El Tribunal Superior de Justicia británico en Londres suspendió la extradición de Julian Assange hasta que Estados Unidos brinde garantías de que Assange tendrá un juicio justo en ese país y que no enfrentará la pena de muerte.
Si no se garantizan esas condiciones, Assange –fundador de WikiLeaks– tendrá derecho a apelar su extradición a EE. UU. en una nueva audiencia.
Las autoridades de EE. UU. sostienen que Assange puso vidas en riesgo al publicar documentos militares secretos y durante años han estado buscando su extradición por cargos de espionaje y jaqueo de información.
En una audiencia de dos días el mes pasado, Assange pidió permiso para apelar la aprobación de su extradición por parte del Reino Unido en 2022, argumentando que el caso en su contra tenía motivaciones políticas y que no enfrentaría un juicio justo.
Vergonzoso caso
Hablando fuera del tribunal el martes, Stella Assange pidió al Gobierno de Biden que “abandone este vergonzoso caso” contra su esposo. “Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día”, agregó.
El parlamentario británico Jeremy Corbyn dijo: “Si Julian pierde este caso, todos los periodistas serios del mundo serán un poco más cautelosos a la hora de exponer crímenes de guerra, de exponer la codicia corporativa”.
Corbyn dirigió el Partido Laborista del Reino Unido de 2015 a 2020 y es uno de los dirigentes políticos que reclama que se retiren todos los cargos contra Assange.
En diálogo con Democracy Now expresó que “la presión debe hacerse ahora sobre el Gobierno de Biden”.
Cabe recordar que en noviembre de 2022, cinco importantes periódicos que colaboraron con WikiLeaks, publicaron una carta conjunta en la que piden cesar la persecución judicial y retirar los cargos contra Assange.
Los influyentes diarios que suscribieron la carta fueron: The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel.
En ella expresan: “Recabar y difundir información sensible cuando es necesario para el interés de la población es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Si ese trabajo se criminaliza, el debate público y nuestras democracias se debilitan de manera significativa”.
Fuente: servindi.org
