Escudo de las Américas: ¿cuál es el compromiso?

El “Escudo de las Américas” es una iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Por su composición más parece un club ideológico de países con gobiernos de derecha y ultraderecha alineados con Donald Trump.

Países con autoestima nacional y capacidad de iniciativa propia internacional como México y Brasil se encuentran ajenos al Escudo de las Américas.

Los países miembros se distinguen por aceptar someterse a la influencia de Donald Trump para favorecer su aceso a minerales estratégicos, tierras raras y otros recursos como el agua. Otro propósito esencial es contrarrestar la influencia de China, su gran competidor, en la región.

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El gobierno de Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá –quién trabajó 15 años en la embajada de EE. UU. en Perú– se han mostrado solícitos y serviles a las pretensiones norteamericanas.

Un claro ejemplo de esto es la ruptura de relaciones exteriores con Irán, país con el cual Perú carecía de relaciones políticas ni económicas, pero que significó un gesto de obsecuencia contra una nación que viene propinando serios castigos a EE. UU. en su defensa del control del estrecho de Ormuz

Académicos latinoamericanos como el argentino Sebastián Schultz advierten que el “Escudo” amenaza la paz y la autonomía de la región, impidiendo que los países forjen sus propias agendas de seguridad.

Schultz considera que la alianza busca “blindar” a la región de influencias externas, pero termina por “encadenarla” a los intereses de Washington (Ver artículo publicado por la agencia Xinhua).

El analista Alberto Maresca sostiene que el “Escudo de las Américas” se asemeja más a un “club político” que a un mecanismo integral de seguridad.

La iniciativa podría ser “menos un mecanismo de seguridad que una especie de franquicia política: un vehículo para exportar hacia el sur una marca de política conservadora” afirmó en el diario La Patria, de Bolivia.

El objetivo de fondo de Estados Unidos es desplazar a China del control de las cadenas de suministro de minerales críticos, esenciales para la transición energética, la industria de defensa y la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) como podemos apreciar en el siguiente gráfico.

Como se puede apreciar el “Escudo de las Américas” no es solo una alianza de seguridad. Es un mecanismo de reorganización geopolítica que busca garantizar el acceso preferencial de las corporaciones estadounidenses a los minerales críticos, el agua y la energía de América Latina, en un contexto de competencia estratégica con China.

Como advierten los críticos, se trata de una nueva versión de la Doctrina Monroe, donde los recursos naturales de la región quedan subordinados a los intereses de Washington.

Miembros de la bancada de Ahora Nación como Ruth Luque y Mirtha Vásquez, han exigido conocer las condiciones específicas y concretas que estaría asumiendo el Perú sin que la representación nacional tenga conocimiento.

Para esta finalidad dieron batalla y luego de un intenso debate, el Pleno del Senado de la República aprobó citar al Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá, para el miércoles 16 de setiembre a las 3 p. m. para explicar las condiciones de incorporación del Perú al “Escudo de las Américas”.

La citación es en respuesta a una moción de orden del día presentada por la senadora Ruth Luque para que el Canciller Espá explique los compromisos que involucra esta incorporación y cuales serían sus efectos sobre la soberanía y la defensa nacional.

Es oportuno recordar que el gobierno de Donald Trump ha venido menoscabando de manera grosera los derechos hemanos en su propio país y la soberanía de otros países de la región.

Por ejemplo, la campaña Lanza del Sur dejó más de 200 pescadores fallecidos en el Pacífico como parte de una supuesta lucha antinarcóticos. Las personas asesinadas no fueron identificadas, no recibieron un juicio y sus embarcaciones fueron bombardeadas a pesar de encontrarse fuera de la jurisdicción estadounidense. 

La ONU calificó estas acciones como posibles “asesinatos extrajudiciales” porque no se trata de actos de legítima defensa ni de conflictos armados reconocidos, y no se han presentado pruebas de que los objetivos estuvieran vinculados al narcotráfico. 

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa mediante una operación militar a gran escala contra Venezuela que se calcula dejaron más de 100 muertos, incluidos civiles.

En agosto de 2026 se creó el “Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental” que actúa como brazo operativo del “Escudo”. Esta faceta es criticada por dar a EE. UU. un “nuevo pretexto” para intervenir en asuntos internos de otros países.

Ahora bien, las violaciones no se limitan a otros países sino que también se producen dentro de Estados Unidos. Este es el caso de las detenciones en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Más de 3,800 niños, incluidos 500 menores de cinco años, fueron detenidos en instalaciones de ICE desde enero de 2025. El promedio diario de niños detenidos aumentó un 680 por ciento, pasando de 25 durante la administración Biden a 170 bajo el gobierno de Trump.

Los niños son alojados en celdas superpobladas con temperatura inadecuada, se les proporciona comida y agua contaminadas, y tienen acceso limitado o nulo a educación y atención médica. Más de 1,000 niños han permanecido detenidos más allá del máximo legal de 20 días.

Además, en los primeros siete meses de 2025, aproximadamente 18,400 padres fueron arrestados, afectando a entre 27,000 y 32,000 niños, de los cuales al menos 12,000 son ciudadanos estadounidenses. Se han documentado casos de bebés separados de sus madres lactantes sin posibilidad de reunificación.

Estos hechos que debemos tener presente cuando se pretende otorgar facultades a EE. UU. para fungir de “sheriff” de la región latinoamericana e intentar cimentar sus propios intereses estratégicos.

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