El Tribunal Regional Electoral (TRE) del sureño estado de Paraná retomará hoy el juicio contra el exjuez, exministro y senador brasileño Sérgio Moro, acusado de abuso de poder económico y recaudación, y gastos electorales ilícitos.
El magistrado Luciano Carrasco, ponente de dos acciones en el TRE que piden la casación de Moro, rechazó el lunes, en el primer análisis, los pretextos para la pérdida del mandato.
Carrasco no está de acuerdo con las alegaciones de que el congresista incurrió en un gasto excesivo durante el período anterior a la campaña de 2022.
El relator dio su parecer en contra de la invalidación e inelegibilidad de la fórmula del exjuez, victoriosa ese año.
Su voto difiere de la opinión del fiscal regional electoral Marcelo Godoy, quien recomendó la casación del otrora ministro de Justicia y el primer suplente de la placa mayoritaria.
Godoy reconoció, en opinión leída, la práctica de abuso de poder económico practicado por el entonces candidato durante la precampaña a la Presidencia.
Después de más de dos horas de lectura del voto, el juez José Rodrigo Sade, indicado en febrero por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para el cargo y próximo a votar, pidió vista, que es más tiempo para analizar el caso, por eso el juicio se reanudará este miércoles.
El TRE de Paraná juzga dos acciones, una del Partido de los Trabajadores y otra del Liberal, que piden la anulación del senador por abuso de poder económico en la elección de 2022.
Se le acusa de incurrir en un gasto excesivo todavía en el período de la precampaña, cuando las candidaturas no eran oficializadas.
En octubre, el exmagistrado fue elegido senador con casi dos millones de votos y niega haber cometido irregularidades. Si es condenado, todavía puede recurrir al Tribunal Superior Electoral. En caso de que pierda el mandato, será inelegible hasta 2030.
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la desarticulada operación judicial Lava Jato.
Sin pruebas, sancionó a Lula en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuesto actos de corrupción.
Con sus maniobras impidió, además, con la colaboración de generales y jueces, la candidatura del exdirigente obrero cuando era favorito para imponerse en las elecciones presidenciales de 2018 que ganó el político ultraderechista Jair Bolsonaro.
Luego desistió al cargo de juez y ese mismo año fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro. Más tarde dejó el puesto después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
Fuente: prensa-latina.cu
