La deforestación en Perú aumentó un 6% en 2022. Ucayali, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Huánuco y Junín concentran el 86% de la pérdida de bosques amazónicos.
La pérdida de 146,575 hectáreas equivale a perder 11 veces el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más grandes de Lima, o 29,315 veces el área del Estadio Nacional.
Así lo informa el último documento oficial del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam) publicado recientemente en el portal Geobosques.
Durante 2022 se perdieron más de 3 000 hectáreas de cobertura forestal en superficies de bosques mayores a 500 ha debido a la agricultura de gran escala.
Esa agricultura está especialmente relacionada al aumento de los cultivos industriales de palma aceitera y a la proliferación de las áreas de cultivo de grupos religiosos.
Cifras por región
Ucayali lidera en la pérdida de bosque amazónico con 35,464 hectáreas, seguida por Loreto (26,469 ha), Madre de Dios (24,485 ha), San Martín (17,764 ha), Huánuco (15,616 ha) y Junín (7,895 ha).
Esas regiones representan, en conjunto, el 86 % de la deforestación en la Amazonía en 2022.
Además, las cifras revelan que Amazonas, San Martín y Loreto experimentaron un aumento significativo en la deforestación respecto al año anterior: 49 %, 36 % y 33 % respectivamente.
Esto coincide con la expansión de actividades ilícitas como minería ilegal, tráfico de tierras, cultivos ilícitos de coca y narcotráfico en estas áreas.
El director de Unidos por los Bosques de FCDS Perú, Mariano Castro, enfatizó que el deficiente desempeño del país en la protección de los bosques requiere una revisión de las políticas y acciones por parte de los ministerios y gobiernos regionales, involucrando a organizaciones sociales y productivas.
Agricultura en pequeña escala
Fernando Regal, ingeniero forestal y especialista técnico de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) recalca la necesidad de mejorar las prácticas de pequeños los agricultores.
Para combatir la deforestación de manera efectiva, se requiere una coordinación intersectorial en las estrategias y políticas públicas ofreciendo asesoramiento técnico, financiero y seguimiento a los pequeños agricultores para mejorar sus prácticas.
Según Regal, es responsabilidad del Estado peruano intervenir para mejorar la asistencia técnica, la cual debe estar orientada a aumentar la productividad en la producción agrícola.
Esto implica mejorar los rendimientos y perfeccionar las prácticas agrícolas, dando prioridad a las mejoras en las prácticas de cultivo.
Además, es crucial contar con asesoría financiera para disponer de más recursos destinados a emplear técnicas de riego y fertilización que mantengan la producción agrícola.
Según Fernando Regal “se requiere enriquecer la calidad del suelo para asegurar su capacidad productiva a largo plazo, así como implementar nuevas técnicas agroforestales que permitan diversificar la producción, incluyendo cultivos como café, cacao y especies maderables”.
En ese sentido, la economía familiar vinculada a la agricultura enfrenta amenazas debido a actividades ilícitas como la deforestación, la contaminación ambiental y la explotación de recursos naturales.
Estas actividades incluyen el cultivo ilícito de coca, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la minería ilegal.
Las prácticas ilícitas representan una grave amenaza para el ambiente y la estabilidad económica de las familias dedicadas a la agricultura, comenta Regal.
“Por ello, el respaldo integral, tanto técnico como financiero, podría ser una manera de evitar que la agricultura familiar se vea arrastrada hacia economías ilícitas.
Obviamente, esto requiere un esfuerzo conjunto del Estado especialmente en las zonas fronterizas.
La mejora en la productividad para las familias que dependen de los recursos del bosque debe ir de la mano con la presencia del Estado para brindar seguridad y protección”, concluye el especialista.
Fuente: servindi.org
