ha visto pausada, y Pekín aún no ha ratificado el compromiso comercial que estaba previsto cerrarse el pasado 2 de abril.
Antes de la visita de Hegseth, el propio secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante su primera gira desde que ocupó el cargo, colocó a Panamá como el primer destino, con el claro mandato de neutralizar la “influencia” asiática sobre el canal. Por su parte, Mulino había cesado unilateralmente el acuerdo económico con China, por medio del cual este realizaba importantes inversiones relacionadas con su estratégica Ruta de la Seda.
Luego de la visita de Rubio, el jefe del Comando Sur del Ejército de EE.UU., el almirante Alvin Holsey, arribó a Panamá a finales de febrero, con el fin de “resguardar el área”. Todas estas visitas en fila están convirtiendo al país en un lugar geoestratégico al que Washington está renovando un especial interés.
El presidente panameño ha respondido a la ofensiva estadounidense diciendo que China no se entromete en los asuntos internos de su país y que los buques de EE.UU. tienen que pagar por el uso del canal, a pesar de que tanto Trump como Rubio han enarbolado como uno de los logros conseguir la gratuidad de los servicios de la vía. Sin embargo, con mucha diligencia ha accedido a varias de las demandas de la Administración Trump.
Una vez que China ha pausado el proceso comercial de venta de los puertos en Panamá, la tensión internacional sube sobre el canal, y en paralelo, los movimientos sociales se preparan para un escenario de confrontación.
Semana de movilizaciones
No solo en el plano geopolítico se agitan las aguas panameñas.
Desde 2022, los movimientos sociales panameños han tomado las calles y han hecho retroceder al gobierno en varios de sus anuncios. Ese año, una serie de protestas se intensificaron al punto de revertir el aumento del combustible que había decretado el gobierno del entonces presidente, Laurentino Cortizo. En 2023, un fallo de la Corte Suprema, luego de grandes movilizaciones ambientalistas que paralizaron sectores neurálgicos del país durante largas jornadas, derogó el contrato del gobierno con una transnacional minera.
Entonces, estas movilizaciones de abril de 2025 no son nuevas y las organizaciones sociales parecen tener el suficiente músculo para confrontar al gobierno y mantener la movilización por largos plazos, intentando neutralizar las intenciones tanto de avance del plan de ajustes como la entrega de la soberanía, que se evidenció en el mencionado memorándum de entendimiento.
Así las cosas, Panamá ahora es centro neurálgico de lucha, tanto en el espacio geopolítico como en el espacio socio-político, este último copado por los gremios activos y movilizados, que acusan recibo del impacto de las nuevas políticas sociales del gobierno de Mulino.
Por su parte, el gobierno ha profundizado su relato represivo y ha amenazado a maestros y trabajadores con despidos y eliminaciones de pago, lo que augura que habrá una mayor polarización. El gobierno necesita criminalizar a los gremios y conseguir un respaldo internacional para actuaciones más duras de contención de las protestas con el fin de no regresar a una situación de inestabilidad política como la ocurrida en años anteriores.
Pero los movimientos sociales ya han convocado una nueva manifestación para el primero de mayo y siguen demandando el retiro de la reforma a la Caja del Seguro Social. Este será el principal punto en la agenda de la movilización por el Día de los Trabajadores.
Sube el grado de tensión en Panamá. Ya no es aquel país apacible.
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Fuente: actualidad.rt.com
